La trata de personas con fines laborales en la Argentina

Fuente: Grupo Roberto Carri – EL LADO OCULTO DE LA FAMIGLIA MACRÌ

 

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En nuestro país las víctimas de la trata provienen en su mayoría de países limítrofes, como Bolivia, Paraguay y Perú, y también de distintas regiones de la Argentina; la explotación laboral y la sexual son las actividades principales. En la explotación laboral se destacan el trabajo rural, los talleres textiles y, en menor medida, el comercio y la construcción. En muchos casos, estas actividades se relacionan directa o indirectamente con el poder político.

Por el lado de la explotación sexual encontramos que la mayoría de las víctimas son mujeres, destacándose la problemática de género. También es importante resaltar que al interior del trabajo forzoso muchas de las víctimas son menores de edad, vulnerando el derecho
de los niños y la prohibición del trabajo infantil.


Si bien desde principios del siglo xx en nuestro país se encuentra tipificado el delito de reducción a la servidumbre, nunca se investigó profundamente ni se condenó. Existen abundantes testimonios que dan cuenta de que el trabajo forzoso era muy frecuente en grandes estancias, ingenios azucareros, campos de yerba mate y otras unidades productivas de gran importancia hasta mediados del siglo xx, cuando el primer gobierno peronista comenzó a exigir el cumplimiento de la legislación laboral.
El cambio más significativo se plasmó con la sanción del Estatuto del Peón de Campo (Decreto-Ley 28.160/44). Hasta el momento no se había promulgado una normativa tan importante en materia laboral agraria que considerara aspectos indispensables para el desarrollo de la actividad. ( La sanción del Estatuto del Peón generó que los sectores de la oligarquía terrateniente argentina vinculados a la economía agroexportadora pusieran el grito en el cielo ante este “atropello” que otorgaba derechos a peones rurales que trabajaban jornadas extensas por un sueldo muy bajo y en condiciones paupérrimas.)
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo xx se mantuvieron algunas conductas abusivas por parte de intermediarios o “enganchadores” que traficaban con los sectores más vulnerables. Esto se verifica especialmente en los cultivos de exportación, donde aparecen algunas grandes empresas, locales o extranjeras, que subcontratan mano de obra violando la legislación vigente. Incluso en 1980, durante la última dictadura cívico-militar, se derogó el Estatuto del Peón mediante la ley de facto 22.248 y se aprobó el nuevo Régimen Nacional del Trabajo Agrario. A través de esta normativa se excluye a los trabajadores rurales de las previsiones presentes en la Ley de Contrato de Trabajo (lct), además de no asegurarles el derecho a huelga, no regular límites de horas extras, ni establecer el estado de excedencia para mujeres embarazadas. En resumidas cuentas, la ley de trabajo agrario sancionada por la dictadura coloca al trabajador rural en lugar de inferioridad total frente al empleador.
Recién en los albores del siglo xxi, y frente a las urgencias que presentaba el sector agropecuario, se sancionó el Nuevo Régimen de
Trabajo Agrario (Ley 26.727) con el objetivo de combatir los casos de informalidad laboral y el abuso en las formas de contratación del
sector. Es decir, se actualiza la legislación con una norma que aborda la trata de personas con fines laborales, crea un registro público
de la mano de obra rural –el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA)– y una Procuraduría especializada
en la trata de personas. Asimismo, hacia finales de la primera década del siglo xxi se avanza en el procesamiento judicial de algunos
empresarios e intermediarios laborales. A partir de los gobiernos de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y en la Nación se produce un aflojamiento de los controles sobre el trabajo forzoso y la trata de personas con fines laborales, que provoca un fuerte retroceso en
materia laboral.
Otra actividad crítica en lo que respecta al trabajo precario y la explotación laboral en la Argentina es la industria textil. Históricamente la actividad textil se caracterizó por tener condiciones de trabajo precarias; sin embargo, durante los últimos 25 años esta situación se
profundizó en forma notoria. Comenzaron a proliferar los “talleres clandestinos” a través de los cuales las grandes marcas tercerizan su
producción para abaratar costos y se desligan de la responsabilidad y seguridad laboral de los trabajadores.
Con independencia del destino de las prendas confeccionadas (tiendas de primeras marcas, shoppings, ferias informales, etcétera), el papel que cumplen los talleres clandestinos en la cadena productiva es central. Dado que se vinculan (directa o indirectamente) a las grandes marcas como a los fabricantes cuya producción se comercializa por medio de bajos precios y baja calidad. Paralelamente, la contratación de talleres clandestinos implica una diferencia económica significativa: el costo de trabajar con talleres en condiciones de legalidad representa alrededor del 50% más del precio pagado a los talleres clandestinos (Lieutier, 2010). En su mayoría, los trabajadores son inmigrantes de países limítrofes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o que, incluso, fueron traídos al país con la promesa de trabajo y luego son confinados a los talleres clandestinos, donde prácticamente están secuestrados porque les retienen su documentación y no les permiten salir.

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