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Fuente: DeepSeek

Convenio con la empresa del Estado de Israel Mekorot

El convenio entre el Estado argentino y la empresa estatal israelí Mekorot (Agencia Nacional de Agua de Israel) fue firmado en el contexto de una cooperación técnica impulsada por el gobierno nacional, con participación clave de gobiernos provinciales y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Los detalles son los siguientes:

Fechas y Actores Clave
1. Misión técnica a Israel (Abril de 2022):
– Una delegación argentina encabezada por *el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro*, viajó a Israel para establecer acuerdos de cooperación hídrica. La comitiva incluyó a los ministros de Agricultura (Julián Domínguez) y Ciencia (Daniel Filmus), el presidente del CFI (Ignacio Lamothe), y gobernadores de 10 provincias: Catamarca, Formosa, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, La Rioja, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe.
– Esta misión fue coordinada con la Embajada de Israel en Argentina y definió el marco para los futuros contratos con Mekorot.

2. Firma formal en Argentina (Febrero de 2023):
– El CFI firmó contratos de consultoría con Mekorot para que esta elaborara «Planes Maestros Hídricos» en siete provincias: Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan y Santa Cruz.
– Los gobernadores firmaron adhesiones individuales, entre ellos Arabela Carreras (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).
– El acto de firma fue encabezado por *Wado de Pedro* en el Centro Cultural Kirchner (Buenos Aires), con presencia del embajador israelí Eyal Sela y el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich .

3. Continuidad bajo el gobierno de Javier Milei (2024):
– A pesar del cambio de gobierno, los convenios se mantuvieron. En febrero de 2024, la excanciller Diana Mondino viajó a Tel Aviv para reunirse con directivos de Mekorot, reforzando la cooperación.

Detalles del Convenio
– Objetivo: Mekorot brindaría asesoramiento técnico para optimizar la gestión del agua, incluyendo estudios sobre desalinización, regulación de servicios, tratamiento de efluentes y adaptación al cambio climático.
– Financiamiento: El CFI invirtió USD 1 millón por provincia (más impuestos), totalizando unos USD 7 millones para las siete provincias iniciales.
– Críticas y controversias:
– Falta de transparencia: Los contratos no se hicieron públicos, no hubo licitaciones ni participación ciudadana, violando el Acuerdo de Escazú.
– Antecedentes de Mekorot: La ONU denunció a la empresa por restringir el acceso al agua a palestinos en territorios ocupados.
– Cuestionamientos legales: En Río Negro, legisladoras presentaron una denuncia penal contra Arabela Carreras por firmar el convenio sin aval legislativo, alegando «pérdida de soberanía hídrica».

Provincias involucradas y estado actual

| Provincia |  Gobernador/a  | Estado del convenio (junio 2025) |
|————–|——————–|—————————————————–  ———— |
| Río Negro |Arabela Carreras | Finalizado (31/05/2025), estudios en fase de aplicación |
| Mendoza  | Rodolfo Suárez     | Vigente, con cláusulas no divulgadas.                                   |
| San Juan  | Sergio Uñac          | Vigente, incluye diseño de infraestructura.                          |
| Neuquén  | Rolando Figueroa| Firma en 2024 para plan maestro.                                          |
| La Rioja   | Ricardo Quintela | Vigente, con reclamos por acceso a información.                 |
| Santa Fe  | Omar Perotti         | Adhesión en 2022, detalles no especificados.                       |
| Chubut    | Ignacio Torres      | Anunciada inclusión en 2023.                                                   |

Contexto geopolítico
– El convenio se enmarca en la alianza estratégica entre Argentina e Israel, reforzada por el presidente *Javier Milei* durante su visita a Israel en 2025, donde recibió el «Premio Génesis» por su apoyo a la causa israelí.
– Organizaciones como la Campaña «Fuera Mekorot» exigen la cancelación de los contratos, argumentando que financian «un Estado acusado de genocidio» ante la Corte Penal Internacional.

En síntesis, el convenio fue impulsado por el gobierno nacional (2022-2023), coordinado por el CFI y el Ministerio del Interior, y suscrito por gobiernos provinciales sin consulta pública. Su vigencia persiste pese a las controversias éticas y jurídicas.

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