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Por José Pepe Sbatella

Acusaciones y fundamentos

Al 25 de octubre de 2026, existen distintos proyectos presentados en la Cámara de Diputados para promover el juicio político al presidente Javier Milei. Las iniciativas invocan principalmente mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y la posible comisión de delitos, pero reúnen acusaciones diferentes y no todas tienen el mismo estado de tramitación.

Es importante distinguir tres cosas: una denuncia o acusación política, una investigación judicial y una responsabilidad probada. La presentación de un pedido de juicio político no demuestra por sí sola que se haya cometido un delito.
1. Principales acusaciones planteadas
2. Caso $LIBRA: presunta promoción de una operatoria financiera fraudulenta
Se cuestiona que Milei promocionara públicamente el criptoactivo $LIBRA el 14 de febrero de 2025 y que esa intervención presidencial pudiera haber contribuido a atraer inversores antes del desplome de su cotización.

Los pedidos incorporaron alegaciones sobre vínculos con los promotores, comunicaciones y posibles pagos. Se invocaron hipótesis de estafa, fraude, cohecho, tráfico de influencias y malversación de la investidura presidencial. Son acusaciones que requieren evaluación judicial y parlamentaria.
1. ANDIS: presuntas irregularidades y coimas
Se incluyeron cuestionamientos vinculados con las presuntas coimas y otras irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, así como la eventual responsabilidad política del Poder Ejecutivo.
La acusación exige determinar qué funcionarios intervinieron, qué conocimiento o participación se atribuye al Presidente y qué pruebas respaldan esa vinculación. No debe confundirse una denuncia contra funcionarios con responsabilidad penal demostrada de Milei.

1. Discapacidad: incumplimiento de leyes y decisiones judiciales
Los proyectos cuestionan el desfinanciamiento del sistema de discapacidad, la suspensión de pensiones no contributivas, la falta de pago a prestadores, las interrupciones de tratamientos y el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Los promotores sostienen que esas decisiones podrían configurar mal desempeño e incumplimientos de normas nacionales, tratados internacionales y sentencias judiciales.

1. Política exterior y defensa: subordinación y compromisos militares
Algunas iniciativas cuestionan el alineamiento con Estados Unidos e Israel, declaraciones presidenciales sobre conflictos armados y la firma de acuerdos o compromisos militares que, según los denunciantes, no podrían haberse realizado sin autorización del Congreso.
También objetan determinadas posiciones argentinas en organismos internacionales. El núcleo jurídico consiste en establecer si hubo violaciones constitucionales o incumplimiento de atribuciones del Congreso, más allá de las diferencias políticas sobre la orientación diplomática.

1. Universidades, ciencia y otras obligaciones legales
Los proyectos también incorporaron cuestionamientos por el supuesto incumplimiento de la legislación universitaria y de discapacidad, el desfinanciamiento de políticas públicas y otras decisiones del Ejecutivo.
Para que estos hechos sustenten un juicio político, no basta con que una política sea controvertida: los denunciantes deben fundamentar por qué constituye mal desempeño o una infracción jurídicamente relevante.

1. Incendios en la Patagonia y fentanilo contaminado
Ambos asuntos fueron mencionados por diputados del Frente de Izquierda entre los motivos para promover el juicio político.
En estos casos, el planteo es de responsabilidad por la actuación u omisión estatal. Para atribuir responsabilidad al Presidente habría que precisar las decisiones u omisiones concretas, sus competencias y la evidencia que las vincula con los hechos.

1. Mal desempeño general y presuntas violaciones constitucionales
Algunas presentaciones reúnen diferentes episodios bajo una imputación más amplia de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de la función presidencial.
La Cámara de Diputados registra nuevas iniciativas durante 2026. Por ejemplo, el expediente 5387-D-2026, presentado por Mónica Frade el 8 de octubre, solicita promover juicio político por mal desempeño. La ficha pública del expediente no detalla por sí sola todos sus fundamentos.

1. ¿Quiénes presentaron los pedidos?
Entre los impulsores identificados en las fuentes consultadas figuran:
Unión por la Patria: presentó pedidos vinculados con el caso $LIBRA en febrero de 2025 y promovió ampliaciones posteriores.
Frente de Izquierda: Néstor Pitrola y Romina Del Plá impulsaron iniciativas que incorporan $LIBRA, ANDIS, discapacidad, universidades, incendios y fentanilo.
Juan Marino y Pablo Todero: presentaron ampliaciones relacionadas con discapacidad, $LIBRA y política exterior.
Marcela Pagano: presentó nuevos pedidos en 2026; uno de ellos, el expediente 3586-D-2026, fue ingresado el 30 de julio.
Mónica Frade: presentó el expediente 5387-D-2026 el 8 de octubre.

La lista no implica que cada legislador haya sostenido todas las acusaciones ni que todos los expedientes se encuentren en la misma etapa.
1. ¿Qué se necesita para que avance el juicio político?
La Constitución Nacional establece un procedimiento específico:
Presentación y análisis en Diputados. La Comisión de Juicio Político examina los antecedentes y puede investigar los hechos.
Acusación de la Cámara de Diputados. Se necesita el voto de dos tercios de los miembros presentes para formular la acusación ante el Senado.
Juicio en el Senado. El Senado juzga al funcionario y requiere dos tercios de los miembros presentes para declararlo culpable.
Consecuencia. La decisión puede implicar destitución y, eventualmente, inhabilitación para ocupar empleos de honor, confianza o sueldo en la Nación. El juicio político no sustituye al proceso penal.

1. Balance de situación
Lo comprobable es que existen múltiples pedidos y ampliaciones, con fundamentos que van desde presuntas irregularidades financieras hasta cuestionamientos institucionales, sociales y de política exterior. Eso no significa que el Congreso haya aprobado una acusación formal ni que Milei haya sido declarado responsable.

Juicio a la Corte

En la Argentina se han presentado pedidos de juicio político contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto contra el conjunto del tribunal como contra jueces en particular. Hay que distinguir los expedientes históricos de los que continúan activos y de aquellos que llegaron a tener dictamen en la Cámara de Diputados.
1. Principales acusaciones contra la Corte Suprema
El antecedente más importante reciente fue el proceso impulsado en 2023 por el entonces oficialismo de Alberto Fernández. La Comisión de Juicio Político de Diputados emitió dictámenes acusatorios contra los cuatro jueces que integraban entonces la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Las acusaciones se organizaron en cuatro grandes ejes:

1. Fallo del “2×1” en causas de lesa humanidad
Se cuestionó la aplicación del cómputo de pena conocido como “2×1” a una persona condenada por delitos de lesa humanidad. Los impulsores del juicio político sostuvieron que la decisión favorecía la impunidad por crímenes de la última dictadura.

1. Consejo de la Magistratura
Se objetó el fallo que declaró inconstitucional la composición del Consejo establecida por la ley de 2006 y dispuso recuperar una integración anterior. La acusación política planteó una posible invasión de atribuciones del Congreso.

1. Coparticipación federal
Se cuestionó la decisión judicial que ordenó aumentar los fondos coparticipables destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por considerar sus impulsores que afectaba atribuciones de los otros poderes y el federalismo fiscal.

1. Obra social del Poder Judicial
Se denunciaron presuntas irregularidades administrativas y de gestión en la obra social judicial, un asunto especialmente vinculado a la actuación de Juan Carlos Maqueda en ese ámbito.
Estas fueron acusaciones de los promotores del proceso, no una declaración judicial de culpabilidad. La Cámara de Diputados publicó la emisión de los dictámenes el 28 de noviembre de 2023.

1. ¿Hay pedidos más recientes, en 2026?
Sí. La información publicada indica que el debate volvió a activarse en la Comisión de Juicio Político durante 2026.
Juicio político a los tres jueces actuales: el 2 de octubre de 2026 se informó de un pedido presentado por el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, vinculado con una decisión de la Corte sobre la Ley de Tierras. Los impulsores cuestionaron sus consecuencias para la soberanía territorial y los recursos naturales.

Reactivación de las acusaciones contra los cuatro jueces: en junio y julio de 2026 se informó sobre la admisibilidad de expedientes acumulados y la apertura de una etapa de investigación parlamentaria.

Pedido individual contra Lorenzetti: en octubre de 2024, la Coalición Cívica había presentado otro proyecto por presunto mal desempeño y eventuales delitos, entre otros motivos por supuestas reuniones vinculadas con la candidatura de Ariel Lijo a la Corte.

1. ¿Qué significa que un pedido haya sido presentado?
No equivale a la destitución de un juez. El procedimiento constitucional exige:
Que la Cámara de Diputados investigue las acusaciones y, si corresponde, formule la acusación con el voto de dos tercios de los miembros presentes.
Que el Senado realice el juicio político.
Que para condenar y destituir se alcance también una mayoría de dos tercios de los senadores presentes.

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