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Fuente: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream

En las últimas décadas, los estudios sobre extractivismo y acumulación por desposesión
han cobrado gran relevancia en América Latina. Sin embargo, la dimensión histórica entre ambos
fenómenos ha sido poco explorada, al menos en la Argentina. Procurando cubrir esa laguna, este
artículo se remonta en el tiempo para abordar uno de los casos más paradigmáticos del modelo
extractivo nacional: la compañía extranjera La Forestal, que durante gran parte del Siglo XX lideró la
producción de tanino en nuestro país. Con el objetivo de demostrar que la dinámica de explotación de
la empresa supuso un nutrido conjunto de formas de despojo (fraude, deuda pública, redistribuciones
estatales, acaparamiento neocolonial de tierras y recursos, privatización del territorio, expropiaciones
sociales y laborales, avasallamiento de derechos y pillaje ecológico), la metodología de trabajo se basó
en la revisión bibliográfica de los estudios empíricos sobre el caso y su interpretación a la luz de las
categorías de análisis propuestas por la teoría. Los resultados muestran claramente un temprano
maridaje entre extractivismo y acumulación por desposesión.

Como bien señala Burchardt (2016), la historia de América Latina es también en cierto
modo la historia del extractivismo. Con la colonización primero y la independencia política
formal y la instauración de las repúblicas oligárquicas después, los ciclos históricos de la
economía y la política de la región pasaron a estar signados por los nombres de los bienes
naturales que los respectivos países aportaron al consumo y/o la industria de los centros
capitalistas, contribuyendo así a continuar y reforzar el legado de dominación dejado por la
primera conquista (SEOANE, 2013). Como resultado, el patrón primario-exportador
latinoamericano ha sido -y aún es- un factor determinante y una pesada herencia de la realidad
social, los perfiles productivos y la inserción externa del sub-continente (FRECHERO, 2013).

En Argentina, la genealogía del extractivismo como modelo de acumulación se
remonta a la segunda mitad del Siglo XIX, cuando nuestro país ingresó de lleno a la división
internacional del trabajo. Aunque es bien conocido el papel de la Argentina durante esta época
como exportadora de cereales, carnes y lanas, no ocurre lo mismo con la función
relativamente marginal desempeñada por algunos enclaves extractivos -muchos de ellos
pertenecientes a capitales extranjeros-, que proporcionaron a los países centrales materias
primas estratégicas tales como cobre, oro, plata, tungsteno, madera y tanino. Con la crisis de
1929, este modelo no desapareció, sino que fue reformulado para que sirviera a la estrategia
de industrialización sustitutiva de importaciones, ora como proveedor de divisas con las
cuales financiar el crecimiento manufacturero, ora como fuente de abastecimiento de insumos
críticos para la industria nacional. Paralelamente, nuevas ramas extractivas, como la
explotación hidrocarburífera, la pesca marítima y la industria forestal, se expandieron con
fuerza, en algunos casos bajo el control de capitales privados nacionales y monopolios
extranjeros y en otros impulsadas por el propio Estado nacional, que redobló su presencia en
el campo de la explotación de recursos naturales para satisfacer la creciente demanda
doméstica de bienes primarios y energía (Frechero, 2013) -petróleo, gas, hierro, uranio, etc.-.

Con el golpe de Estado de 1976 y el posterior viraje hacia el neoliberalismo, la matriz
productiva nacional sufrió un proceso de reprimarización que se acentuó hacia la década de
1990, cuando las reformas estructurales desmantelaron el régimen de industrialización
sustitutiva de importaciones e impulsaron un resurgimiento a gran escala del modelo
extractivo-exportador. De la mano del neo-desarrollismo y el boom de los precios
internacionales de los commodities, este viraje se ha afianzado durante las dos primeras
décadas del Siglo XXI, reforzando el clásico rol geopolítico del país como proveedor de
alimentos y materias primas para las potencias del sistema capitalista mundial. La agricultura
transgénica -liderada por el agronegocio sojero-, la depredación pesquera, la expoliación
petrolero-gasífera, la industria forestal basada en plantaciones exóticas y la mega-minería
metalífera han sido desde entonces las principales expresiones de ese fenómeno. Debido a sus
características e impactos -privatización y extranjerización masiva de tierras y recursos,
saqueo económico, catástrofe ambiental, avasallamiento de derechos humanos, violencia
vinculada a la represión estatal y fuerzas de choque privadas, etc.-, el modelo extractivista
actual ha alcanzado niveles inéditos de conflictividad social en el país, siendo en algunos
casos problematizado desde las ciencias sociales en clave de acumulación por desposesión.

Si bien a la luz de tales esfuerzos los vínculos entre extractivismo y despojo vienen
cobrando cada vez más visibilidad y relevancia, la dimensión histórica de la relación entre
ambos fenómenos ha sido relativamente poco explorada, al menos en nuestro país. En virtud
de la fuerte conexión entre neoliberalismo y acumulación por desposesión (HARVEY, 2004;
2007; 2014), en términos generales los análisis sobre el modelo extractivo argentino no han
excedido el marco temporal de las últimas tres décadas, ciñéndose así sólo a los períodos
regidos por esa ideología o, en su defecto, a las fases (el neo-desarrollismo, por ejemplo)
caracterizadas por la continuidad de las reformas estructurales de los regímenes neoliberales
previos. Como resultado, y dado que la acumulación por desposesión no es un fenómeno
reciente, sino más bien una fuerza importante y permanente de la geografía histórica del
capital, varias preguntas permanecen sin respuesta: el extractivismo “histórico”, ¿mostró en
su momento la presencia de mecanismos típicos de la acumulación por desposesión? Si así
fue, ¿esas formas de despojo fueron las mismas que se observan hoy día? En otras palabras:
¿las dinámicas expropiatorias consideradas intrínsecas al extractivismo contemporáneo ya
ocurrieron en el pasado, y hoy día estamos asistiendo a la mera repetición de la historia, pero
a otra escala? Responder a esos interrogantes es clave para reconstruir, en términos teóricos y
empíricos, el temprano maridaje entre extractivismo y despojo.

Para ello, este trabajo estudia el caso de La Forestal, la compañía extranjera que lideró
y casi monopolizó la producción de extracto tánico de quebracho en el país a lo largo de un
largo período que formalmente se extendió desde 1906 a 1963, pero cuyos primeros
antecedentes -como se verá más adelante- se remontan a las últimas décadas del Siglo XIX.
Considerada a menudo por su despótico accionar como „un Estado dentro del Estado‟, un
„feudo privado‟ e incluso una „república independiente‟, esta empresa constituye sin lugar a
dudas uno de los ejemplos más paradigmáticos que la historia y la geografía argentina pueden
proporcionar acerca de las lógicas neocoloniales del modelo extractivista.

El caso de La Forestal cuenta con algunos antecedentes de abordajes realizados desde
diversas disciplinas -historia, sociología, antropología, ecología- que, no obstante su calidad
empírica, no han reparado en las evidentes conexiones de la problemática con los procesos de
acumulación originaria/acumulación por desposesión, algo que llama la atención debido a la
adscripción marxista o, al menos, la ideología política de izquierda profesada por gran parte
de los autores que estudiaron la cuestión. Obra de consulta obligada, el clásico ensayo seminal
de Gori (1965) caracterizó los orígenes y desarrollo de la empresa, su estrategia de
acaparamiento de tierras, sus vínculos e influencia sobre el poder político y sus prácticas de
explotación laboral y avasallamiento social. Bünstorf (1982) y Bitllock y Sormani (2012)
estudiaron el desarrollo del modelo taninero-forestal como economía de enclave, mientras que
Brac (2006; 2013) y Jasinski (2012; 2013) reseñaron el régimen social de La Forestal,
realzando aspectos ligados a las condiciones de trabajo, los conflictos sindicales, la masacre
obrera de 1921 y la desocupación y el vaciamiento demográfico inducidos por la propia
compañía. En un aporte posterior, Brac (2015) profundizó la discusión previa e incorporó un
enfoque antropológico ligado a la construcción de la memoria colectiva de algunos de los
pueblos donde operó La Forestal. Finalmente, Brailovsky y Foguelman (1993) describieron
someramente el impacto sanitario y ecológico del modelo llevado adelante por la compañía,
cuestión esta última también retomada por Zarrilli (2008), quien además analizó la dinámica
exportadora del ciclo del tanino y la política comercial expansionista de la empresa.

Buscando aportar una visión integral desde la geografía, este artículo pretende
demostrar que el modelo taninero de La Forestal se basó en un nutrido conjunto de dinámicas
expropiatorias que se encuadran perfectamente dentro de las dimensiones de la acumulación
por desposesión presentes en la literatura. Para contrastar esa hipótesis, se procedió a la
revisión y análisis de los estudios citados y otras fuentes bibliográficas y se las interpretó a la
luz de cinco categorías construidas a partir de la (re)lectura de referentes teóricos como Marx,
Harvey, Marini y Machado Aráoz: a) el fraude y la deuda pública; b) las redistribuciones
estatales; c) el acaparamiento de tierras y recursos naturales y otras expropiaciones
geográficas; d) la super-explotación de la fuerza de trabajo, la represión de la actividad
sindical, la violencia y el despojo del derecho a la salud; y e) el saqueo ecológico.

El universo temporal de análisis abarca el denominado „ciclo del tanino‟ (1889-1963),
una amplia ventana de tiempo que incluye dos modelos de acumulación muy diferentes entre
sí: a) el modelo agroexportador (1880-1930), un período signado por la subordinación de
nuestro país al imperialismo británico, el auge del liberalismo y el laissez-faire, la
especulación financiera y el endeudamiento externo, la apertura a las inversiones y las
importaciones inglesas, la expansión de la frontera agropecuaria y las remesas de carnes,
lanas, cereales y otras materias primas al Reino Unido y otros países centrales; y b) gran parte
del régimen de industrialización sustitutiva de importaciones (1930-1975), una fase que, pese
a su heterogeneidad interna, se caracterizó por la fuerte intervención del Estado en la
economía, el predominio del keynesianismo y el desarrollismo, la mayor autonomía relativa
respecto de las grandes potencias, la retórica anti-imperialista ante la intromisión de los
intereses norteamericanos, la expansión del mercado interno, la mejora de las condiciones
laborales y de vida y el desarrollo de la industria liviana y -en menor medida- pesada. Sin
perjuicio de las diferencias entre ambos períodos, el modelo extractivo de La Forestal se
mantuvo prácticamente invariable a lo largo de todo el extenso marco temporal considerado,
aunque a partir de mediados de la década de 1940 sufrió algunos cambios en el plano laboral
y entró en una fase de declive determinada por la reestructuración geopolítica de la firma.
En términos espaciales, a lo largo del extenso período considerado la compañía operó
en una extensa área situada al norte de la región fito-geográfica del Parque Chaqueño (Mapa
1), concretamente en la sub-región del Chaco Húmedo. El epicentro de sus actividades fue el
norte de la provincia de Santa Fe (departamentos de General Obligado, 9 de Julio y Vera) y el
este de la actual provincia del Chaco (Bermejo, Libertad, Fontana, 1º de Mayo, San Fernando,
Sargento Cabral y General Donovan) (Mapa 2), aunque en ciertos momentos también tuvo
presencia marginal en el sur correntino, el este santiagueño y jujeño y parte de Formosa. Se
trata de un área de clima extremadamente cálido, con temperaturas medias anuales que
oscilan entre 26º C y 18º C, máximas absolutas que superan los 48º C y precipitaciones que
rondan los 1.300 mm anuales y se concentran casi exclusivamente en la estación estival.

Tanto Santa Fe como Chaco han sido provincias históricamente ricas en bosques
nativos de quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae), una especie forestal que a
finales del Siglo XIX cubría una superficie de 15 millones de hectáreas. Dentro de la región
del Chaco Argentino, la explotación del quebracho estaba territorialmente diferenciada: por
un lado, la zona oriental (húmeda) era taninera; por el otro, la occidental (seca) era netamente
maderera. Así pues, mientras que esta última proporcionaba casi exclusivamente maderas
duras imputrescibles para la fabricación de durmientes ferroviarios, combustible para las
calderas de usinas eléctricas y locomotoras y postes para los alambrados y telégrafos de otras
regiones del país, la primera se especializaba en la producción de extracto de quebracho,
cuyas excelentes propiedades tánicas, descubiertas en 1826 y exhaustivamente estudiadas
entre 1855 y 1872, habían revolucionado a toda la industria mundial del curtido vegetal 2

 

2 Considerando tronco, ramas y raíces, el 60% de la madera del quebracho colorado argentino es tánica
(BRAILOVSKY y FOGUELMAN, 1993), duplicando el contenido presente en la corteza de otras especies
(roble, castaño, abedul, olmo, etc.) y superando largamente al quebracho mexicano, brasileño y paraguayo.

 

En nuestro país, la explotación del quebracho colorado para la producción de tanino se
desarrolló rápidamente, primero impulsada a finales del Siglo XIX por la radicación de
capitales franceses, italianos, alemanes e ingleses que exportaban rollizos a las fábricas
europeas, y posteriormente consolidada con la instalación de plantas tanineras extranjeras en
el norte santafesino y el oeste chaqueño, algunas de las cuales más tarde darían origen a La
Forestal. Concretamente, esta empresa, conocida oficialmente bajo la razón social de The
Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, surgió a raíz de las operaciones de la
Compañía Forestal del Chaco (creada en 1902 y perteneciente a los inversores franco.germanos
Hartenek-Portalis-Renner) y se consolidó y expandió en 1913 gracias a la fusión de
dicha firma con la británica Santa Fe Land Company (fundada en 1883) y la neoyorquina
Argentine Quebracho Company (creada en 1904). Previamente a dichas fusiones, el capital
que controlaba La Forestal era alemán, pero a partir de entonces fueron los inversores
ingleses quienes asumieron un papel protagónico, manipulando los precios y absorbiendo
competidores hasta casi monopolizar la producción de extracto de quebracho en Argentina.
Conviene tener en mente la citada estructura empresarial, dado que a lo largo del trabajo se
efectuarán reiteradas referencias a las dinámicas expropiatorias llevadas a cabo no sólo por La
Forestal propiamente dicha, sino también por las firmas que formaron la mega-compañía.

El ciclo argentino del tanino se destacó por su notable sesgo exportador, a tal punto
que las remesas al exterior absorbían más del 90% de la producción (BITLLOCK y
SORMANI, 2012). Después de la ganadería y la agricultura, los productos a base de extracto
y madera de quebracho llegaron a constituir el tercer rubro de exportación del país,
representando entre 1902 y 1914 entre el 1,5% y el 3,7% del valor comercializado y llegando
a alcanzar un pico del 5,4% durante la Primera Guerra Mundial (RAYES, 2013). Culminada
la conflagración, Argentina ya se había consolidado como primer productor y exportador
mundial de tanino. Sumando 6.653 toneladas en 1895-1899 y 331.749 toneladas en 1910-
1914, las ventas al exterior se duplicaron entre 1920 y 1925 -pasaron de 101.627 a 214.183
toneladas anuales- y oscilaron entre 127.000 y 210.000 toneladas/año entre la crisis del treinta
y mediados del Siglo XX, para luego alcanzar sus picos máximos en el bienio 1946-1947
debido al fuerte aumento de la demanda externa ocasionado por la finalización de la Segunda
Guerra Mundial (ZARRILLI, 2008; RAYES, 2013). A partir de entonces, el modelo ingresó
en una fase de decadencia deliberadamente ocasionada por la propia empresa: desde 1948 en
adelante, La Forestal desmanteló lentamente su monopolio del extracto de quebracho,
reduciendo sustancialmente su producción -el promedio anual pasó de 186.000 toneladas en
1956 a 91.000 toneladas en 1963 (GORI, 1965)-, cerrando gradualmente sus fábricas para
suplantar la producción argentina con el tanino proveniente de sus bosques de mimosa o
acacia negra en Sudáfrica, Kenya y Rodhesia, y finalmente retirándose del país en 1963.
El artículo se estructura de la siguiente manera. El primer apartado brinda un apretado
soporte teórico-conceptual donde se definen los conceptos de extractivismo, acumulación
originaria y acumulación por desposesión, se consideran y discuten sus relaciones, se
explicitan sus categorías de análisis y se justifica la necesidad de explorar en profundidad la
dimensión histórica de esos procesos. Núcleo del trabajo, la segunda sección se encuentra
enteramente dedicada al análisis de las dinámicas expropiatorias del modelo extractivo de La
Forestal y se desagrega en cinco acápites que guardan estricta correspondencia con las
variables previamente enumeradas. Finalmente, se presentan las conclusiones del artículo.

 

Extractivismo y acumulación por desposesión. Discusión
teórico-conceptual y categorías de análisis

Siguiendo a Santos y Silveira (2001), el objeto de interés de la geografía no es el
territorio en sí mismo, sino el territorio usado, entendido como síntesis de la configuración
material y las relaciones sociales o, lo que es igual, como un conjunto indisociable de
sistemas de objetos, acciones y normas (SANTOS, 1996). En América Latina en general, y en
Argentina en particular, buena parte de los usos hegemónicos del territorio integran la matriz
del extractivismo (GUDYNAS, 2012), un modelo de acumulación basado en la
mercantilización y explotación intensiva de grandes volúmenes de recursos naturales, su
exportación -por lo general, en bruto- a los países centrales, el desmesurado consumo de
bienes ecológicos no reproducibles y la generación tanto de rentas extraordinarias o
diferenciales a escala mundial mayoritariamente captadas por agentes externos como de altos
niveles internos de conflictividad debido a sus graves impactos sociales, laborales,
económicos, políticos y ambientales (SEOANE, 2013; GIARRACCA y TEUBAL, 2013).

Bajo el influjo de este modelo, las regiones implicadas pasan a funcionar con meras colonias-
commodities (MACHADO ARÁOZ, 2013). Dado que reúne y condensa una nutrida pléyade
de dinámicas de expropiación y saqueo, el modelo extractivista debería ser analizado e
interpretado a la luz de la teoría de la acumulación por desposesión propuesta por el geógrafo
inglés David Harvey.

Como es bien sabido, el concepto de acumulación por desposesión se encuentra
íntimamente relacionado con el de acumulación primitiva u originaria. Siguiendo a Marx
(1968), la acumulación originaria se refiere al proceso histórico de despojo, violencia y pillaje
que, desde finales del Siglo XV hasta mediados del Siglo XVIII, precipitó el
desmoronamiento del régimen feudal, instauró las relaciones sociales capitalistas a escala
mundial y forjó el stock de capital necesario para la primera Revolución Industrial europea. El
primer momento de la acumulación primitiva fue el cercamiento y privatización de las tierras
comunales, un largo proceso que implicó la expulsión masiva del campesinado, le arrebató su
capacidad de reproducir autónomamente su economía y lo obligó a vender su fuerza de
trabajo para sobrevivir. Casi paralelamente, ese despojo sería sellado por la aparición de otros
mecanismos violentos y/o fraudulentos de acumulación originaria -sobreeexplotación laboral,
reducción salarial por debajo del nivel de subsistencia, prohibición de la sindicalización de los
obreros, regímenes esclavistas y semi-esclavistas, saqueo colonial de América, surgimiento de
la deuda pública y el sistema internacional de crédito-, contribuyendo a generar un cuantioso
botín que refluyó a las metrópolis europeas para convertirse en capital (MARX, 1968).
En la interpretación marxista tradicional u ortodoxa, la acumulación originaria fue un
acontecimiento momentáneo que moldeó la prehistoria del capitalismo. Sin embargo, Harvey
(2004) sostiene que en realidad se trata de un proceso que opera como una fuerza importante
y permanente de la geografía histórica del capital, razón por la cual no resulta apropiado
llamar “originario” o “primitivo” a algo que continúa ocurriendo actualmente. Por
consiguiente, este autor propone definirlo en términos de “acumulación por desposesión”
(HARVEY, 2004, p. 115-116), argumentando que las prácticas basadas en el saqueo operan al
mismo tiempo como presupuestos genéticos fundacionales y mecanismos inherentes al
sistema capitalista orientados a reeditar constantemente su pecado original, replicándolo en
nuevos ámbitos para de ese modo facilitar la reproducción ampliada del capital.
Siguiendo el razonamiento de Harvey (2004; 2007; 2014), la acumulación por
desposesión incluye entonces a todos los mecanismos de la acumulación primitiva
reconocidos por el marxismo tradicional -mercantilización y privatización de la tierra,
expulsión y proletarización de campesinos y aborígenes, eliminación de formas de producción
y consumo pre-capitalistas, apropiación colonial, neocolonial e imperial de recursos naturales,
esclavitud, usura y deuda pública, etc.-, pero no se limita a ellos. Antes bien, incorpora
además como categorías de análisis a otras dinámicas de las que Marx no fue contemporáneo
-la “flexibilización” laboral, las privatizaciones de empresas y servicios públicos y los
derechos de propiedad intelectual (patentes, licencias, etc.) sobre material genético y plasma
de semillas-, o que no fueron tenidas en cuenta por este pensador pese a ya existir en su época
-las transferencias de recursos del Estado y los asalariados al capital y el despojo ecológico-.

Dado que muchos de los mecanismos enunciados más arriba suelen asociarse a las
reformas neoliberales implementadas durante el último cuarto del Siglo XX, existe
ciertamente el riesgo de que la acumulación por desposesión sea reducida a un fenómeno
endémico de los períodos políticamente regidos por esa ideología, del mismo modo que la
acumulación primitiva es a menudo considerada como una suerte de evento irrepetible en la
transición del feudalismo al capitalismo. Para evitar el peligro de caer en un reduccionismo
tal, conviene recordar que, más allá de la obvia existencia de fases o ciclos de ralentización y
recrudecimiento del proceso, la acumulación por desposesión es una fuerza omnipresente
dentro del sistema capitalista. Por consiguiente, nada impide explorar su dimensión histórica y
aplicar sus categorías de análisis a fenómenos ocurridos en cualquier período de desarrollo del
capitalismo, independientemente de la ideología dominante de turno o del hecho de que el
caso a abordar corresponda a un marco temporal anterior al de la formulación y estructuración
de la teoría. Al contrario, emprender esta tarea es un ejercicio no sólo posible, sino también
útil, pues permite develar el temprano maridaje entre extractivismo y despojo.

El imperio de La Forestal: casi un siglo de acumulación por despojo (1872-1963)
Deuda por tierras: finanzas, usura, fraude y el “pecado original” del capitalismo
Siguiendo a Harvey (2014), la naturaleza a menudo desconcertante y contradictoria del
entramado jurídico que gobierna a las relaciones sociales capitalistas obedece a la errónea
conjetura de que la acumulación por desposesión no es más que un problema derivado de
fraudes, coerciones y engaños aislados que, ajenos a la „normalidad‟ del sistema, ocurrirían
debido a las „fallas‟ del Estado en la regulación de los mercados. Sin embargo, un examen
más atento muestra que, con frecuencia, la ilegalidad está enquistada en el seno de los propios
fundamentos de la propiedad y constitucionalidad capitalistas, convirtiendo a éstas en una
mentira o, en el mejor de los casos, en una hipócrita y confusa ficción que deliberadamente
oculta el “pecado original” del sistema -esto es, el simple robo- (HARVEY, 2004).
El capital financiero siempre ha ocupado un lugar destacado en ese esquema, algo que
Marx (1968) reconoció tempranamente cuando señaló que los mecanismos de crédito
internacional, deuda y usura constituían poderosas fuentes y palancas de la acumulación
originaria. En su análisis, la deuda pública emerge como la varita mágica que infunde cierta
virtud procreadora al dinero improductivo y lo convierte en capital sin exponerlo a los riesgos
y esfuerzos de la inversión industrial, generando paralelamente un doble beneficio: por un
lado, los acreedores del Estado no entregan nada, pues la suma prestada se convierte en bonos
fácilmente negociables que en sus manos desempeñan el mismo papel que el dinero; por el
otro, esa deuda pública así generada se convierte en la única parte de la riqueza nacional que
entra en posesión colectiva de los pueblos modernos (MARX, 1968), que así acaban
reducidos a la servidumbre a través de la vieja práctica imperial de la extracción de tributos
mediante mecanismos financieros (HARVEY, 2007; 2014).

¿Cuál es la relación, si existe alguna acaso, entre estos procesos y el presente estudio
de caso? Si bien La Forestal se constituyó oficialmente en 1906 como consecuencia de la
expansión de la Compañía Forestal del Chaco, su papel dominante en el mercado no se
afianzaría hasta 1913, fecha en la que se produjo la ya comentada fusión con la Santa Fe Land
Company. Como se verá más adelante, esta última empresa resulto una pieza clave para forjar
el imperio de La Forestal, dado que fue la que aportó mayor superficie de tierras -y por ende,
de quebrachales- al patrimonio de la mega-compañía. Sin embargo, el embrión que dio a la
luz a la Santa Fe Land Company se había gestado algunas décadas antes y su raíz no había
sido legítima ni tampoco productiva; antes bien, fue fraudulenta y financiera.
Creada en 1883 -treinta años antes que sus futuras socias-, la Santa Fe Land Company
reconocía antecedentes aún más lejanos. Concretamente, su origen se remontaba a 1872, fecha
en la cual el gobierno de la provincia de Santa Fe contrajo un empréstito con la casa
londinense Murrieta y Cía. para financiar la creación de un banco provincial y construir un
ferrocarril que uniera a algunas colonias agrícolas con la capital santafesina. Si bien en
aquella época signada por el liberalismo de Adam Smith el endeudamiento del Estado
argentino con el capital inglés era una práctica bastante habitual, lo llamativo fue que en esta
ocasión las también frecuentes dificultades para saldar el préstamo no derivaron en las
leoninas refinanciaciones de rigor, sino que se resolvieron con la entrega de 686,396 leguas
cuadradas -esto es, 1.804.563 hectáreas- de tierra pública en concepto de devolución de dos
terceras partes del monto adeudado. El tercio remanente fue sufragado con bonos del Tesoro
que, además de devengar intereses, fueron recibidos por el gobierno santafesino en concepto
de pago de esas mismas tierras para de ese modo acelerar la amortización del capital.

No menos singulares fueron las graves irregularidades que rodearon a la operación,
que finalmente se concretó en 1881. Para empezar, el autor y ejecutor del proyecto fue un
abogado argentino que era apoderado de Murrieta -es decir, de la firma acreedora- pero que al
mismo tiempo representaba los intereses de la provincia de Santa Fe -el deudor- en la venta de
esas tierras. El evidente conflicto de intereses se torna más grave todavía cuando se advierte
que el área enajenada excedía a la necesaria para saldar la deuda; en efecto, esta última
sumaba 110.873 libras esterlinas, pero el valor inmobiliario transferido fue de 200.413 libras –
es decir, un 81% más-. Peor aún, la escritura de venta debía ser firmada por un alto
funcionario del gobierno nacional, pero éste delegó el trámite en un abogado inglés que
también resultó ser apoderado de la casa financiera y comercial londinense (GORI, 1965).

Cuando en 1884 finalmente Murrieta vendió estas tierras a la Santa Fe Land Company
-de la cual era accionista minoritario, junto a Kohn, Reinach & Co-, el valor de la operación
triplicó holgadamente las cifras de compra, a tal punto que, excluidos los intereses de los
bonos que recibiera tres años antes, la ganancia neta fue del 245% (GORI, 1965), sugiriendo –
sino demostrando- la fuerte subvaluación de los activos públicos transferidos3

3 En la venta no se tuvo en cuenta el valor de los quebrachales, sino sólo el de la tierra. Como resultado, el precio
fue de 1.500 pesos por legua, cuando el valor real era de 14.000 pesos por unidad de superficie (GORI, 1965).

. Con las tierras así adquiridas, la empresa realizó innumerables negocios relacionados con la especulación
inmobiliaria y los programas de colonización agraria, iniciando también la explotación de
quebrachales para remesar rollizos a las fábricas europeas de tanino. Tres décadas después, la
Compañía Forestal del Chaco, que en aquella época ya poseía plantas de extracto de
quebracho y era la más grande del mundo en su ramo, se fusionó con la Santa Fe Land
Company, apoderándose así de un inmenso patrimonio territorial que le resultaría
indispensable para finalizar la construcción del vasto imperio de La Forestal. Corroborando la
tesis de HARVEY (2004) con respecto al papel que el capital financiero desempeña como
cordón umbilical que conecta a la acumulación por desposesión con la reproducción
ampliada, uno de los orígenes del apabullante poderío que a partir de entonces forjó y ejerció
la compañía fue, pues, la mercantilización y apropiación fraudulenta de activos públicos, que
se convirtieron -parafraseando a Marx (1968, p. 502)- en “capital llovido del cielo”.

Las redistribuciones estatales como forma de producción política de rentabilidad
Otra forma de acumulación por desposesión identificada por la literatura es las
redistribuciones estatales, un fenómeno que incluye numerosos mecanismos, tales como: las
reformas tributarias regresivas que conceden un trato preferencial a las inversiones del capital;
el otorgamiento discrecional de un amplio y generoso elenco de subvenciones a las
corporaciones; la venta o alquiler de activos estatales a precios rebajados; el perdón de deudas
a empresas; la aprobación de leyes especiales para proteger o subsidiar intereses particulares;
el salvataje financiero de firmas privadas usando fondos públicos; y la captura de los
organismos reguladores por parte de los grupos dominantes. En síntesis, las redistribuciones
estatales se refieren al conjunto de prácticas que permiten a las élites saquear el tesoro público
a costa de los contribuyentes (HARVEY, 2007; 2014). Para Machado Aráoz (2010), estos
mecanismos representan una forma de expropiación económica y producción política de
rentabilidad que recompone la tasa de ganancia del capital, drena recursos hacia los centros de
poder del sistema y resulta decisiva para la renovación de la acumulación a escala global.

Si bien la previamente explicada privatización y extranjerización masiva de tierras
fiscales constituyó, en su carácter de transferencia subvaluada de activos públicos, un claro
ejemplo de estas dinámicas, el caso de La Forestal no se limitó a ello. Por el contrario, fue
apenas el primer antecedente de los diversos mecanismos de expoliación del erario público
que la compañía iría perfeccionando a lo largo de su devenir. La empresa y, con ella, la
industria forestal de toda la región, fue indirectamente subsidiada por el Estado nacional y los
gobiernos de la provincia de Santa Fe y del Territorio Nacional del Chaco a través de la
construcción de infraestructura. Tendidos entre 1882 y 1914 con fondos públicos, los ramales
troncales ferroviarios modificaron su traza original para internarse en la cuña boscosa del
norte santafesino y el sur oriental chaqueño y de ese modo proveer a los obrajes y latifundios
forestales de una red de transporte y comunicación para el traslado de maderas, durmientes,
postes y tanino a los puertos del litoral, así como también para facilitar el arribo de
trabajadores provenientes de provincias cercanas. Gran parte de los recursos utilizados para
sufragar la construcción de ramales ferroviarios troncales provino de nuevas ventas de tierras
(JASINSKI, 2012; BRAC, 2013; 2015).

Gracias a los ferrocarriles estatales, La Forestal y/o
sus socias pudieron además introducir material rodante para construir su propia red ferroviaria
privada sin pagar lo que la ley imponía en concepto de patentes, dado que fueron eximidas
con el pretexto de que su obra traería “civilización y progreso” a la región (GORI, 1965).

Con la tierra la situación fue aún peor. En 1905, un año antes del surgimiento oficial
de la mega-empresa, la Santa Fe Land Company había perdido 22 leguas cuadradas de su
inmenso patrimonio territorial debido a los largos litigios judiciales entablados en su contra
por agentes privados que se arrogaban derechos sobre las tierras transferidas décadas atrás a
Murrieta. Buscando compensar la pérdida, la empresa exigió al gobierno santafesino que le
devolviera el monto correspondiente al impuesto inmobiliario pagado entre 1884 y 1905 por
esas parcelas. El reclamo fue finalmente satisfecho en 1909 y la empresa británica obtuvo un
resarcimiento superior a los 3,2 millones de pesos (GORI, 1965), esto es, el triple de lo que el
erario público había recibido en 1881 por la venta de una superficie casi ocho veces mayor.

Siempre, por acción o por omisión, La Forestal y sus antecesoras fueron beneficiarias
de sendas exenciones fiscales y tributarias que indudablemente contribuyeron a engrosar su
patrimonio. El comienzo de las operaciones de la Compañía Forestal del Chaco fue
subsidiado por el gobierno santafesino, que en 1899 renunció a las divisas que la empresa
podría haber tributado al tesoro público al sancionar una ley que eximió por diez años del
pago de impuestos a toda la industria forestal, sobre todo a las empresas productoras de tanino
establecidas o a establecerse en la provincia (BRAC, 2013). Posteriormente, el gobierno
provincial sancionó otra ley en 1905, la cual creaba un impuesto al quebracho extraído de los
bosques provinciales cuyo monto ascendía a cuarenta centavos de peso por tonelada, valor
muy inferior al que regía para la agricultura cerealera de la región (maíz, lino, trigo, etc.). Un
año después, aumentó el gravamen a un peso por tonelada, pero pocos meses después el Poder
Ejecutivo provincial anuló por decreto la ley, vulnerando así facultades constitucionales
propias de la legislatura. Al requerir el Congreso una explicación razonable acerca de la
intempestiva decisión, el Ministerio de Hacienda presentó sus fundamentos en sesión secreta,
violando la obligación de hacer públicos los actos de gobierno. Aunque obviamente la
decisión obedecía a las presiones de La Forestal, el único argumento que trascendió fue el
quebranto presuntamente sufrido por el sector debido a la caída de los precios del tanino,
pretexto endeble teniendo en cuenta que éstos eran manipulados por la propia compañía según
su conveniencia para llevar a sus competidores a la quiebra y absorberlos. Cabe aclarar que
hasta entonces el impuesto representaba el 0,8% de la facturación bruta de la empresa, cifra
que hubiera ascendido al 2,2% de haber prosperado el aumento de 1906 (GORI, 1965).
Otro resonante caso ocurrió en 1913, cuando La Forestal se fusionó con la Santa Fe
Land Company en una operación que, de acuerdo con Jasinski (2012), fue sancionada por
defraudación al fisco. Si bien las tierras incorporadas incluían 80.000 cabezas de ganado cuya
transferencia estaba gravada impositivamente por ley, la empresa no sólo eludió pagar los
104.000 pesos de tributo y multa, sino que además, y después de un largo litigio, un inédito
fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Fe decidió condonarle la
deuda. La mega-compañía también pagaba impuestos irrisorios -o directamente nulos- por la
explotación de los comercios de las localidades tanineras en las cuales operaba (GORI, 1965).

No es extraño entonces que su contribución al erario público haya sido a todas luces
insignificante. Por su inmenso latifundio -cuyas cifras veremos a continuación-, la empresa
pagaba apenas 11 centavos de peso por hectárea en concepto de impuesto inmobiliario, en
tanto que por uno de sus más importantes obrajes abonaba montos anuales equivalentes al
valor de la madera de entre cuatro y apenas dos árboles (8 toneladas de rollizos) -esto es, la
cuadragésima parte de las 350 toneladas que diariamente ingresaban a uno de los principales
centros tanineros santafesinos-. Conviene recordar que no se trataba de una empresa que
sufriera baja rentabilidad o condiciones adversas en el mercado; de hecho, el capital declarado
de La Forestal rondaba los 54 millones de pesos y la venta de tanino le reportaba ingresos
anuales que duplicaban el presupuesto de la provincia de Santa Fe. Peor aún, en el mismo año
(1916) en que la empresa pagaba al fisco provincial menos de 300.000 pesos moneda
nacional, tributaba al gobierno del Reino Unido -donde estaba matriculada pero no realizaba
explotación forestal alguna- nada menos que 768.000 libras esterlinas, es decir, 8,5 millones
de pesos más (GORI, 1965). Con respecto al fisco nacional, sus voluminosas remesas de
tanino estuvieron exentas de pagar derechos de exportación hasta 1948, fecha en la cual
fueron gravadas con una alícuota del 10% (ZARRILLI, 2004). Aún así, esto no impidió que
las ganancias netas de La Forestal ascendieran a 50 millones de dólares durante el período
1947-1957 y a 750 millones de pesos -libres de impuestos- entre 1958 y 1963 (GORI, 1965).

Las redistribuciones estatales a favor de La Forestal prosiguieron incluso luego de que
la explotación de sus tierras llegara a su fin. En 1964, un año después de que la mega-
compañía se retirara del país, el gobierno santafesino ensayó un tibio intento de expropiar los
terrenos abandonados para desarrollar un plan de colonización agrícola, pero las
negociaciones con la empresa extranjera rápidamente tomaron otro cariz: se formalizó un
convenio de compra donde el Estado provincial accedió a pagarle 3,8 millones de pesos por
legua cuadrada regular y 2,5 millones de pesos por la de peor calidad (GORI, 1965),
generando así una nueva y caudalosa transferencia de recursos públicos a las arcas del capital.
La privatización y cercamiento del territorio: del acaparamiento neocolonial de tierras y
recursos al control corporativo de la red urbana y de transporte.

Como es bien sabido, para Marx (1968) el momento fundacional de la acumulación
primitiva u originaria fue la disolución del vínculo entre la fuerza de trabajo y los medios de
producción, algo que entre finales del Siglo XVI y comienzos del Siglo XIX se materializó en
el despojo y privatización de tierras comunales, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo.
Lejos de remitirse al pasado, el mismo fenómeno forma parte de las políticas de desposesión y
cercamiento contemporáneas, que han dado curso al auge del llamado «acaparamiento de
tierras‟ (land grabbing apropiación de tierras) tanto en África y Asia como en América Latina
(HARVEY, 2014).

Por regla general, la experiencia empírica demuestra que esta mercantilización, privatización
y extranjerización de la tierra forma parte de una estrategia neocolonial e imperial de
apropiación de recursos naturales (HARVEY, 2004) cruciales para el desenvolvimiento del
capitalismo y/o la perpetuación de la hegemonía de las grandes potencias de turno. Esto suele
derivar en el desarrollo de expropiaciones geográficas que articulan a los lugares a las cadenas
mundiales de valor de las corporaciones transnacionales para adaptar su tejido socio –
productivo a la dinámica globalizada del capital (MACHADO ARÁOZ, 2010).

La ya comentada apropiación de tierras fiscales por parte de la Santa Fe Land
Company no sólo implicó la entrega más grandiosa de quebrachales colorados realizada en el
mundo, sino que además supuso que el 12% de la superficie de la provincia de Santa Fe
quedará bajo el control de la empresa (GORI, 1965). Sin embargo, y aunque esto desempeñó
un papel extremadamente importante en ese doble proceso apropiación imperial de tierras y
recursos naturales, la privatización y cercamiento del territorio recién habían comenzado.
Signada por la invasión y genocidio del Paraguay a manos de Brasil, Argentina y
Uruguay, la infame Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) dejó como saldo a nuestro país
un botín territorial de 94.000 km2. Dicho botín incluía, entre otras, a las actuales provincias
de Chaco y Formosa, las cuales junto a Santiago del Estero, el este de Salta, el sur de
Corrientes y el norte de Santa Fe configuraban la región más rica en quebrachales del país.
Sin embargo, la explotación este recurso sufría múltiples dificultades debido al persistente
dominio aborigen del territorio. Recién a finales del Siglo XIX la acción combinada de la
legislación colonizadora (1876), las campañas militares de conquista del Chaco (1884) y la
Ley de Liquidación (1891) logró remover los obstáculos que impedían la difusión del
capitalismo en la región. Como resultado, los pueblos originarios fueron despojados de sus
dominios ancestrales y sojuzgados mediante la violencia militar, social y política, mientras
que el bosque o «desierto verde‟, otrora visto por las clases dominantes como un estorbo al
progreso, pasó a ser valorado -es decir, mercantilizado- como un recurso que aportaría
ingresos económicos y operaría como punta de lanza para la llegada de población,
infraestructura, industrias y establecimientos agropecuarios (EDIN CUADRA, 2012). A raíz
de esta expansión de la frontera capitalista, la sinergia entre las necesidades de madera para el
tendido de ferrocarriles y la demanda mundial de extracto de quebracho consolidaron un
modelo del cual participaron varias empresas, con La Forestal como principal exponente.

Como bien señala Zarrilli (2004), en ese marco la apropiación de la tierra para
propósitos forestales no se produjo de manera instantánea, sino que formó parte de un largo
proceso histórico. Dado que en sus comienzos el modelo de uso del territorio asociado a los
obrajes no implicaba la propiedad privada de la tierra, la legislación implementada a partir de
1879 se limitaba a otorgar concesiones de hasta 12 leguas cuadradas de superficie, límite que
en 1885 fue elevado a 100 km2 por empresa. Sin embargo, la falta de control y regulación
estatal, combinada con nuevas ventas de tierras fiscales y la radicación de las primeras
fábricas de tanino, pronto dieron lugar a fenómenos de acaparamiento de áreas holgadamente
mayores. El patrimonio inmobiliario de la Compañía Forestal del Chaco, que había
comenzado a forjarse en 1879, luego de la concesión de 31.000 hectáreas a uno de sus socios
fundadores, aumentó exponencialmente hasta alcanzar las 516.958 hectáreas a comienzos del
Siglo XX, esto sin considerar otras 400.000 hectáreas bajo arriendo y concesión. Con la
fusión de 1913 -ya bajo la razón social de La Forestal-, la firma mencionada incorporó las
278.487 hectáreas que por su parte había reunido la Argentine Quebracho Company, así como
también las propiedades que, luego de los diversos negocios realizados, aún conservaba en su
poder la Santa Fe Land Company -805.000 hectáreas de quebrachales y 224.000 hectáreas de
estancias- (BÜNSTORF, 1982; BITLLOCK y SORMANI, 2012; BRAC, 2015). Como
resultado, esta última empresa fue la que efectuó el aporte territorial y económico más
sustancioso al patrimonio de La Forestal, explicando la mitad de las tierras en su poder.
Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, la mega-compañía era, junto al grupo
ganadero Liebig, el terrateniente extranjero más importante de la Argentina (ZARILLI, 2004).
Esta afirmación dista mucho de ser exagerada. Gracias a la absorción de competidores, La
Forestal continuó expandiéndose hasta finales de la década de 1920, y aunque no existe
consenso definitivo acerca de las cifras máximas que alcanzó su latifundio, todas las fuentes
disponibles coinciden en afirmar que dicha extensión rebasó holgadamente los 2 millones de
hectáreas. Para Gori (1965), la compañía fue propietaria de 2.100.000 hectáreas sólo en la
provincia de Santa Fe, sin incluir otras 400.000 hectáreas en Chaco y una superficie sin
precisar en Formosa, Santiago del Estero, Jujuy y Salta; para Bitllock y Sormani (2012),
controlaba 2.226.177 hectáreas; y para Bünstorf (1982), poseía 2.300.000 hectáreas. Esta
última cifra es similar a la aportada por Zarrilli (2008) -2.320.000 hectáreas-, aunque en un
trabajo anterior este autor señaló que la firma había comprado más de tres millones de
hectáreas (ZARRILLI, 2004). Tales discrepancias se derivan de la inclusión o no en la
estimación de lotes fiscales y tierras clandestinamente explotadas sin título jurídico de
propiedad, estancias ganaderas y arrendamiento de bosques pertenecientes a terceros.

Como sea, lo cierto es que en su época de mayor esplendor La Forestal no sólo fue
uno de los principales terratenientes del país, sino quizás también el latifundista extranjero
más grande de toda la historia argentina; de hecho, sus niveles de concentración de la tierra no
lograrían ser superados ni igualados durante los siguientes períodos históricos. Aún hoy día,
en tiempos donde arrecia el land grabbing  (apropiación de tierras), habría que sumar el área
controlada por los dos terratenientes foráneos más importantes del país -la empresa
agropecuaria estadounidense AIG (1.500.000 hectáreas) y el grupo italiano textil Benetton
(900.000 hectáreas)- para acercarse a la vasta superficie que estuvo en poder de La Forestal
a inicios del Siglo XX.

Pese a que esta situación trasgredía flagrantemente la legislación nacional vigente -la
Ley de Tierras de 1903, que estipulaba que se podía conceder hasta un máximo de 10.000
hectáreas de bosque por empresa-, el monstruoso latifundio de La Forestal no despertó
inquietud alguna en el poder político, que no se inmutó frente al hecho de que inmensos
quebrachales y numerosos arroyos, ríos y puertos cayeran en sus manos. Antes bien, para las
élites nacionales y provinciales de la época la compañía extranjera, en su carácter de empresa
capitalista proveniente de un país europeo civilizado e industrializado, desempeñaba la doble
función de portadora del progreso y guardiana de la frontera con lo “inculto” y lo “salvaje” en
tierras que, hasta su arribo, habían carecido absolutamente de valor (BRAC, 2006).

El acaparamiento de tierras permitió a La Forestal prácticamente monopolizar el
mercado del extracto de quebracho; de hecho, en 1920 concentraba nada menos que el 80%
de la oferta nacional de esa sustancia (JASINSKI, 2012), llegando incluso a controlar el
comercio internacional de tanino en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa Central y
América del Sur (BITLLOCK y SORMANI, 2012). Si bien para 1931 el ciclo expansivo ya
había culminado, su inercia se prolongó hasta 1942. Cabe destacar que si bien durante la
década de 1940 y la primera mitad de los años cincuenta la ideología estatista y la retórica
anti-imperialista de los gobiernos de turno se plasmó en la expropiación de varias firmas de
capital extranjero e, incluso, de algunos latifundios en el norte del país, el imperio de La
Forestal se preservó intacto, y si mermó en su cuantía, fue porque obedeció exclusivamente a
decisiones de la propia empresa. De hecho, su influencia en el poder político nacional
aumentó hasta el punto de lograr que el Estado fortaleciera la posición cuasi-monopólica de la
firma sancionando un régimen de cuotas de exportación que entre 1942 y 1960 sofocó a sus
competidores. En el ínterin, la compañía comenzó a desprenderse lentamente de su vasto
patrimonio territorial, pero sin perder por completo su control sobre el recurso forestal;
cuando las tierras transferidas a terceros poseían quebrachales sin explotar, el comprador
quedaba sujeto a la condición de entregarle los “corazones” -la parte más rica en tanino- de
los árboles de mayor tamaño para que fueran industrializados en sus fábricas (GORI, 1965).

La concentración de tierras y recursos forestales sentó las bases para otras dinámicas
expropiatorias, en un modelo donde la compañía privatizó la producción social del espacio y
corporatizó del uso del territorio. Ejemplo de ello fueron las redes de infraestructura de
transporte y comunicación. Como ya se explicó, los ferrocarriles del Estado fueron
determinantes para que la industria forestal se instalara en la región, operando como puntas de
lanza para la penetración territorial del capitalismo y así viabilizar la explotación de tierras
improductivas. Sin embargo, estas vías férreas pronto se tornaron insuficientes para servir
adecuadamente a los intereses de La Forestal debido a la dinámica productiva del sector.
Inestables e itinerantes por naturaleza, los obrajes forestales dependían para su permanencia
de la disponibilidad, calidad, estacionalidad y densidad de los recursos forestales
(BITLLOCK y SORMANI, 2012). Una vez agotados los quebrachales cercanos, los obrajes
debían relocalizarse, alejándose cada vez más de las fábricas de tanino para internarse bosque
adentro y así recomenzar el ciclo extractivo. Como resultado, garantizar la conexión entre las
fuentes de materia prima y los centros industriales requirió la construcción de pequeñas vías
férreas que acompañaran el desplazamiento de la frontera forestal y se articularan a los
ramales troncales estatales. La compañía tendió así su propio sistema de ferrocarriles privados
o particulares, el cual alcanzó una extensión de 700 km. de vías (BÜNSTORF, 1982).

Gracias a sus ferrocarriles privados, La Forestal logró acentuar su control sobre el
territorio y los flujos espaciales de capital y fuerza de trabajo, generando nuevos cercamientos
que, dada la virtual ausencia del Estado, cercenaron el derecho constitucional de circular
libremente por el territorio nacional y desalentaron las relaciones sociales extra-regionales.
Pese a la expresa prohibición gubernamental, la empresa no se contentó con usufructuar su
red ferroviaria para transportar su producción, sino que además la explotaba comercialmente
vendiendo selectivamente pasajes a terceros. Jasinski (2012) explica que, para desplazarse de
una localidad taninera a otra, o incluso para ingresar o salir de los dominios de La Forestal, la
única opción era el tren de la compañía, quien exigía a obreros y ocasionales transeúntes
sendas explicaciones acerca de las razones por las cuales viajaban; si éstas no eran
debidamente explicitadas, o bien no satisfacían a la gerencia, la empresa rehusaba venderles
pasajes. Una de las principales causas de este control corporativo obedecía -como se verá más
adelante- al monopolio comercial que la compañía ejercía en las localidades tanineras sobre la
venta de artículos de consumo básico; de ahí que la política de La Forestal fuera impedir que
los pasajeros de sus trenes volvieran con mercaderías y negar directamente la posibilidad de
embarque a los obreros que confesaran que viajaban para realizar compras fuera de su lugar
de residencia. Esta situación era aún más grave en lo que atañe a educación y salud: a
menudo, los niños provenientes de localidades tanineras donde no existían escuelas se veían
impedidos de arribar a colegios de otros pueblos, en tanto que la gerencia solía rehusar vender
pasajes a quienes, aduciendo malestares o enfermedades, solicitaran utilizar el tren de la firma
para viajar a localidades donde pudieran recibir atención sanitaria (JASINSKI, 2012).

La extranjerización de los quebrachales y el control corporativo de la red de transporte
en muchos casos fueron paralelos a la privatización de la producción de suelo urbano. De la
veintena de plantas tanineras que La Forestal llegó a controlar en todo el país, algunas se
emplazaban en localidades fundadas por otras empresas a finales del Siglo XIX y que
posteriormente fueron compradas y cerradas por la mega-compañía durante las primeras dos
décadas de la siguiente centuria -por ejemplo, Peguajó (Corrientes) y Calchaquí, El Mocoví y
Colonia Benítez (Santa Fe)-. Otras habían sido creadas por la Compañía Forestal del Chaco,
la Argentine Quebracho Company o la Santa Fe Land Company, y a raíz de la fusión de 1913
pasaron a integrar el patrimonio de La Forestal -Fives Lille, Tartagal, Villa Guillermina, La
Gallareta y Santa Felicia (Santa Fe)-. Otro grupo de pueblos de fábrica fue fundado una vez
que la firma se constituyó oficialmente -Villa Ana (Santa Fe), General Pinedo y Puerto
Bermejo (Chaco), Monte Quemado y La Verde (Santiago del Estero), Vinalito Yuto (Jujuy)-,
mientras que algunas localidades dependían indirectamente de la firma a través de contratos
de producción celebrados entre sus propietarios y La Forestal -Puerto Tirol (Chaco)- o bien
fueron absorbidas a comienzos de la década de 1940 -Weisburd (Santiago del Estero)-.

Completaban este esquema decenas de pequeños pueblos surgidos al calor de los obrajes
forestales. Secundada por La Gallareta, Villa Ana y Tartagal, la localidad más importante era
la santafesina de Villa Guillermina, cuya planta de tanino era la más grande del mundo.
Gori (1965) explica que, hasta 1905, los poblados tanineros santafesinos y chaqueños
gozaban de cierta autonomía y la gravitación empresarial sobre su vida de relaciones no era
mayor a la influencia habitual que toda gran industria tiene sobre la población que la circunda.
Todo cambió, empero, a partir de su constitución oficial como La Forestal, cuando la
empresa se convirtió en la única ordenadora y organizadora del espacio público (BRAC,
2006). Elegido el sitio para emplazar una fábrica y el pueblo que la serviría, los ingenieros y
técnicos de la compañía realizaban planos y construían todas las instalaciones, sin
intervención estatal alguna y sin siquiera molestarse en denunciar el trazado ante las
autoridades; de hecho, en muchos casos la aprobación gubernamental recién llegaría veinte
años después (GORI, 1965).
Configurando una “generación” o “familia de ciudades” (SANTOS, 1971, p. 38)
enteramente privadas, muy similares entre sí en su morfología espacial y organización
funcional y donde la presencia institucional del Estado era apenas nominal, estas localidades
tanineras dependían en todos sus aspectos esenciales (económicos, sociales, políticos,
demográficos, culturales, etc.) del modelo corporativo de uso del territorio de La Forestal.

Allí no era posible residir ni comerciar sin autorización de la gerencia. Cuando existían, las
escuelas se hallaban tácitamente bajo el patronato de la compañía; los cargos educativos eran
designados por las autoridades provinciales, pero era la empresa quien dotaba a los colegios
de edificio gratuito, subvencionaba a los directores y mantenía gran discreción acerca de las
materias de enseñanza al alumnado. En los contados casos en los que algún director escolar
osó cuestionar a la empresa, la gerencia exigió su remoción al Consejo Nacional de
Educación, obligando a sus empleados a refrendar tal solicitud; quienes no firmaban perdían
su fuente laboral y eran expulsados del pueblo. Situaciones similares se reportaban en el caso
de comisarios y jueces de paz. Los mecanismos de control y disciplinamiento social de la
empresa llegaban al extremo de vigilar la correspondencia de los habitantes y violar el secreto
telegráfico (JASINSKI, 2012; 2013). Y por si hiciera falta algo más para demostrar que La
Forestal era ama y señora absoluta de los pueblos tanineros que fundaba, Gori (1965) señala
que la firma izaba su propia bandera, en una explícita demostración de neocolonialismo.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la mega-compañía inició un lento pero
constante desplazamiento de sus intereses hacia el continente africano, donde el tanino de las
plantaciones de mimosa de la propia empresa comenzaba a competir con el extracto de
quebracho. Su estrategia de cierre escalonado de plantas tanineras se prolongó durante casi
dos décadas y la agonía concluyó en 1963. Aunque en el caso santafesino una ley provincial
se lo impedía, la empresa llevó a cabo el desmantelamiento habitacional y urbano de sus
pueblos tanineros, levantando las vías férreas, cortando a ras del suelo de los guinches para
cargar madera, cerrando las proveedurías, destruyendo el sistema de almacenamiento de agua
potable y levantando las casillas, viviendas y demás infraestructura (BRAC, 2006).

Como era de esperar, el impacto sobre la dinámica demográfica regional fue brutal.
Sobre la base de datos oficiales, el Cuadro 1 no deja lugar a dudas al mostrar claramente el
fuerte retroceso poblacional sufrido por las seis localidades tanineras santafesinas y chaqueñas
más importantes a partir del inicio del desmantelamiento del imperio de La Forestal. Según
los Censos Nacionales, entre 1947 y 1970 la población general de estos centros se redujo un
59,46% -pasó de 27.064 a 10.973 habitantes-, registrándose caídas aún más sustanciales en
los casos de Puerto Bermejo (63,63%), Tartagal (63,96%), Villa Guillermina (70,06%) y Villa
Ana (77,68%). El último cierre correspondió a La Gallareta, lo cual explica la caída
relativamente más moderada sufrida por esa localidad. Otros pequeños centros fabriles -no
incluidos aquí debido a la ausencia de datos- directamente desaparecieron, dejando de figurar
en los registros censales. Sumida en el abandono y el aislamiento, buena parte de su población
se vio empujada a emigrar, a tal punto que muchas localidades tanineras se convirtieron en
„pueblos-fantasma‟. Otras a duras penas lograron sobrevivir, y sus habitantes aún hoy día
expresan nostalgia por los tiempos de antaño (BRAC, 2006; 2015). Suplantando una forma de
expropiación geográfica por otra -esto es, la valorización, apropiación y producción
corporativa del espacio por la devaluación y destrucción de su tejido material y social-, La
Forestal sepultó, pues, a la familia de ciudades a la que había dado a luz medio siglo atrás.
De expropiaciones socio-laborales: super-explotación de la fuerza de trabajo y
avasallamiento de derechos.

En la literatura sobre la acumulación por desposesión, es un lugar común señalar que
desde mediados de la década de 1970 en adelante el redoblado asalto el capital contra la
fuerza de trabajo ha domeñado o desmantelado el poder del proletariado, disciplinándolo –
bajo el eufemismo de la «flexibilización laboral‟- mediante la supresión de derechos
duramente conquistados tras décadas de encarnizada lucha de clases (HARVEY, 2007). Sin
embargo, las dinámicas expropiatorias asociadas al mercado de trabajo lejos están de
configurar un mecanismo novedoso. En su temprana definición de la acumulación primitiva,
Marx (1968) ya había incluido a mecanismos tales como la ampliación de la jornada laboral,
la reducción salarial por debajo del nivel mínimo de subsistencia, los regímenes de trabajo
esclavo y semi-esclavo y la prohibición o desaliento a la sindicalización de los obreros. Así, el
despojo directo del valor producido por el trabajo social en el lugar de producción emerge
como un eslabón primordial de la inmensa y flexible cadena de desposesión que nutre y
sostiene la apropiación y acumulación de la riqueza común en manos del capital (HARVEY,
2014). Estas dinámicas se expresaron con absoluta crudeza en el caso aquí estudiado.

Si bien el despiadado régimen de explotación laboral de La Forestal ha sido quizás el
aspecto más profusamente abordado por la bibliografía, rara vez ha sido interpretado a la luz
de los procesos de acumulación originaria/por desposesión. Sin embargo, tanto en los obrajes
situados en el seno de los quebrachales como en el interior de las plantas de tanino localizadas
en los pueblos de fábrica, la prosperidad de la mega-compañía invariablemente se basó en una
nutrida miríada de expropiaciones socio-laborales que incluyeron desde la proletarización
forzada y la precarización del mercado de trabajo hasta la desposesión del derecho a la salud y
la violencia lisa y llana, pasando por la denodada resistencia a la actividad sindical y el
recurso a distintos mecanismos de super-explotación y expoliación de los trabajadores.

La primera cuestión a considerar es que el modelo de La Forestal supuso la erosión y
eliminación de formas de producción pre-capitalistas, destruyendo modalidades tradicionales
de producción y consumo. Si bien buena parte de la fuerza de trabajo de la compañía
correspondía a inmigrantes correntinos, santiagueños y paraguayos, el componente regional
también poseía cierta gravitación. Dado que las campañas militares de finales del Siglo XIX
ya habían disuelto el vínculo entre los aborígenes y la tierra, la primera fuente de fuerza
laboral con que contó la empresa fue la población indígena chaqueña y santafesina, que
desposeída de sus medios de vida se sumó a los obrajes bajo condiciones coactivas
garantizadas por la presencia de los fortines del ejército. La desarticulación de su modo
tradicional de vida fue parcial al principio, pues debido a las condiciones climáticas de la
época estival (altísimas temperaturas, intensas lluvias, etc.) el trabajo de los hacheros se
tornaba imposible, generando “tiempos muertos” donde los indígenas regresaban
temporalmente a sus prácticas ancestrales de caza, pesca y recolección para subsistir. Sin
embargo, estas formas pre-capitalistas fueron perdiendo su capacidad de garantizar la
reproducción social sin recurrir al trabajo asalariado (BRAC, 2013) y con el paso del tiempo
desaparecieron por completo, a tal punto que durante los momentos de paralización cíclica de
la actividad extractiva e industrial la subsistencia de los trabajadores de La Forestal pasó a
depender casi exclusivamente de la mendicidad y de “dádivas” otorgadas por la firma.

Otra cuestión a subrayar es que este proceso de proletarización se basó en prácticas de
sub-contratación. En las fábricas de tanino, la empresa entabló una relación formal con sus
asalariados, pero en los obrajes tejió un vínculo laboral absolutamente precario, delegando en
contratistas el reclutamiento, control y disciplinamiento de la fuerza de trabajo en condiciones
que estuvieron muy próximas a la esclavitud. Sin perjuicio de lo anterior, y aunque a menudo
el contratista fue la figura que sirvió de chivo expiatorio para el perverso sistema de
explotación implementado por la mega-compañía, lo cierto es que la independencia de este
agentes social con respecto a la patronal no existía en los libros de contabilidad: no sólo el
número de trabajadores organizados e incorporados por el contratista era determinado por La
Forestal, sino que ésta llevaba además un riguroso registro de sus períodos de permanencia,
sanciones disciplinarias y jornales pagados, proporcionando las herramientas de trabajo
utilizadas por las cuadrillas y disponiendo cómo debía distribuirse el pago por la producción
de rollizos entre el contratista y los peones que éste había reclutado (BRAC, 2006; 2013;
GORI, 1965).

De los aportes de estos autores surge asimismo otro vínculo con la acumulación por
desposesión: el trabajo infantil. Al quedar sometida a un régimen de pago a destajo -es decir,
por volumen producido-, la dura labor del hachero absorbía a todo el grupo familiar: sin
recibir remuneración alguna, mujeres y niños colaboraban limpiando el suelo en torno al árbol
a derribar; y más tarde, los hijos del peón ingresaban como obrajeros inmediatamente después
de haber concluido -cuando existía- la escuela primaria. Es importante señalar que el trabajo
infantil está bien documentado por las fuentes disponibles. De acuerdo con Gori (1965), en el
listado de trabajadores procesados y condenados por la justicia santafesina debido a su
participación en la huelga de 1921 figuraban sujetos de 15, 12 y hasta 10 años de edad.

En lo que concierne estrictamente a los obreros de las fábricas de tanino, la política de
La Forestal se caracterizó por su fuerte y enconada resistencia a la actividad sindical de
cualquier índole. Las primeras iniciativas de sindicalización surgieron en 1911 con la
embrionaria constitución de sociedades de socorros mutuos, y si bien fueron rápidamente
neutralizadas por la compañía, ésta no pudo impedir que en 1913 se declarara la primera
huelga, que concluyó sin repercusiones. Recién seis años después surgió el Sindicato de
Obreros del Tanino, que presentó un nutrido conjunto de reivindicaciones a la empresa. Sin
embargo, la firma desconoció la representatividad de la entidad y rechazó tales reclamos,
dando lugar así al estallido de un conflicto que se extendió desde diciembre de 1919 a enero
de 1920, paralizó a todos los pueblos y obrajes del Chaco santafesino y ocasionó sustanciosas
pérdidas a la compañía. Como resultado, la mega-compañía debió transigir en su postura y
prometer aumentos salariales, pero luego dilató la aplicación de los convenios para así diluir
el impacto de las conquistas obreras (GORI, 1999; BRAC, 2006; JASINSKI, 2012).

Peor desenlace tendría la nueva huelga desencadenada en 1920. La empresa volvería a
incumplir sus promesas de incremento salarial y no se obtendría ninguna mejora, excepto la
temporal reducción de la jornada laboral; paralelamente, la patronal despidió y expulsó a los
obreros «indeseables‟, categoría en la que automáticamente ingresaba cualquier trabajador que
hubiera participado del conflicto o simplemente hubiera protestado (BRAC, 2006). No
conforme con ello, a partir de entonces el capital desplegó una contra-ofensiva orientada a
desarticular al movimiento obrero y disciplinar a la fuerza laboral. Su estrategia consistió en
llevar adelante una política de lock-out basada en el cierre temporal de fábricas y la cesantía
masiva de trabajadores, focalizando la purga en los obreros ligados a la actividad sindical.

Esta contra-ofensiva rigió a lo largo del bienio 1920-1921 y afectó a entre 12.000 y 20.000
personas que, repentinamente, se vieron despojadas de su fuente de sustento para ser arrojadas
sin más preámbulo a la pobreza. La pérdida del puesto laboral implicaba perder la vivienda y,
acusados de “vagancia”, los obreros despedidos y sus familias fueron desalojados por la
fuerza de sus residencias y expulsados de los dominios territoriales de la empresa británica.

Buscando detener los cierres y despidos deliberados, en 1921 los obreros de La
Forestal lanzaron una nueva huelga, la más grave y prolongada, ante lo cual la empresa tomó
diversas represalias, las cuales incluyeron más cesantías masivas -en algunos casos, de
empleados con hasta 22 años de antigüedad-, nuevos desalojos, deportación de obreros fuera
de las áreas controladas por la compañía, quema de viviendas e incluso la masacre de quienes
fueron identificados como foco de la rebelión (GORI, 1965). Cuando un año después la
empresa reactivó las fábricas de tanino, paralelamente introdujo un programa de reformas
que, si bien contemplaba la creación y organización de nuevas instituciones, excluía
explícitamente a los locales sindicales. Asimismo, fragmentó el movimiento obrero al
reincorporar a los trabajadores despedidos en plantas y localidades distintas de aquellas en las
que cuales se habían desempeñado hasta la huelga 1921 (JASINSKI, 2013; BRAC, 2015).
Como resultado, no volverían a desatarse conflictos laborales hasta 1936, cuando se
produjo una pequeña huelga que, si bien tuvo escasa repercusión, sirvió para que, amparados
en la legislación provincial, los trabajadores fundaran el Sindicato Obrero de la Industria del
Quebracho y Anexos y de ese modo pudieran legalizar las organizaciones que venían
funcionando clandestinamente durante los años previos. Aún así, durante este nuevo conflicto
-el último del cual se tiene registro- La Forestal recurrió a sus viejas armas (amenazas de
despido, cierre de fábricas, etc.) para desarticular el reclamo obrero, logrando así que las
fábricas continuaran operando con turnos laborales nocturnos y rotativos (BRAC, 2006).

Para comprender más acabadamente la hostilidad de La Forestal a la actividad sindical
es importante incorporar al análisis la sobre-explotación laboral y el uso de la violencia, dos
formas de acumulación por desposesión ligadas a las condiciones de trabajo que detonaban
los conflictos y los mecanismos que el capital ponía en juego para sofocarlos. Tanto en los
obrajes forestales como en las fábricas de tanino se observaban dos de las formas de super-
explotación laboral reconocidas por Marini (1991): prolongadas jornadas laborales y
remuneraciones inferiores al costo de reproducción de la fuerza de trabajo. En el caso de los
obrajes, la informalidad del vínculo laboral y la libertad de los contratistas para organizar la
actividad determinaban que el régimen de remuneración a destajo, la resistencia física del
hachero y las necesidades económicas de éste y su familia fueran prácticamente los únicos (y
crecientemente flexibles, por cierto) límites con los que se topó la ampliación de la jornada de
trabajo. Y no era infrecuente que, durante el pesaje de los rollizos de quebracho, las balanzas
de la empresa acusaran un volumen un 30% inferior al real, arrebatando a los obrajeros
aborígenes una significativa porción de sus míseros jornales (BIALET-MASSÉ, 1985).

En las plantas de extracto de quebracho, en cambio, la patronal fijó casi
invariablemente jornadas laborales de 10 a 12 horas diarias, es decir, muy por encima de lo
aceptado por la normativa internacional y nacional. Con respecto a las remuneraciones, de los
datos aportados por Jasinski (2013) y Gori (1965) se desprende que los jornales oficiales de
los obreros rasos oscilaban en 1922 entre 2,8 y 6 pesos diarios -es decir, entre 56 y 120 pesos
mensuales-, mientras que los de los hacheros, que en 1916 ascendían a 2,20 pesos diarios, y
en 1933, a 3 pesos, se habían desplomado en 1939 a apenas 1,20 pesos diarios o, lo que es
igual, habían mermado de 60 a 24 pesos mensuales. Representando el único ingreso con el
que contaba cada grupo familiar de cuatro personas promedio, ninguno de los guarismos
señalados era suficiente para cubrir los gastos más indispensables. A título comparativo, basta
señalar que en 1939 el salario de un maestro (130 pesos mensuales) quintuplicaba la
remuneración de un obrajero, no obstante lo cual el salario docente era considerado como un
“sueldo de hambre”; paralelamente, el salario percibido por un hachero en 1916 y 1933 sólo
alcanzaba para comprar 10 kg. de carne (GORI, 1965). Y a su vez inspecciones de la
Dirección Nacional de Trabajo constataron que los jornales reales eran más bajos que los
volcados en las planillas de La Forestal o las libretas de los trabajadores (JASINSKI, 2012).

Recién a mediados de la década de 1940 la nueva legislación laboral dispuesta por el
Estado nacional para los trabajadores del sector rural redujo la jornada laboral a 8 horas y
aumentó el jornal a 4,50 pesos, instaurando también el pago del aguinaldo, el goce de diez
días de vacaciones y la provisión gratuita por parte de la patronal de indumentaria para
trabajar a la intemperie (BRAC, 2006). Como era de esperar, las mejoras salariales y laborales
impuestas por el gobierno nacional no fueron del agrado de la compañía: para Bitllock y
Sormani (2012), fueron uno de los factores que impulsaron a La Forestal a desplazar
progresivamente sus inversiones a las plantaciones sudafricanas, estimulada tanto por el
régimen del apartheid allí reinante como por las quejas de sus accionistas, que en 1946 habían
llegado a la conclusión de que los salarios argentinos habían alcanzado niveles que la
industria no podía soportar. A su vez, la nueva normativa obligaba al pago de
indemnizaciones por despido, pero cuando La Forestal se retiró del país abonó sólo una parte
del monto correspondiente a los hacheros y contratistas cesanteados (GORI, 1965).

Otros mecanismos de expoliación continuaron durante todo el período analizado sin
sufrir cambio alguno. Todas las fuentes disponibles coinciden en que, sin importar si su
vínculo con la empresa era formal o no, los trabajadores de La Forestal recibían sus magras
remuneraciones en vales, letras de cambio o, incluso, en moneda emitida por la propia
compañía cuyo valor era muy inferior al de la moneda nacional de curso legal. Esta última
práctica perduró hasta 1925, cuando se sancionó una ley nacional que prohibió ese medio de
pago y obligó a que circulara el peso argentino, con liquidación mensual o quincenal. Sin
embargo, los vales continuaron siendo usados como moneda paralela (ZARRILLI, 2004).
Todas las mercancías que consumían sus obrajeros y asalariados eran proporcionadas por las
proveedurías de la propia compañía en condiciones abusivas. Esto se hacía extensivo a todos
los alimentos y alcanzaba proporciones usurarias en la vestimenta, lo cual era justificado por
la empresa difundiendo la creencia de que muchos de estos artículos eran importados de
Estados Unidos e Inglaterra, cuando en realidad eran de pésima calidad y valían casi tres
veces más que prendas similares vendidas en comercios de la provincia (BIALET-MASSÉ,
1985; BRAC, 2006). La carne, que por lo general provenía del sacrificio de animales viejos y
enfermos y solía llegar en estado de descomposición, se vendía a un precio que triplicaba su
valor real, costaba casi el doble para el obrajero que para el obrero de fábrica, e incluía
escandalosas estafas en su pesaje (BIALET-MASSÉ, 1985; GORI, 1965; JASINSKI, 2012).

Para garantizar este ruin monopolio, comerciantes ajenos a la empresa no podían ingresar a
sus dominios, y a más de 400 km. de distancia ningún comercio independiente podía vender
artículo alguno a sus trabajadores sin contar con autorización de la gerencia (GORI, 1965).
Actividades ilícitas, como el juego y el proxenetismo, también contribuían a que los
miserables jornales de los trabajadores de La Forestal retornaran con creces a las arcas de la
compañía. Única propietaria de bares, canchas de taba y “casas de baile”, la empresa instruía
a los contratistas para que repartieran fichas como adelanto de pago de jornales de los
hacheros para estimular el juego. Lo mismo ocurría con el alcohol y la prostitución (BRAC,
2013; JASINSKI, 2012). Todos los mecanismos señalados más arriba concuerdan con la
descripción de Harvey (2014) sobre las pequeñas y rutinarias tácticas contemporáneas de
acumulación por desposesión que, mediante extracciones abusivas, sustraen a los trabajadores
su participación en el excedente para de ese modo reducir su nivel de vida y someterlos aún
más al yugo del capital. La única diferencia estriba en que las formas actuales permiten al
capital recuperar parte del valor perdido al ceder a las demandas obreras, mientras que en este
caso dicha estrategia llegaba al extremo de absorber casi la totalidad de los salarios de los
trabajadores, embargando sus remuneraciones presentes e hipotecando sus ingresos a futuro.
Como era de esperar, tanto en el caso de la alimentación y la vestimenta como en el
caso del “ocio” el resultado fue la sujeción al trabajo por deudas, un mecanismo que se reveló
extremadamente eficaz no sólo para disciplinar a la fuerza de trabajo, sino también para
retenerla e impedir que durante los períodos de paralización de la actividad decidiera emigrar
para conchabarse en las plantaciones algodoneras o los cañaverales azucareros del norte
argentino. Esta estrategia se complementaba con la política “asistencial” de La Forestal, que
durante los “tiempos muertos” de la época estival o las fases de paralización deliberada de las
fábricas distribuía “limosnas” semanales entre las familias de los trabajadores desocupados
para alentarlos a permanecer en sus dominios (GORI, 1965). Así pues, el círculo se cerraba y
todas las estrategias de super-explotación y expoliación se retroalimentaban entre sí: dado que
los momentos de detención de sus fábricas de tanino eran aprovechados por La Forestal para
intensificar su política expansionista y absorber competidores, paulatinamente la firma se
convirtió en casi la única fuente laboral de la región; y a su vez, la desocupación intermitente
le aseguraba la continuidad y/o reducción de los bajos jornales que pagaba, permitiéndole
generar un peculiar ejército de reserva formado por los propios empleados de la empresa.

Otras condiciones laborales y de vida se refieren a modalidades de despojo que deben
ser entendidas como desposesiones del derecho a la salud (GÓMEZ LENDE, 2015). Tanto los
obrajes forestales como las fábricas de tanino reunían características que revelaban con
extrema crudeza cómo la acumulación del capital se desarrollaba a expensas de la salud, la
dignidad e incluso la propia vida humana. La labor en los quebrachales era tan dura y pesada
que nadie duraba más de diez años en un obraje, en tanto que las muertes por mordedura de
serpiente venenosa eran tan frecuentes que representaban la mitad de los accidentes suscitados
por la actividad extractiva, razón por la cual los tribunales de trabajo debieron reconocerlas
como accidentes laborales (GORI, 1965). A esto se añadía la llamada «enfermedad del
quebracho‟, una serie de infecciones que solía afectar a los trabajadores novicios que se
enfrentaban por primera vez a la tarea, dejándolos incapacitados temporalmente y, en
ocasiones, de por vida (BIALET-MASSÉ, 1985). Hasta 1945, cuando se implementó el
Estatuto del Peón Rural y la firma se vio obligada a establecer casillas de madera en los
obrajes, la única vivienda con la que contaron los hacheros y sus mujeres y niños fueron
excavaciones donde se erigían ranchos improvisados con troncos, ramas, astillas, hojas y
bolsas. Sólo durante la época de lluvias, cuando se producían inundaciones, la empresa
enviaba vagones para que los obrajeros se guarecieran de las inclemencias climáticas, pero
durante el resto del año dormían en pozos y enramadas y bebían agua de charcos (GORI,
1965).

Sería erróneo pensar que las condiciones eran sustancialmente mejores en los pueblos
erigidos en torno a las fábricas de extracto tánico. En este caso, La Forestal construía
viviendas para los obreros, y pese a que éstos debían pagar por ellas, no les pertenecían. Tales
residencias consistían en empalizadas de troncos revestidas de barro y paja, con techo de zinc
muy bajos y muros agrietados, donde los trabajadores vivían literalmente hacinados. En las
fábricas, inspecciones realizadas por informantes de la Dirección Nacional de Trabajo
testimoniaban que las condiciones de seguridad e higiene eran absolutamente deficientes. Se
trabajaba a temperaturas elevadas en lugares cerrados sin ventilación, y al no existir
captadores eficaces de los polvos y gases emanados del proceso productivo, el aserrín
ocasionaba el envenenamiento del aparato respiratorio, condenando a los obreros a una
muerte lenta pero segura. Y en el ejido urbano, el agua escaseaba y debía ser acarreada con
baldes a cientos de metros de distancia de las viviendas, por no mencionar otras cuestiones,
como la ausencia de servicios básicos y la higiene más elemental (JASINSKI, 2012; 2013).

Como resultado, las epidemias no eran infrecuentes, especialmente el paludismo, la
viruela negra, el tifus y el sarampión, en tanto que la sífilis era habitual debido al ya
mencionado auge de la prostitución. A finales de la década de 1930, el 45% de los
trabajadores padecía tuberculosis, y el 90%, sífilis; peor aún, el 42,5% de los fallecimientos
correspondía a niños, y el 80%, a sujetos de entre 11 y 35 años. Sólo los aborígenes
argentinos y paraguayos y los mestizos nativos de la zona toleraban las infrahumanas
condiciones de trabajo y vida imperantes, al precio de una drástica reducción de su lapso vital;
de hecho, se estima que en algunas localidades tanineras la cuarta parte de la población no
conseguía superar los 35 años de edad (GORI, 1965; BRAILOVSKY y FOGUELMAN,
1993). No admitiendo médicos nacionales en sus dominios, La Forestal sólo disponía de
hospital propio en apenas una localidad, contando el resto con alguna pequeña sala de
sanidad, aunque eso no impedía que la empresa se arrogara el derecho de descontar el 2% de
los jornales de los obreros para costear el servicio de “socorro” en caso de enfermedad, ni
tampoco que el personal que contrataba discriminara a los trabajadores (JASINSKI, 2012).

Corroborando que la acumulación por desposesión siempre exige la intervención del
Estado, que legitima y respalda el despojo recurriendo a su monopolio en la definición de la
legalidad y el ejercicio de la violencia (HARVEY, 2004), tanto el régimen de explotación
laboral de La Forestal como el apaciguamiento de las protestas que ante aquél eclosionaron
dependieron estrechamente de la connivencia de distintas instancias del aparato estatal. Para
empezar, tanto los comisarios como los jueces de paz de las localidades tanineras eran
designados por los gobiernos provinciales, pero la mega-compañía siempre intervenía como
“árbitro” de tales nombramientos. A su vez, la política oficial de la empresa consistía en
subvencionar a los comisarios y jueces locales en proporciones que por lo general triplicaban
sus salarios como funcionarios públicos, permitiéndoles además explotar actividades
clandestinas como el juego, la bebida y la prostitución (GORI, 1965; JASINSKI, 2012).

Como resultado, estos agentes estatales pasaban a responder a los intereses corporativos y se
convertían en un eslabón más de su larga cadena de explotación laboral. Por ejemplo, la
gerencia, para evitar que algunos obreros huyeran sin saldar sus deudas con los contratistas y
las proveedurías, instaba a comisarios y jueces a que los encarcelaran durante la noche y los
liberaran durante el día para que trabajaran en los obrajes (BIALET-MASSÉ, 1985).
Finalmente, durante sus conflictos sindicales La Forestal contó asimismo con la
crucial asistencia de las fuerzas públicas de seguridad, en un amplio y monolítico abanico que
incluyó desde la policía y una división del cuerpo provincial de guardia-cárceles hasta tropas
profesionales constituidas por centenares de soldados del ejército y la infantería nacional
(BRAC, 2006; JASINSKI, 2012). No obstante, a partir de 1920 la compañía recurrió también
a lo que, en términos modernos, se interpretaría como una suerte de «privatización‟ o
«tercerización‟ de la represión. Para ello, la empresa fue autorizada por el gobierno
santafesino para financiar, crear y controlar dos fuerzas privadas de choque: la Gendarmería
Volante y la policía no uniformada de La Forestal, las cuales pronto fueron objeto de
denuncias por torturas y abusos. Constituida por contrabandistas, asesinos y otros criminales
de las cárceles de Paraguay y Corrientes deliberadamente puestos en libertad y enrolados al
servicio de la compañía, la Gendarmería Volante fue una de las principales responsables de
las 600 muertes obreras acaecidas durante la rebelión popular de 1921, así como también la
fuerza que, en plena huelga, hizo posible que las fábricas de tanino activas continuaran
funcionando con personal reducido y apaleado (GORI, 1965; JASINSKI, 2012; 2013).

Otra cuestión a considerar, finalmente, es que la acumulación por desposesión también
implica la mercantilización de la naturaleza, el desmantelamiento de los marcos de protección
ambiental y la degradación del hábitat, tres fenómenos que han provocado la merma de los
bienes hasta ahora comunes del entorno global (tierra, agua, aire, biodiversidad, etc.) (Harvey,
2004; 2007). Si bien estos impactos han cobrado enorme relevancia en tiempos recientes -a tal
punto que el trabajo seminal de Midnight Notes Collective (1990) los consideró como parte
de los „nuevos cercamientos‟ del período actual-, debe aclararse que estas dinámicas no son
en absoluto nuevas, sino que se remontan a los mismos orígenes del sistema capitalista. En su
concepto de segunda contradicción del capitalismo, O‟Connor (2001) definió el proceso
claramente al señalar que el capital siempre tendió a autodestruir sus propias condiciones de
reproducción debido a que su ciclo de rotación es mucho más rápido que los ciclos naturales
de renovación del planeta. Entendida como la dimensión ecológica de las dinámicas
expropiatorias del capital (MACHADO ARÁOZ, 2010), esta lógica extractivista, si bien
típica de las actividades económicas basadas en la explotación de recursos naturales no
renovables (minería, petróleo, etc.), también se verifica en otros sectores (como la industria
forestal) asociados al aprovechamiento de una biomasa teóricamente renovable dentro de
ciertos límites. El caso aquí analizado no ha constituido una excepción a la regla.

En Argentina, el período que se inició a mediados del Siglo XIX fue, para Brailovsky
y Foguelman (1993, p.186), una época en la cual se hizo “minería con los árboles del Estado”.
La frase tiene un sentido literal y el modelo taninero de La Forestal fue uno de los principales
factores -sino el más importante- implicados en esa expoliación. A mediados de los años
cuarenta, el químico argentino Ernesto Mezey escribió que durante el siglo previo el
desarrollo de la industria del extracto de quebracho había sido vertical gracias al desarrollo de
la industria del cuero en el mundo civilizado (DALA-CORTE CABALLERO, 2013). Lo
inverso también era cierto. Codiciado por las curtiembres, talabarterías y zapaterías alemanas
de Hamburgo y Bremen y las norteamericanas de Nueva York, Boston, Chicago y
Massachussets, el llamado «oro rojo‟ llegó a representar el 34% de la producción mundial de
extractos tánicos, siendo también demandado por el Reino Unido, Países Bajos, Bélgica,
Italia, Suiza, Luxemburgo, Francia, España, Checoslovaquia y el imperio austro-húngaro.
Para ilustrar la dependencia de los países industrializados respecto de este insumo, en
Alemania su consumo quintuplicaba la producción local de extracto de especies nativas,
mientras que en Estados Unidos, Francia y Europa central satisfacía entre el 44% y el 70% de
la demanda, aún cuando estas naciones poseían abundantes recursos ricos en otros tipos de
tanino -roble, castaño, mimosa, pino- (RAYES, 2013; DALA-CORTE CABALLERO, 2013).

En nuestro país, las consecuencias ecológicas del desarrollo de la industria del cuero
en Europa y Norteamérica fueron nefastas. Según Brailovsky y Foguelman (1993), la
explotación de La Forestal se caracterizó por la depredación extrema, arrasando los bosques
con un criterio minero (timber mining – mineria de madera). En 1940, las fábricas tanineras
de la empresa consumían diariamente mas de 1.300 toneladas de rollizos (400.000 toneladas
anuales), lo cual equivale a decir que la tala del quebracho colorado se desarrollaba a razón de
16.000 hectáreas/año. Como resultado, se estimaba que entre comienzos del Siglo XX y mediados de
la década de 1940 el complejo taninero había utilizado la madera de 30 millones de árboles,
deforestando 2,5 millones de hectáreas (ZARRILLI, 2008). Como si no deseara dejar testigos
a las generaciones futuras de su imprevisión y derroche, la empresa ni siquiera preservaba 80
o 100 cuadras por legua para las necesidades de leña y madera de futuros pobladores, ni
tampoco árboles para la sombra de personas y ganado (BIALET-MASSÉ, 1985;
BRAILOVSKY y FOGUELMAN, 1993).

Zarrilli (2004) matiza este argumento al afirmar que La Forestal implementaba un
sistema ecológicamente menos destructor que la tala rasa masiva que regía en el Chaco
occidental maderero, respetando a los ejemplares pequeños para de ese modo lograr que su
valor comercial aumentara en los próximos años y sólo extirpando por completo el bosque
cuando tenía el propósito de vender los campos para la agricultura. Aún así, reconoce que si
bien las primitivas técnicas de explotación preservaban las raíces o base del tronco, también
redundaban en el derroche de grandes cantidades de materia prima; de hecho, hasta que a
mediados del Siglo XX se introdujeron las máquinas de destronque, la tala a hacha implicó
desperdiciar hasta el 25% del tanino de la corteza del árbol (ZARRILLI, 2004).

Cuando arrasaba con bosques enteros, la compañía justificaba sus prácticas
depredatorias con el pretexto de que el quebracho tardaba 150 años en alcanzar su
rendimiento tánico óptimo, aunque en realidad demoraba la mitad de ese lapso. Tampoco
permitía que las ramas y la albura, que dejaba pudrir en el suelo, fueran aprovechadas como
leña por quienes viajaban por sus dominios (GORI, 1965; BRAILOVSKY y FOGUELMAN,
1993). Agotado el recurso comercialmente explotable, los obrajes se desplazaban a lo largo de
la traza de la red ferroviaria de la empresa hacia otras áreas donde recomenzar el ciclo
extractivo, dejando tras de sí tierra arrasada. Casi inmediatamente, los terrenos eran ocupados
por el ganado vacuno, del cual La Forestal llegó a tener más de 200.000 cabezas (GORI,
1965). Con su excesiva carga animal, la ganadería bloqueó la alta capacidad de restauración
natural del quebrachal: los vacunos preferían sus renovales por sobre otras especies leñosas, el
ramoneo selectivo impedía la supervivencia de ejemplares juveniles y el sobre-pastoreo
eliminaba el mantillo de hojarasca que hubiese favorecido la re-germinación de la especie
(BRAILOVSKY y FOGUELMAN, 1993; MORELLO, PENGUE y RODRÍGUEZ, 2005).

De todas las exportaciones argentinas, el quebracho fue la única de la época que
generó preocupación oficial por el agotamiento del recurso. Paradójicamente, incluso desde
importantes plazas alemanas compradoras del tanino santafesino y chaqueño, como
Hamburgo y Bremen, se alertó sobre el peligro que entrañaba devastar los bosques nativos
para la exportación. Sin embargo, estas alarmas no pusieron coto a la depredación (RAYES,
2013), sino que, por el contrario, la política del Estado nacional fue dejar hacer, mostrando
una cómplice indiferencia oficial a la expoliación (BRAILOVSKY y FOGUELMAN, 1993).
El ciclo del tanino comenzó a desacelerarse en 1948, pero no debido al agotamiento
del recurso. La principal razón fue que La Forestal comenzó a desarrollar sus plantaciones de
mimosa o acacia negra en Sudáfrica, Kenya y Rodhesia, donde podía obtener una corteza
tánica de menor calidad pero crecimiento mucho más rápido (8-10 años). Dada la
inelasticidad del consumo mundial, estancado en torno a las 400.000 toneladas anuales,
conquistar mercados para el extracto de mimosa exigía desplazar a otras fuentes tánicas, como
el castaño o el quebracho; mientras que en el primer caso la organización comercial y el
autoabastecimiento de los países productores dificultaban la tarea, en el segundo era mucho
más fácil, puesto que la compañía controlaba todo el circuito productivo (ZARRILLI, 2008).
Según Bitllock y Sormani (2012), la sanción en 1948 de la Ley de Defensa de la Riqueza
Forestal, que obligaba a la reposición de los árboles talados, fue otro factor que modificó la
ecuación económica de la empresa e influyó en su decisión de concentrar todos sus intereses
en las plantaciones de mimosa africana. A partir de entonces, la firma redujo sistemáticamente
sus exportaciones de extracto de quebracho, llegando a reconocer en 1955 que con esta táctica
buscaba desplazar a la producción nacional del mercado mundial para favorecer a sus bosques
africanos.

Contrariamente a lo que cabría suponer, lo anterior no significó que la devastación de
los quebrachales se detuviera; antes bien, durante los años previos al definitivo cierre de sus
fábricas tanineras en el país La Forestal llevó a cabo una deliberada política de “tierra
arrasada”, destruyendo el recurso para bloquear una posible competencia futura
(BRAILOVSKY y FOGUELMAN, 1993). Cuando finalmente emigró del país, la empresa ya
había talado casi el 90% de los quebrachales santafesinos (ARIJÓN, 2018). Y si bien el
espíritu de este trabajo lejos está de atribuir a los bienes comunes forestales la representación
puramente mercantilista o monetizada que de ellos hace el capital, debe mencionarse que un
estudio realizado a mediados de la década de 1990 estimó el costo ecológico de la
depredación realizada por La Forestal en 3.000 millones de dólares (DEL FRADE, 2004).

 

Conclusiones

Considerando que la acumulación por desposesión es una fuerza importante y
permanente de la geografía histórica del capital y que el modelo extractivista reúne a su vez
muchas de las dimensiones de este proceso, es claro que los estudios acerca de esta estrecha
relación no pueden quedar reservados sólo al período contemporáneo. Antes bien, desde las
ciencias sociales en general y desde la geografía en particular deben realizarse esfuerzos
orientados a trascender esa limitación y de ese modo reconstruir -en términos teóricos y
empíricos- el temprano maridaje entre extractivismo y despojo. El presente trabajo ha dado un
paso en esa dirección al haber abordado el caso de La Forestal, uno de los modelos
extractivos más paradigmáticos de la historia argentina. Ordenada, filtrada e interpretada a
través del tamiz de las categorías analíticas a tal fin escogidas, la evidencia empírica recabada
a partir de la revisión bibliográfica realizada muestra que, de las modalidades de acumulación
por desposesión disponibles a lo largo de ese extenso período que transcurrió entre finales del
Siglo XIX y mediados del Siglo XX, el capital echó mano a absolutamente todos, en un
amplio esquema que incluyó tanto a los factores tradicionales tempranamente reconocidos por
Marx como a los mecanismos identificados en épocas más recientes por Harvey.

Para empezar, el caso de La Forestal deja bien en claro el papel clave que el fraude
privado, la corrupción institucional y el endeudamiento externo suelen desempeñar en la
apertura de nuevos campos o áreas para la acumulación capitalista, demostrando cómo estos
fenómenos se erigen en la piedra basal que fundamenta, sustenta, desencadena y viabiliza a
todas las demás dinámicas expropiatorias. Así pues, lo que en principio consistió en la
irregular y desmesurada venta de tierras fiscales a cambio del pago de una deuda acabó por
convertirse en la apropiación imperial neocolonial de recursos naturales más importante de la
historia argentina, sentando asimismo una de las bases para la creación del mayor latifundio
que jamás haya existido en nuestro país. La extracción neocolonial de tributo mediante
mecanismos financieros, la mercantilización, privatización y extranjerización de la tierra y la
entrega a los países centrales de las reservas de una materia prima codiciada en aquella época
se fusionaron en un mismo acto de desposesión que, casi paralelamente, sería reforzado por la
ampliación interna de la frontera capitalista a través de la conquista militar de los territorios
aborígenes y el tendido de los ferrocarriles troncales estatales.

El acaparamiento de tierras y recursos forestales fue lo que permitió que el capital
impusiera nuevos cercamientos basados en la privatización y corporatización del territorio.
Tanto el tendido de una red de ferrocarriles particulares como la planificación y desarrollo
urbano de las localidades tanineras bajo la égida de la empresa y sin ninguna injerencia del
Estado fueron fenómenos que, si bien se iniciaron en pleno auge liberal del modelo
agroexportador, continuaron durante el período de industrialización sustitutiva de
importaciones, a despecho de la ideología estatista imperante y la retórica anti-imperialista de
algunos de los gobiernos nacionales sucedidos durante esa fase. Esta continuidad otorgó
impunidad a la compañía para realizar diversas expropiaciones geográficas que incluyeron
prácticas inconstitucionales como controlar quién utilizaba sus ferrocarriles y para qué
propósitos, afianzar su monopolio comercial en los pueblos tanineros, regular el acceso de la
población a servicios educativos y sanitarios, controlar las designaciones de funcionarios
públicos en sus dominios y decidir sobre el futuro de los pueblos que había fundado.

Garantizando la apropiación y usufructo privado de fondos públicos, las
redistribuciones estatales no se limitaron a la venta de activos a precio vil, la construcción
gratuita de infraestructura, la multiplicidad de exenciones fiscales y tributarias de las que gozó
la compañía, la condonación de sus deudas y los irrisorios impuestos que se le exigieron. Las
prácticas de sobre-explotación laboral, expoliación obrera y devastación ambiental de La
Forestal también contribuyeron a explicar las siderales ganancias que la empresa remitió al
exterior, implicando una producción política de rentabilidad basada en la devastación de
bienes comunes ambientales y la sangría de una ingente masa de recursos desde la fuerza de
trabajo y el tesoro público hacia los centros de poder del sistema capitalista.

En tal sentido, el caso estudiado resulta ilustrativo para entender cabalmente hasta qué
punto el perverso hilo que se inicia con el endeudamiento externo y las concesiones a los
acreedores puede conducir a que poblaciones enteras sean reducidas a la servidumbre, sobre
todo en el plano laboral. El capital desplegó todas las formas de sobre-explotación
reconocidas por la literatura, aumentando su plusvalía gracias al incremento de la intensidad
del trabajo, la extensión de la duración de la jornada laboral y el pago de remuneraciones que,
situadas muy por debajo del umbral de subsistencia, se empequeñecían aún más debido a
mecanismos de endeudamiento, usura, pago en especie, fraude y monopolio comercial. Las
formas de producción pre-capitalistas fueron eliminadas; la coerción y la precarización
laboral, legalizadas; los regímenes semi-esclavistas, instituidos; la actividad sindical,
prohibida y perseguida; el trabajo infantil, normalizado; y la violencia, definitivamente
instaurada vía las infrahumanas condiciones laborales y de vida impuestas y el recurso al uso
del aparato represivo del Estado y la para-militarización para acallar voces críticas al modelo.
Cruciales para las potencias del centro del capitalismo mundial, la fiebre del extracto
de quebracho y las exportaciones de “oro rojo” fueron paralelas a la devastación de los
bosques nativos de la región, en un modelo donde la “minería del quebracho” perduró tanto
durante el ciclo de auge como durante la fase de declive, en un marco donde las condiciones
del mercado propias de ambos períodos fueron artificialmente manipuladas por la propia
empresa para satisfacer sus espurios intereses. Así, el estrago ambiental dejado por la
compañía no sólo corrobora que el pillaje ecológico es tan antiguo como el capitalismo, sino
que además muestra la lógica circular de las dinámicas de acumulación por desposesión bajo
la forma de una cruel ironía: la deuda ambiental derivada del saqueo extractivista superó con
creces a la deuda financiera que, casi un siglo atrás, forjó el primer eslabón de la larga cadena
de despojos de La Forestal.

 

Referencias
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