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Fuene: https://elhistoriador.com.ar/   Por Felipe Pigna

La Década Infame

Fue una período etapa de la historia de la Argentina que empezó el 6 de septiembre de 1930 cuando fue derrocado Hipólito Yrigoyen, por el general José Félix Uriburu, el 6 de Septiembre de 1930.

El nombre le fue dado por el periodista nacionalista José Luis Torres,​ y ha sido ampliamente utilizado para denominar al período en la historiografía cercana tanto al radicalismo,​ como al peronismo,​ y el socialismo.​ La etapa también ha sido denominada como «restauración neoconservadora»,​, período de «restauración política” o «restauración conservadora”, «segunda república conservadora”​

El golpe de estado del general José Félix Uriburu, perpetrado el 6 de septiembre de 1930, inauguró un período de trece años en el que ocuparon la presidencia, gracias al fraude electoral, el general Agustín P. Justo, el radical alvearista Roberto Marcelino Ortiz y el conservador Castillo.

Esta etapa de nuestra historia, conocida popularmente como «la década infame», se caracterizó por la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados.

La intervención del Estado en la economía se limitó durante este período de profunda crisis económica y social, a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos, desentendiéndose del hambre, la desocupación y la miseria que soportaban un alto porcentaje de las familias argentinas.

Este manejo discrecional de los presupuestos por parte del gobierno, fomentó la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de esta década infame.

La mayoría de los negociados tenían su origen en el gobierno y sus funcionarios.

Uno de los más famosos fue el de las carnes, denunciado en el Congreso, a mediados de 1935 por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafecino denunció por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo: Federico Pinedo, de Economía, y Luis Dahau, de Hacienda, en las que se establecía claramente el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba, mientras que los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de inspectores impositivos.

De la Torre, recibió de militantes sindicales del gremio de la carne la información precisa de que en un barco inglés anclado en el puerto, el Norman Star, el frigorífico Anglo ocultaba información contable en cajas de «cornead beef» selladas por el ministerio de Hacienda, lo que probaba sobradamente la complicidad del ministro Dahau y demostraba hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman.

Las denuncias hicieron evidentes las conexiones del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador, colaborador muy cercano del ministro Dahau, Ramón Valdéz Cora, atentó contra la vida de De la Torre, y mató a su amigo y compañero de bancada Enzo Bordabehere. Se dio por terminado el debate.

Pero los escándalos continuaban involucrando a políticos y funcionarios, como en el caso de la Compañía Argentina de Electricidad, la empresa eléctrica que abastecía de electricidad a la Capital Federal y allá por 1936 debía renegociar la concesión del servicio y prorrogar hasta 1997 la exclusividad de la provisión del servicio eléctrico.

La decisión quedaba en manos del Concejo Deliberante porteño, compuesto en un alto porcentaje por radicales, que habían vuelto a la participación política tras el levantamiento de la abstención electoral por parte de su líder, Marcelo T. de Alvear, en 1935. Las otras bancadas importantes eran la socialista y la de los liberales-conservadores, nucleados bajo el curioso nombre de «socialistas independientes».

A partir de 1933 la empresa de capitales belgas, subsidiaria de la multinacional SOFINA, que se había transformado en una sociedad anónima argentina para evadir impuestos, comenzó a hacer lobby y a sobornar a distintos concejales de diferentes bancadas y comprar, vía avisos publicitarios, la opinión de la mayoría de la prensa porteña.

Finalmente, en 1936 el grupo empresario presentó ante el Concejo Deliberante el pedido de extensión de la concesión en el tiempo y en el espacio, ya que pretendía ampliar su área de influencia al Gran Buenos Aires. «Generosamente», ofreció a cambio una rebaja en la tarifa domiciliaria y un aumento del costo del servicio para comercios e industrias.

Su urgencia por la aprobación la llevó a contactar en septiembre de 1936 al doctor Alvear, que se encontraba en Europa. Altos funcionarios de la firma se reunieron con Don Marcelo con el objetivo de que telegrafiara a sus correligionarios ordenándoles que apoyaran el proyecto de la CADE.

Alvear se tomó su tiempo. Le llegaron las informaciones de la indignación de la gente ante la casi segura firma del nuevo contrato. Pero al regresar al Buenos Aires emitió un documento partidario donde comentaba que «cuando la labor de los funcionarios está interrumpida por la opinión pública, estamos entrando en la demagogia. Los concejales deben actuar con todo libertad, de acuerdo a su conciencia». Y los concejales actuaron votando favorablemente la ampliación de la concesión.

Sus colegas socialistas independientes hicieron lo mismo, urgidos por su máximo líder, el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, antiguo consejero jurídico y técnico de la empresa eléctrica, quien en una reunión de bloques les dijo muy claramente:

«Hay que arreglar el problema porque el gobierno necesita de CADE para arreglar sus problemas financieros. En estos días nos han prestado siete millones de pesos, y no es posible que el gobierno, que no ha podido colocar un empréstito, pueda ponerse a joder con una empresa que tanto le sirve».

El 29 de octubre de 1936 con los votos radicales, conservadores y socialistas independientes, el Concejo Deliberante de Buenos Aires promulgó la ordenanza 8.029 otorgando a la CADE una nueva concesión hasta el año 1997, que por distintos avatares políticos no llegaría a cumplirse, pero que rigió por décadas. El 30 de octubre de aquel año 36 llegó desde Bruselas un telegrama dirigido a los directivos locales de la empresa que decía:

«Muy emocionados, os envío a todos, de todo corazón, felicitaciones por el resultado obtenido y mis mejores deseos para 1937. Firmado: Heineman, director de SOFINA».

 

Otro escándalo de tintes pintorescos que conmovió a la época fue el de los niños cantores de la Lotería Nacional. Todo comenzó una tarde de junio de 1942, cuando un grupo de niños cantores se reunió en el Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. Allí, uno de ellos comentó que conocía a un oficial tornero, que podría fabricar una bolilla de madera idéntica a la utilizada en los sorteos oficiales de la lotería que podría ser cambiada por ellos en el momento del sorteo para obtener el premio mayor. El resto de los compañeros se mostraron interesados en la idea y el proyecto se concretó durante el sorteo del 24 de julio de 1942, cuando salió el número 31.025 beneficiado con la suma de 300.000 pesos, comprado por los «niños cantores». Pero la indiscreción de algunos de ellos, que comentaron a novias a amigos su plan, los llevó a la perdición, porque no fueron los únicos beneficiarios y comenzó a correrse la bolilla por todo el país, al punto tal que, al día siguiente, el diario Crítica publicó como título catástrofe la noticia: «El 025, número anticipado desde ayer, salió con la grande».

La cámara de diputados, ante la sospecha de que los «niños» no estaban solos formó una comisión presidida por el Dr. Rodríguez Arraya, para investigar a la Lotería Nacional. La comisión solicitó y obtuvo la interpelación de ministros y funcionarios y demostró graves irregularidades en el funcionamiento del organismo oficial que iban desde el uso de bolillas de distinto peso a maniobras con los billetes ganadores no cobrados en término por sus beneficiarios. También se demostró que entre la larga lista de compradores del 31.025 había jueces, concejales y ex ministros. De todas maneras, los únicos sancionados fueron los niños cantores que recibieron penas de tres a cuatro años y los casuales compradores del 31.025, que seguían ese número por pálpito o costumbre, que se quedaron sin cobrar su premio porque el sorteo fue anulado.

Pero quizás el negociado que trajo consecuencias políticas más graves fue el de la venta de las tierras del Palomar vecinas al Colegio Militar.

En mayo de 1934, la señora María Antonia Pereyra Iraola de Herrera Vegas y su hermana María Luisa intentaron infructuosamente venderle al estado un campo de 23 hectáreas en el Palomar, por entender que podría ser de interés del Ministerio de Guerra para ampliar las instalaciones del Colegio Militar. La operación no se concretó porque las damas pedían un peso por metro cuadrado y los peritos oficiales dictaminaron que no debía pagarse más de 19 centavos. Fracasada la operación, en septiembre de 1937, las señoras retiran su terreno de la venta y se lo comunican al Director General de Ingenieros, general Juan Bautista Molina. A los pocos días, el 22 de septiembre de ese año las propietarias firman un contrato privado de compraventa con el señor Néstor Luis Casás, por el cual le vendían el campo a 0,65 pesos el metro cuadrado, estableciéndose un plazo de 120 días para concretar la escrituración.

Ese mismo día el señor Casás se presentó por intermedio de su apoderado, el señor Jacinto Baldaserre Torres, a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, ofreciendo en venta el campo a 1,10 pesos el metro cuadrado. La comisión llamó a los generales Molina y Pretiñe, quienes, sin conocer el precio pedido, aconsejan la compra hasta un valor máximo de 1,10 pesos el metro cuadrado. El 11 de enero de 1939 el presidente Ortiz firma el decreto 21.683 autorizando la compra al valor indicado.

Baldaserre obtuvo además un permiso especial del Ministerio de Guerra para que la operación se hiciera en forma simultánea y en tres pasos sucesivos. El 24 de abril se produjo el negocio en La Plata: En primer lugar, el gerente del Banco Nación, sucursal La Plata, declaró cancelada la hipoteca que gravaba la propiedad de las señoras Herreras Vega. A continuación las señoras vendieron el campo de El Palomar a Néstor Luis Casás en la suma de 1.450.000 pesos y finalmente Casás le vendió al gobierno nacional el mismo terreno en la suma de 2.450.000 pesos. El pago se hizo en orden inverso a la firma de las escrituras, de manera tal que el gobierno pagó en primer término a Casás; Casás, a las damas, y éstas cancelaron su hipoteca de 723.000 pesos al Banco Nación. En síntesis, Casás ganó un millón de pesos sin poner un centavo. ¿Cómo fue esto posible? Eso se preguntó el senador Benjamín Villafañe y creó una comisión investigadora. Se demostró que, a poco de concretarse la compra y mientras se ampliaran las instalaciones del Colegio Militar, se dieron en arriendo a un tambero vasco que pagó 40 pesos la hectárea. Villafañe indignado declaró en plena sesión: «Se compró a 11.000 pesos para arrendar a 40. ¿Estos son los negocios que hace el Estado?» Poco después se pudo determinar que de aquel millón de pesos, Casás debió repartir casi la mitad en sobornos a funcionarios que iban desde el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Kaiser, al general Alonso Baldrich, pasando por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Uno de los diputados implicados y descubiertos, el radical Víctor Guillot, decidió suicidarse dejando previamente su parte del soborno a una amante. El escándalo sacudió al gobierno en general y al propio presidente Ortiz, firmante del decreto, quien presentó su renuncia.

Los principales acusados fueron condenados a siete años de prisión, pero lograron huir al Uruguay. Sólo cumplieron prisión algunos diputados que recibieron los sobornos menos significativos.

El senador Villafañe fue aclamado por sus compañeros decentes, quienes le brindaron una cena en su honor. A la hora de los agradecimientos y discursos dijo Villafañe: «En el mismo caso del Palomar hemos visto que la acusación y la sanción moral de la asamblea sólo han alcanzado a los chicos, y respecto de los grandes se ha cumplido al pie de la letra lo que dice el verso de

Martín Fierro:

«La ley es tela de araña,
En mi inorancia lo explico;
No la tema el hombre rico,
Nunca la tema el que mande
Pues la ruempe el bicho grande
Y solo enrieda a los chicos.»

 

Pacto Roca – Runciman –
El debate de las carnes en la década de 1930

1° de mayo de 1933

 

“La industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces la deja hacer y otras la protege directamente.” Así comenzó el senador Lisandro de la Torre su acusación contra el gobierno y los grupos económicos en la tarde del 18 de junio de 1935.
Dos años antes, el 1° de mayo de 1933 el gobierno argentino había firmado con Inglaterra el tratado  Roca-Runciman para garantizar la exportación de una cuota de carne en condiciones lamentables ante las medidas restrictivas tomadas por Gran Bretaña. Ésta en 1932 se había reunido en Ottawa, Canadá, con sus colonias y ex colonias para reorganizar su comercio exterior y había decido adquirir en Canadá, Australia y Nueva Zelanda los productos que antes compraba a la Argentina.

En los sectores ganaderos exportadores argentinos hubo un gran desconcierto: la metrópolis los había abandonado. El presidente Agustín P. Justo, parte integrante del movimiento golpista que depuso al presidente constitucional de Hipólito Yrigoyen y un fiel representante de los sectores ganaderos exportadores envió a Londres al vicepresidente Julio A. Roca (hijo) para llegar a un acuerdo. Éste adujo sin ruborizarse que la Argentina era, desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico. Otro miembro de la delegación sostuvo a su turno que «la Argentina es una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad».

El resultado fue la firma de un acuerdo con el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman, conocido como “pacto Roca–Runciman”. Por éste, Inglaterra se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra: liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. Se creó el Banco Central de la República Argentina con funciones tan importantes como la emisión monetaria y la regulación de la tasa de interés, en cuyo directorio había una importante presencia de funcionarios ingleses. Finalmente se le otorgó el monopolio de los transportes de la capital a una corporación inglesa.

El senador demócrata progresista Lisandro de la Torre denunció el acuerdo en el Senado y promovió el debate. «El gobierno inglés le dice al gobierno argentino ‘no le permito que fomente la organización de compañías que le hagan competencia a los frigoríficos extranjeros’. En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios británicos tiene cada uno su cuota de importación de carnes y la administran ellos. La Argentina es la que no podrá administrar su cuota. No sé si después de esto podremos seguir diciendo: ‘al gran pueblo argentino salud’.”

En mayo de 1935, el legislador santafesiono acusó por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour y Swift. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo: Pinedo de Economía y Duhau de Hacienda, en las que se establecía claramente el trato preferencial que recibían estas empresas que prácticamente no pagaban impuestos y a las que nunca se las inspeccionaba, mientras que los pequeños y medianos frigoríficos nacionales eran abrumados por continuas visitas de inspectores impositivos. De la Torre probó cómo se ocultaba información contable en cajas selladas por el ministerio de Hacienda y demostró hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman.

El nivel de las discusiones en el senado fue subiendo de tono hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador, el ex comisario Ramón Valdez Cora, atentó contra la vida del senador, pero el que murió fue su amigo y compañero de bancada Enzo Bordabehere.
Lisandro de la Torre

Qué fue el GOU (Grupo de Oficiales Unidos)

(Extraído del libro Los mitos de la historia argentina 3, de Felipe Pigna, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2006.)

A comienzos de la década del cuarenta los militares habían asumido gran parte de las funciones que el Estado intervencionista de los treinta se autoadjudicó. Entre 1931 y 1937 el presupuesto militar se incrementó de 189 mil pesos a 315 mil. En octubre de 1941, por decreto 103.316, fue creada la Flota Mercante del Estado, que se colocó bajo el Ministerio de Marina, y la Dirección de Fabricaciones Militares. Por aquellos años convivían en las fuerzas armadas dos tendencias políticas: una, la que representaba al general Justo, favorable a los Aliados, y otra llamada nacionalista, que simpatizaba con el Eje.

En ese contexto las Fuerzas Armadas iban camino a transformarse en un poder en sí mismo y en un árbitro “natural” de la situación nacional. El ambiente parecía propicio para las conspiraciones. Así lo entendieron los militares del Grupo de Obra de Unificación1 (GOU), una logia fundada el 10 de marzo de 1943 en los salones del Hotel Conte, que estaba frente a la Plaza de Mayo, por iniciativa de los tenientes coroneles Miguel A. Montes y Urbano de la Vega, que fue creciendo en influencia dentro de las filas castrenses. Sus principales referentes eran el coronel Juan Domingo Perón y el teniente coronel Enrique P. González. Los dos eran oficiales del Estado Mayor General, graduados en la Escuela Superior de Guerra, de la que además Perón era profesor de historia militar.

 

“Antes del 4 de junio y cuando el golpe de Estado era inminente, se buscaba salvar las instituciones con un paliativo o por convenios políticos, a los que comúnmente llamamos acomodos. En nuestro caso, ello pudo evitarse porque, en previsión de ese peligro, habíamos constituido un organismo serio, injustamente difamado: el famoso GOU. El GOU era necesario para que la revolución no se desviara, como la del 6 de septiembre. […] Conviene recordar que las revoluciones las inician los idealistas con entusiasmo, con abnegación, desprendimiento y heroísmo, y las aprovechan los egoístas y los nadadores en río revuelto” ( Perón, Juan Domingo, Tres revoluciones, Buenos Aires).2

Los integrantes del GOU, que no ocultaban su simpatía por los regímenes de Alemania e Italia y se declaraban partidarios de la neutralidad, anticomunistas y contrarios al fraude electoral, comenzaron a preparar el asalto al gobierno y tomaron contacto formalmente con dirigentes partidarios socialistas, conservadores y radicales que coincidían en rechazar la candidatura de Patrón Costas.

El 7 de junio de 1943 fue la fecha elegida por Castillo para lanzar la candidatura de Patrón Costas. El candidato había preparado su discurso de lanzamiento en el que, contra todos los pronósticos, evitaba definirse sobre la neutralidad:

“Desde la edad de 23 años, en que fui llamado a ocupar el Ministerio de Hacienda de mi provincia natal, he militado siempre en las filas de los partidos de derecha; lo proclamo bien alto y con orgullo en esta alta hora en que el izquierdismo está en boga. En el término  conservador, como yo lo entiendo, caben todas las reformas que exija nuestra evolución progresiva, para perfeccionar, depurar y hacer eficiente nuestra democracia, para asegurar la libertad dentro del orden y para llegar a la paz social, no por la lucha de clases, sino por la conciliación de sus intereses. […] Ser conservador es querer una organización social y política con jerarquías, pero entiéndase bien, con la jerarquía que da la conducta ejemplar, la inteligencia, la ciencia, el arte, el trabajo, los servicios prestados al país; el nacimiento, cuando se sabe honrar la estirpe; la fortuna cuando se es digno  de ella. […] Seguimos el conflicto sin olvidar nuestros antecedentes de Nación democrática, amante de la libertad, celosa de su independencia, solidaria siempre con los grandes principios cuya subsistencia interesa a toda la humanidad para mantener un mundo de libertad, de paz y de justicia”.3

Pero Patrón Costas nunca pudo pronunciar este discurso ni lanzar su candidatura a presidente. En la madrugada del 4 de junio, un nuevo golpe de Estado dirigido por el GOU derrocaba al presidente. Lo que sigue es el relato de Perón sobre los hechos:

“La revolución comenzó en el preciso instante en que los cuadros medios del Ejército, entre quienes me identificaba, tomaron conciencia de la situación y resolvieron que las cartas estaban echadas. El día 3 por la tarde estuve encerrado en mi departamento planificando el día siguiente. Paralelamente, el doctor Castillo recorrió las guarniciones de Palermo y terminó instalándose en la Rosada junto a todo el gabinete a la espera de la tormenta inminente. Sabía que el golpe estaba en marcha. Para rematar la velada, llamé por teléfono al general Ramírez que estaba en Campo de Mayo y le pedí que fuese hasta Casa de Gobierno para saber cómo venía la mano. Le transmití: ‘decile que no se puede joder más y que se las tiene que tomar’. Todo había pasado tan rápido que la mayoría de la población no se había enterado del cambio de gobierno, fue entonces que le pedí a Mercante que hiciera salir a la calle a un grupo de efectivos para que incendiaran algunos vehículos. Un poco de acción psicológica no viene nada mal para despabilar a los curiosos”.4

El diario La Vanguardia trazaba este balance de la gestión de Castillo, que de alguna manera también era un análisis de aquella Década Infame:

“El gobierno del doctor Castillo fue el gobierno de la burla y el sarcasmo. Su gestión administrativa se desenvolvió en el fango de la arbitrariedad, el privilegio, la coima y el peculado. Toleró ministros y funcionarios ladrones, y firmó, displicentemente, medidas que importaban negociados. Nada ni nadie le contenía en su insana política de rapacidad y de oligarquía. Eligió su sucesor a pesar del clamor de la opinión pública y de la repugnancia de algunos miembros del partido oficial. La fórmula de los grandes deudores de los bancos oficiales contaba con la impunidad oficial”.5

En la Rosada, aquel 4 de junio, se produjo la primera reunión de las nuevas autoridades:

“Una vez tomado el poder nos sentamos alrededor de una mesa a discutir quién sería el encargado de ocupar la primera magistratura.

Debía ser un general y de esto no había duda. Fue elegido por su buena voluntad y sus buenas intenciones el general Pedro Pablo Ramírez. La sorpresa más significativa nos la dio Rawson, que se sentó en el sillón presidencial y armó un gabinete a piacere, sin consultar a nadie. Claro, pasó que se consideró el jefe supremo de la revolución, y flojo de entendederas así como era, negoció con la oligarquía el nuevo elenco gubernamental. El resultado fue que volvían al gobierno los que acabábamos de echar a patadas. Recuerdo que fuimos hasta la Casa de Gobierno y entramos intempestivamente al despacho principal. Él estaba allí, sentado muy ridículo detrás del escritorio en el sillón de Rivadavia. Me acerqué y extendiéndole su renuncia le dije: ‘puede ir saliendo, terminó su mandato’. Rawson, levantó la vista y me dijo: ‘¡Cómo, tan pronto!’ Tomó sus cosas y se retiró”.6

Castillo, tras dejar la Casa Rosada, se refugió en un barreminas de la Armada a la espera de unas hipotéticas fuerzas leales que sólo existían en sus deseos. El 5 de junio por la mañana desembarcó en el puerto de La Plata y, al igual que Yrigoyen hacía casi 13 años, presentó su renuncia a la presidencia en la capital bonaerense. Terminaba, de la misma manera en que había comenzado, una Década Infame que dejaba profundas huellas en nuestro pueblo. Se iniciaba una nueva etapa que iba a cambiar por muchos años el panorama político y social de la Argentina.

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