Con una multitud al sol y al grito de «¡el agua de Mendoza, no se negocia!», puertas adentro, el Senado provincial aprobó de manera rápida el proyecto de extracción minera que más lobby ha ejercido en las últimas dos décadas: el Proyecto San Jorge Cobre. La apuesta de Javier Milei y Alfredo Cornejo al modelo de explotación de los recursos naturales tuvo este martes un paso decisivo cuando el radicalismo, el PRO, Coalición Cívica y parte del bloque peronista autorizó el inicio de la megaminería de cobre en el valle de Uspallata. Con una legislatura vallada y policías por todo el perímetro, como nunca antes sucedió, la confirmación del modelo extractivo en la provincia constituye un punto de inflexión. «No hay beneficio económico, estas leyes son paquetes exclusivos a medida de las mineras en contra del pueblo, que está acá manifestándose», sentenciaba una asambleísta entre el millar de personas que siguieron el debate en la Plaza Independencia detrás del vallado que los separaba de la Legislatura.

El palacio de cobre

A partir de ayer, la minería metalífera a cielo abierto en Mendoza ya no es solo una amenaza potencial: es una decisión política formalizada, una puerta institucionalmente abierta al avance extractivo sobre territorios históricamente protegidos por la movilización social. El paquete de leyes aprobado obtuvo media sanción en Diputados el 26 de noviembre pasado e incluyó además el permiso para la exploración de 27 proyectos en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) II —dando vía libre a un protocolo para actuar en ambientes periglaciares—, un Fondo de Compensación Ambiental —que bajo el pretexto del resguardo ecológico opera como un salvataje del Estado hacia los privado— y una Ley de Regalías —que dejará a las provincia solo el tres por ciento, como ocurre desde la década menemista—.

Mientras en el recinto se sucedían discursos grandilocuentes sobre “desarrollo”, “empleo” y “progreso”, —como ocurre desde hace más de una década— afuera persistía el mismo ruido incómodo: el agua, los riesgos de contaminación, las comunidades afectadas, la fragilidad ecológica de Uspallata y de toda la cuenca. Más de un millón y medio de personas, tres de cada cuatro mendocinos, toma agua que proviene del acuífero Uspallata, conectado al río Mendoza y a su vez articulado hidráulicamente al Tunuyán inferior.

Se trata de la mayor cuenca provincial que da vida a la actividad productiva y permite sostener el consumo humano de los que habitan el oasis del norte provincial. El peligro del drenaje ácido de las futuras escombreras y el depósito de colas pone a las aguas subterráneas en la mira de estos metales pesados. La otra mira, la del gobierno provincial quedó en voz de la vicegobernadora Hebe Casado —que ayer no presidió la sesión del Senado porque Cornejo estaba reunido en Casa Rosada con el «Consejo de Mayo»—.

Salvo escasas excepciones, al interior de la cámara predominó el aval al proyecto. De los seis votos en contra, fue el del senador Gerardo Vaquer uno de los pocos que mencionó la violación flagrante del proceso: como el incumplimiento al artículo 4 de la Ley 7722, que ordena la consulta a todos los municipios que comparten una misma cuenca para un proyecto de alto impacto como este, lo que expone la irregularidad del procedimiento, a pesar de los dichos de la vicegobernadora.

No fue suficiente la denuncia de los que se oponen, en el recinto lo que abundó fue el alegato de “seguridad jurídica” y las “señales al mercado” a tono con el discurso del presidente Milei. Y esas señales fueron claras: legisladores radicales, libertarios, PRO y también senadores peronistas del sur de la provincia, que antes rechazaron el proyecto en Diputados, dieron respaldo.

La sesión que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto San Jorge (PSJ) —que será operado por la firma suiza ´Zonda Metals GmBH´ con sede financiera en Malta y Chipre— estuvo cuidadosamente planificada. Los votos ya estaban contados antes de que comenzara el debate. Mientras las voces de senadores críticos desfilaron como la inercia de un ritual (democrático) que para el gobierno ya no es relevante, el oficialismo y sus aliados exhibieron una imagen de gobernabilidad que, en realidad, esconde otra cosa: se ordenan las piezas para una reprimarización acelerada de la provincia cuyana.

La calle en defensa del agua

De sur a norte, desde arriba en la cordillera hasta los valles, del este al centro, largas movilizaciones recorrieron la provincia hasta el Nudo Vial y luego hacia una Plaza de Independencia vallada por la Policía para mantener a la gente a distancia de los legisladores. Pacientes, conmovidos, indignados, los autoconvocados y las Asambleas del Agua Pura de Mendoza volvieron a conectar cada punto de la provincia en defensa del agua.

Con los ojos fijos en el tumulto, observando las vallas policiales y la Legislatura de fondo, Lilian Tapia, asambleísta de San Rafael, respiró hondo y habló con optimismo a pesar de lo que era una aprobación cantada: “Esto es una fiesta, nosotros salimos a las 6 de la mañana de la rotonda del Cristo en San Rafael, nos fuimos encontrando con gente que venía de Malargüe, de San Carlos, Uspallata… no podíamos llegar, tuvimos que rodear varias manzanas porque está lleno de policías. Parece que adentro tienen miedo, quieren conseguir la licencia social a fuerza de armas… pero no vamos a entregar el agua”.

«No se trata solo de Uspallata», advierte Tapia, que como las asambleas vienen denunciando es la punta de lanza de la megaminería, y recordó que la aprobación de 27 proyectos para Malargüe Distrito Minero Occidental II, se suma a los 34 aprobados a fines de 2024, mientras que ya fueron publicados por la Dirección de Minería otros 71 proyectos para la tercera etapa de la política para explotar el sur provincial.

«Son leyes que bajan regalías, que crean fondos de compensación para que cuando las mineras contaminen y se vayan, seamos los mendocinos los que nos hagamos cargo de esto. No hay beneficio económico, estas leyes son paquetes exclusivos a medida de las mineras en contra del pueblo que está acá manifestándose», describe Tapia en una plaza que no parece dar licencia social.

Al igual que el sur mendocino, la ruralidad del Valle de Uco vuelve a presentar batalla cuando las mineras contraatacan. Carla Corvalán, vecina autoconvocada de Tunuyán, dice que hay un problema de legitimidad social y política: «Vengo de la cuna de la lucha por el agua pura, con los parientes, las caminatas, los acampes. Creo que hay algo que no se entendió: más allá da las elecciones, de quienes ganan una votación, el agua en Mendoza no tiene una discusión partidaria». La vecina de Tunuyán responde también a los argumentos del supuesto «desarrollo»: «La matriz productiva puede crecer y de otra manera, la minería no es el camino porque sabemos de qué se trata«.

Sucede que el gigantesco agujero de 1700 metros de largo y 950 de ancho que prevé abrir PSJ en el cerro San Jorge es solo la muestra de miles de orificios que pretenden hacer de la cordillera mendocina un colador frenético. Quienes se manifiestan contra la decisión histórica de este martes lo saben y repasan otros proyectos que ya se escuchan con intenciones de avanzar: en San Rafael se busca la exploración de litio, desde las Salinas del Diamante hasta Malargüe; se habla de la reapertura de Sierra Pintada, en la cuenca del Río Diamante, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema (en 2010) ordenó remediar los pasivos ambientales. También hay proyecto en la cuenta del río Atuel.

Celeste Medina caminó desde Potrerillos junto un grupo de vecinos para expresar su preocupación y decir que saben lo que ocurre a pesar del bloqueo mediático provincial: «Todo lo que nos enteramos es por vecinos y vecinas en el boca a boca, por las redes sociales. Salvo por los medios comunitarios o medios alternativos hay un bloqueo muy descomunal”, denuncia.

El otro parlamento afuera del vallado, el de las asambleas, aglutinaba ciudadanos de a pie, sin micrófonos oficiales, sin tiempos reglamentados, sin promesas de inversión. Las voces que históricamente advirtieron sobre los riesgos del Proyecto San Jorge no desaparecieron con la sesión legislativa; al contrario, fue posible verlas marchar mientras se reconocían en la provisoria derrota.

Frente al Estado minero, renovar la resistencia

“Esto no se termina con una votación”, repetían asambleístas de Uspallata, Guaymallén, San Carlos, Las Heras y el Gran Mendoza. La frase circulaba como consigna, pero también como diagnóstico político. Lo que se votó fue una pieza administrativa, no la aceptación social. Para quienes llevan años organizándose, caminando, marchando y sosteniendo asambleas abiertas en plazas y rutas, la aprobación no clausura la pelea por el agua.

Ese fue el consciente colectivo que unificó, a las 18.30, un contingente incontable de vecinos que se reunió a deliberar en el centro de la ciudad. De a poco, miles salieron de sus casas a hacer ruido, a ratificar lo obvio: no negociamos nuestro acceso al agua. Los problemas que el proyecto presenta, desde el balance hídrico —con datos perimidos de 2008, hasta la censura de los dictámenes técnicos del Conicet-Mendoza—, que advierten sobre el riesgo de derrames de metales pesados —como el arsénico, el plomo o el cadmio que amenazan las redes tróficas y el agua— dan cuenta de una presión política no solo provincial.

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