UN MECANISMO DE DEPENDENCIA La deuda siempre se utilizó para detraer riquezas, afianzar la dependencia y beneficiar a una minoría

POR HORACIO ROVELLI ENE 19, 2020
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En toda la historia argentina la deuda externa se utilizó para detraer riquezas, afianzar la dependencia al capital extranjero y beneficiar a una minoría en desmedro de la mayoría de la población, que termina abonando la misma “con el hambre y la sed”, como dijo en el año 1877 el entonces Presidente Nicolás Avellaneda. Deuda que no se tomó durante la guerra de la independencia; sí lo hizo la burguesía comercial porteña cuando Bernardino Rivadavia, como Ministro de Martín Rodríguez en 1824, consiguió el crédito con la Baring Brothers, cediendo en garantía del empréstito la hipoteca de todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su venta. (Se cedía su uso en enfiteusis, mediante el cual se arrendaban contra el pago de un canon). La deuda fue de un millón de libras esterlinas, una parte menor llegó al país para financiar las importaciones principalmente de Inglaterra, pero se terminó pagando más de veinte veces esa suma hasta saldarla durante la Presidencia de Manuel Quintana (quién antes y después de ser Presidente de la República fue abogado principal del Banco de Londres en el Río de la Plata), en el año 1904.

Deuda ampliada por el gobierno de Bartolomé Mitre en 2.500.000 libras esterlinas para financiar la guerra contra el Paraguay, cuando sostuvo: “En 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción», pero lo cierto es que la guerra duró casi cinco años y le costó a la Argentina más de 50.000 muertos. Sin embargo, benefició a comerciantes y ganaderos porteños y entrerrianos cercanos al poder, que hicieron grandes negocios abasteciendo a las tropas aliadas, o como lo explicara el mismo Mitre: «En la guerra del Paraguay ha triunfado no sólo la República Argentina sino también los grandes principios del libre cambio. (Se refiere a la libertad de comercio.) Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado”.  El mercado de divisas de Buenos Aires se creó con la Guerra al Paraguay por los empréstitos tomados por Norberto De La Riestra en nombre del gobierno mitrista y por el ingreso de divisas del imperio de Brasil para financiar la guerra  y comprar caballos, mulas, vacas, etc.
Al terminar su mandato, Mitre había logrado el propósito de la burguesía mercantil porteña de dejar estructurada una Argentina políticamente liberal y dependiente del capital internacional. Para ello se valió principalmente del endeudamiento que enriqueció como comisionista a nuestra incipiente burguesía porteña e hipotecó a la población. El origen y objetivo de la deuda fue y es no solo el negocio rentístico y facilitar altas tasas de retornos a los acreedores y sus socios, sino también —y principalmente— el de constituir un modelo dependiente del capital financiero internacional.
Nuestra historia corrobora permanentemente esa subordinación, con acuerdos secretos para que no se entere la población. Por ejemplo, el gobierno de Arturo Frondizi pactó un crédito stand-by con el FMI (firmado por Donato del Carril), y tenía como cláusulas secretas: la reducción y despido del 15 % de los empleados públicos, la paralización total de obras públicas, privatización de empresas estatales, reducción y venta de frigoríficos y cierre masivo de ramales ferroviarios, restricciones crediticias, aumento de precios y congelamiento del salario mínimo por dos años.
Para ganarse la confianza del FMI, Frondizi echó a Donato del Carril y designó a Álvaro Alsogaray en el Ministerio de Economía, quien se encargó de recortar el gasto público, poner fin a las restricciones a las importaciones, eliminar los controles de precios, congelar los salarios y liberar el dólar.
Como consecuencia de las medidas que pidió el FMI, en 1959 el salario real cayó 23 por ciento y la participación de los trabajadores en el ingreso se redujo del 44,4 al 37,7 por ciento.
Más cercano en el tiempo podemos leer el artículo firmado por Joseph Stiglitz y Martín Guzmán en el New York Times (1/4/16), donde afirmaban que el fondo NML Elliott de Paul Singer, al cobrar lo reclamado al gobierno macrista, había obtenido un rendimiento de 1.180 % y, destacaba incluso que el país hasta pagó los honorarios legales de la demanda y el juicio.
 
 
La situación hoy
El mismo Presidente Alberto Fernández sostiene que el FMI financió la campaña más cara de la historia y que tuvieron que recurrir a ese organismo porque nadie le prestaba al gobierno de Macri ni un dólar más, después de que en el año 2017 se consagrase como el país que más deuda había tomado en todo el mundo.
La diferencia con respecto al 2001 es que había realmente bancos y fondos de inversión que a su vez recolocaron parte de sus tenencias de títulos de deuda argentinos a pequeños inversores. Ahora, en cambio, los principales acreedores privados son Black Rock (que es el principal dueño de Netflix e importante accionista de Bayer-Monsanto), Goldman Sachs (el actual Secretario del Tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin, fue su CEO durante 17 años antes de asumir la función gubernamental), Franklin Templeton (que administra una cartera de activos por más de un billón de dólares, su representante en el país era Gustavo Cañonero hasta asumir como Vicepresidente del BCRA de Luis “Toto” Caputo), PIMCO (que es el inversor de bonos más grande del mundo, con activos de inversión por 2,5 billones de dólares), etc. Todos ellos concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina y administran volúmenes de recursos que superan en 30 veces el tamaño de la economía local.  Por otro lado, se pretende que el FMI acepte la idea de crecer primero y pagar después, cuando en su naturaleza está desplegar los intereses de los Estados Unidos y las grandes potencias en los países dependientes.
En ese marco, el gobierno apuesta a suspender el pago de los intereses y del capital adeudado por lo menos por dos años, para utilizar esos recursos en apuntalar la inversión pública, mejorar las jubilaciones y pensiones y estimular el mercado interno.
Sabemos por los medios que se constituyó un equipo negociador de la deuda, con un coordinador que es el abogado Sergio Chodos, Director argentino ante el FMI, que viaja a los EE.UU. para iniciar los debidos contactos. Según las declaraciones del Presidente Alberto Fernández, se da como tiempo máximo de negociación el 31 de marzo de este año. Le dijo a El Cohete a la Luna: “Es el tope que nos hemos puesto, porque hay un vencimiento importante. Nos hemos puesto esa fecha como para saber exactamente dónde estamos parados».
Pero en ese ínterin tenemos los vencimientos de la deuda de las provincias y principalmente la más endeudada, la provincia de Buenos Aires
 
 
 
La deuda de la provincia
El bono BP21 de la provincia de Buenos Aires  vence el lunes 27 de enero de 2020, por  249.975.000 dólares. El BP21 llegó a descender hasta el 10%  en su valor de mercado en el exterior desde que asumió el nuevo gobierno, aunque concluyó estabilizado a 66 dólares por lámina de 100, según informó Reuters al día 15 de enero 2020.
De no pagarse, se tienen 10 días de gracia, o de otro modo se incurre en default. (Que es el incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo.)
Paralelamente, el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, aclaró que la Nación no estudia otorgar un auxilio financiero a la provincia de Buenos Aires para que pueda cumplir con un fuerte vencimiento de deuda previsto para fines de enero: “No estamos contemplando hacer un salvataje financiero por U$S 250 millones el 26 de enero, que es el monto de vencimiento de capital que enfrenta la provincia ese día”.
Es obvio que el incumplimiento con el pago por la provincia de Buenos Aires mientras se negocia la deuda soberana y se trata de estabilizar las variables macro, implica un “riesgo sistémico” sobre toda la deuda argentina, nacional y provincial.
La deuda total de la provincia de Buenos Aires asciende al equivalente de 11.263 millones de dólares [1] y el 82% está emitido en moneda extranjera. Hasta el 26 de enero de 2020 la provincia debe hacer frente a pagos en pesos y en divisas por aproximadamente unos 570 millones de dólares. Y los vencimientos y pagos de todo el año 2020 suman unos 1.821 millones de dólares y 166 millones de euros, que sumados a la deuda en pesos conforman vencimientos totales para el año en curso, en pesos y en divisas, por el equivalente a 2.900 millones de dólares y un total de casi 8.800 millones con un dólar a 63 pesos, en los cuatro años del actual mandato.
En la conferencia de prensa del lunes 13 de enero, el gobernador Kicillof habló y con razón, de una deuda “impagable” y sostuvo que “la ex gobernadora afirmó que dejaba en la caja 25.000 millones de pesos. El problema no es la cantidad que dejaron, sino la inmensidad de lo que hay que pagar”. Y para graficarlo de mejor manera, informó que “los vencimientos hasta el 26 de enero, entre capital e intereses, totalizan 570 millones de dólares, es decir, 36.000 millones de pesos. No dejaron ni para eso”. (A un dólar de $ 63.)
 
 
 
La propuesta
Kicillof propuso pagar los intereses que suman 27 millones de dólares hasta mayo 2020 y “reestructurar”, derivando el pago de los vencimientos de enero 2020 al 1 de mayo de 2020.
Para lograr ese “reperfilamiento” del vencimiento que debe ser aprobado por los acreedores que poseen el 75% del total de la deuda. En principio debe conseguirlo antes del 26 de enero, fecha de vencimiento original del bono de BP21, aunque luego tiene 10 días adicionales antes de que sea declarado en default.
¿Para qué hace Kicillof este pedido y hasta el 1 de mayo nada más?
Está a la espera de que el gobierno nacional defina su oferta a bonistas y luego Buenos Aires replique la suya. Esto significa que los vencimientos postergados al 1 de mayo, eventualmente, luego se incluirán y postergarán nuevamente en la oferta global de reestructuración de la deuda bonaerense. No significa que se paguen el 1 de mayo y los acreedores obviamente lo saben.
Kicillof tenía en la modificación del Código Fiscal, sobre todo en el impuesto inmobiliario y después en el de Ingresos Brutos, los recursos para poder pagar. Pero el Senado de la provincia no se lo autorizó.
El Impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires representó solo el 2,66% de la recaudación impositiva propia en el año 2018 y el 2,94% en los once meses del año 2019.  Esto es, el Impuesto a los Ingresos Brutos que grava la actividad y al consumo que lo paga la población representa el 69,87% de la recaudación del año 2018 y del 70,76% de los once meses del año 2019. Se recauda el doble en el impuesto inmobiliario urbano (existen valiosas propiedades pero la mayoría son vivienda de trabajadores) y tres veces más en el impuesto a la patente de los automotores.
Con respecto al Impuesto Inmobiliario Rural, según informa el Censo Nacional Agropecuario, 2.516 Establecimientos Agropecuarios son dueños de 11.158.368,9 hectáreas, pero por el Código Fiscal 2020 sabemos que esos 2.516 establecimientos pertenecen a 211 familias y /o sociedades (entre ellos los Blanco Villegas, que tienen 25.000 hectáreas en Tandil).
El código fiscal aprobado solo ajustó el pago del impuesto inmobiliario rural sobre lo que abonaban en el año 2019, no hubo un revalúo de la propiedad.
La propuesta debería haber sido que las 211 familias y sociedades que poseen 11.158.368,9 hectáreas de campo en la provincia de Buenos Aires, abonen solamente 50 dólares por hectárea (en compensación de todos los años que pagaron una miseria por sus propiedades) y eso hubiera significado un ingreso de 570 millones de dólares, con lo que pagaban todos los vencimientos de enero de 2020.
Pero obviamente el Senado de la Provincia de Buenos Aires no se lo iba a aceptar. Con solo ver el mapa de la provincia donde ganó Juntos por el Cambio —la zona sojera, maicera y triguera—, se entiende que cada uno de esos partidos tiene la misma representación que La Matanza que tiene 1.850.000 habitantes. Por ende se debe forzar un acuerdo con esos estancieros, donde intervenga también el gobierno nacional. Hay que cruzar los nombres de esas 211 familias y sociedades con la compra y fuga de divisas y hacer un relevamiento exhaustivo de cómo pagan los gravámenes al fisco.   
 
 
 
 [1] Según las estadísticas de la Provincia la deuda pública pasó de 9.362 en diciembre de 2015 a 11.263 millones de dólares en 2019. Representa la tres cuarta parte del Presupuesto de la Provincia de 2019 ($ 929.466)
 

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