Frente a un gobierno que erosiona el sentido de comunidad y vulnera el marco constitucional, volver a pensar el futuro digital no es un lujo, sino una urgencia democrática. Solo un proyecto de Estado —con jerarquía institucional y mirada inclusiva— permitirá que la inteligencia artificial y las tecnologías digitales se conviertan en herramientas para mejorar la vida de la población.

Superado, en su momento, el ciclo histórico del gobierno de Milei, caracterizado por su orientación reaccionaria, su violencia política, su desmantelamiento institucional y su sumisión a intereses extranjeros, será necesario retomar prácticas políticas orientadas a la construcción de futuro, en lugar de dedicar todas las energías a contener un proceso de destrucción sistemática, tarea a la que, por necesidad, nos hemos visto abocados desde diciembre de 2023.

Hay muchos, en estos momentos hablando de las elecciones y mirando, con natural y lógica aversión, cómo el mileísmo, en su versión más distante de valores republicanos y de sentido nacional, navega en las aguas de la corrupción, la vinculación con el narco y cómo van cayendo caretas como la de Espert, ayer cómodo puteador de opositores, falso guapito de cabotaje y autodefinido fiscal de otros y hoy, descubierto en su bajeza narco y convertido bajo el implacable golpeteo de la verdad, en un lloriqueador trucho. Insisto, hay muchos y está bien que así sea.

Yo pretendo mirar un poco más allá de esto y hablar de cierto futuro.

En ese marco, cada sector de la sociedad podrá aportar visiones, propuestas y objetivos dirigidos al progreso nacional. Mientras tanto, es pertinente abrir al debate y a la construcción colectiva una serie de temas clave para el desarrollo estratégico del país, en particular aquellos vinculados al mundo digital, las nuevas tecnologías y la apropiación responsable de la inteligencia artificial.

A pesar de algunos avances parciales, persisten grandes desafíos para mejorar las condiciones de desarrollo, implementación y democratización de las herramientas propias de este ámbito.

Hace más de una década, la suscripción de un plan de acción conjunto con países de América Latina y el Caribe, en el marco de lo que entonces se denominaba sociedad de la información, fijó objetivos que, aún hoy, mantienen plena vigencia y no han sido alcanzados satisfactoriamente.

Entre los ejes centrales que debería incluir una agenda nacional se encuentran:

• Banda ancha para el crecimiento con igualdad.
• Gobierno abierto y gobierno electrónico accesible para toda la ciudadanía.
• Tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicadas a una educación inclusiva.
• Innovación tecnológica para el fortalecimiento de las empresas nacionales.
• Reducción de la brecha digital, entendida como expresión de la desigualdad social.
• Marco jurídico y regulatorio que otorgue seguridad y predictibilidad en el ámbito tecnológico.
• Integración regional con cooperación tecnológica y aprovechamiento de recursos comunes.
• Fortalecimiento de las infraestructuras de redes digitales.
• Gestión ambientalmente sostenible del ecosistema infocomunicacional.
• Políticas de Estado para una gobernanza sólida del universo digital y la inteligencia artificial.
• Accesibilidad y usabilidad digital para personas con discapacidad.
• Aprovechamiento de la tecnología, especialmente la IA, para mejorar la salud pública y la educación.

Estos son algunos de los puntos que una agenda nacional debe contemplar.

Frente a la constante vulneración, por parte del gobierno libertario, del sentido de comunidad, del marco legal y de la Constitución nacional, podría parecer secundario ocuparse de estos temas.

Sin embargo, es todo lo contrario: resulta imprescindible trazar caminos concretos para que futuros gobiernos democráticos cuenten con un plan nacional de inclusión y aprovechamiento estratégico de las herramientas digitales y de IA, orientado a elevar la calidad de vida de la población.

Solo mediante una definición clara como política de Estado, respaldada por la jerarquización institucional correspondiente, se podrá avanzar de manera sostenida en estos objetivos.

Una agenda digital y de IA con vocación de equidad y democratización exige una planificación detallada, con metas claras, etapas temporales definidas y una secuencia lógica de cumplimiento que garantice su viabilidad y solidez.

La degradación actual del sistema científico-tecnológico por parte del mileísmo nos sitúa en un escenario de retroceso respecto a lo construido en las últimas dos décadas. Esto nos obliga a defender este sistema en el presente, para preservar suficiente capacidad que permita, en un futuro libre de dogmatismos libertarios, concretar las propuestas aquí esbozadas.

Existen espacios de convergencia entre lo productivo, lo social, la investigación, la participación ciudadana y la accesibilidad que deben priorizarse, más allá de cualquier tecnicismo, para construir un país con mayor desarrollo tecnológico y digital.

Los estándares, nomenclaturas y formas de la tecnología aplicada no son neutrales; es nuestra responsabilidad orientarlos hacia un sentido social que contribuya a reducir las desigualdades sociales y regionales, con fuerte acento en la accesibilidad. Nuestra búsqueda, más allá del avance técnico, debe estar dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas.

Es fundamental impulsar una sinergia virtuosa entre los actores clave del ecosistema tecnológico: el Estado como garante de políticas públicas inclusivas, el sector privado como motor de innovación, la academia como generadora de conocimiento y las organizaciones sociales y cooperativas como articuladoras de las necesidades de la comunidad.

Las universidades nacionales, con su vasto potencial en investigación y formación, deben jugar un papel central en este proceso, promoviendo la generación de soluciones tecnológicas que respondan a las problemáticas locales y regionales

Todo esto debe materializarse en un plan nacional que defina, punto por punto, una planificación adecuada y realista.

En conclusión, la construcción de una agenda nacional para el desarrollo digital y la inteligencia artificial debe ser una prioridad estratégica para el futuro de Argentina. Esta agenda no solo debe abordar los desafíos técnicos, sino también incorporar una perspectiva ética, social y ambiental que garantice que el avance tecnológico sea sinónimo de progreso y justicia social para todos los sectores de la sociedad.

Solo por medio de una planificación clara, una institucionalidad sólida y un compromiso colectivo será posible transformar el potencial de las nuevas tecnologías en una herramienta para la equidad, la inclusión y el desarrollo sostenible.

Este es el camino hacia un país que no solo resista las adversidades del presente, sino que construya un futuro de oportunidades para todos sus habitantes.

El presente texto es solo un resumen general para contextualizar esta necesidad estratégica.