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Fuente: Extraído de EUTOPIA de M.E.F.

Es necesario reformar el aspecto burocrático de la dimensión del Estado, cuya existencia y funcionamiento actuales imponen una mala y onerosa calidad de vida para todos los ciudadanos.

Esto se debe a que la multitud de las reglamentaciones acumula-das, combinadas con las engorrosas formas de tramitación que resul-tan funcionales a la Ley de Wagner (referida a que el gasto público tiende a crecer ilimitadamente por la intervención del Estado en función de las presiones políticas) y coherentes con la teoría de que la burocracia maximiza su presupuesto, determinan que los ciudadanos se vean obligados a mil trámites incomprensibles, costosos y, con frecuencia, poco menos que inútiles. Todo ello tiene costos sociales directos, medibles monetariamente en el presupuesto público, y además tiene grandes costos de oportunidad difíciles de medir, relaciona-dos con la pérdida de tiempo y recursos de los ciudadanos en los trámites. Para el sistema como conjunto ésta es una fuente de ineficiencia que afecta a los excedentes disponibles y a los precios, además de afectar la calidad de vida.

Por otra parte, está el hecho de que el poder del aparato burocrático genera abusos de la clase política y de la propia burocracia de la administración pública, que son padecidos por el grueso de los ciudadanos prácticamente inermes, mientras que por vía de la corrupción genera ventajas adicionales para los más poderosos económicamente. Las instituciones como el Ombudsman no pasan de ser paliativos.

Por último, no es un problema menor el que todos estos costos que padecen los ciudadanos sirvan de sustento al consenso obtenido por el discurso neoliberal acerca del desmantelamiento del Estado: claro que el discurso es falaz, porque lo que se desmantela son las empresas estatales, que vendían servicios públicos a precios de déficit operativo, así como las regulaciones socioeconómicas útiles a las clases populares, a la hora de la intervención del poder institucional arbitrando la puja distributiva.

El sector servicios es el que más puede aprovechar las transformaciones en la naturaleza del trabajo que produce la tecnología telemática; de hecho ha sido la base de la expansión del teletrabajo. Esto significa que la totalidad del sector público administrativo puede transformarse para brindar los mismos servicios pero a través de Internet. En los países con suficiente desarrollo, incluyendo a los relativamente más desarrollados entre los considerados de ingresos medios, se podrá organizar entonces el Estado virtual. Esto significa que todas las oficinas públicas convierten sus mostradores en páginas web, con empleados que atienden al ciudadano en comunicación interactiva por Internet y se vinculan administrativamente entre sí por Intranet. No existe, por lo tanto, la necesidad de que el empleado público concurra a trabajar a un edificio central. Según consideraciones sociales, que incluyen problemas como la sociabilidad desarrollada con los compañeros de trabajo, y consideraciones geográficas, relaciona-das con el tamaño de la ciudad -las cuales variarán de un lugar a otro- se puede optar por mantener el edificio de trabajo central pero sin atención al público, o puede aplicarse el concepto de oficina des-centralizada, con pequeñas oficinas distribuidas en barrios o ciudades satélites en las que confluyen los empleados que viven cerca, sin importar a qué repartición pertenecen, o puede aplicarse directamente el trabajo desde casa, que puede realizarse a miles de kilómetros de distancia, si fuera el caso.

Un caso particular importante en Argentina es la contradicción resultante entre la integración socioeconómica del Gran Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires y su integración político-administrativa con la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Esto significa que los millones de habitantes del Gran Buenos Aires tienen que remitirse con frecuencia a oficinas públicas que les quedan a 60 Km de distancia geográfica y a horas de viaje en transporte público, mientras que los trabajadores de esas oficinas viven por lo general en la propia ciudad de La Plata que es relativamente pequeña. Éste sería un caso típico para resolver manteniendo las oficinas centrales como lugar de trabajo para los empleados pero sustituyendo la totalidad de los mostradores de atención al público por páginas web, accesibles para cualquiera desde locutorios públicos.

Otro caso particular semejante y significativo es el que se produce nómico de la provincia de Santa Fe, y la ciudad de Santa Fe como entre la ciudad de Rosario, como principal conglomerado socioeconómico de la provincia de Santa Fe, y la ciudad de Santa Fe como capital provincial, a una distancia de unos 200 Km.

La situación es general para todas las provincias en razón de las dilatadas geografías y la centralización administrativa de muchos trámites en las respectivas capitales. Al mismo tiempo, la misma contra-dicción viven todos los habitantes del interior con relación a los trá-mites administrativos nacionales centralizados en Buenos Aires. En muchos casos la solución pasa por avanzar en la descentralización administrativa en virtud del principio de subsidiariedad, pero no siempre esto es posible y entonces la estructura del Estado virtual aparece como la única alternativa eficiente.

En todos los casos que venimos comentando, la supervisión superior sobre el trabajo es perfectamente factible en tiempo real y, si se lo desea, incluso con audio y video tanto del supervisor como del trabajador y tanto del usuario del servicio público como del empleado que lo atiende.

Esta estructura de organización y atención a los usuarios puede eliminar el edificio público actual con todos sus costos de funciona-miento; aun en el caso en que se lo mantenga pero sin atención al público, sus costos se reducirán muy significativamente.

Suele expresarse el temor de que esta transformación de la administración pública aumente el desempleo. Pero esto implica caer en la falacia ya señalada del desempleo tecnológico. No tiene por qué disminuir el número de empleados si el poder institucional -incluyendo a sindicatos y partidos políticos interesados en el voto de los empleados- toma la decisión política de que no disminuya.

Con el mismo número de empleados recalificados puede ampliar-se considerablemente la cantidad de personal que atiende directamente al público; los porteros y el resto del personal de maestranza, así como buena parte de los técnicos de mantenimiento (electricistas, plome-ros, albañiles, etc.) dejarán de ser necesarios en esas funciones, pero ello no implica que se los deba despedir; todos pueden ser reconvertidos en personal de atención al público o incluso en técnicos de mantenimiento de las nuevas tecnologías.

Para los más pesimistas, esta realidad puede interpretarse dinámicamente a lo largo de un tiempo de transición, ya que se van retirando por causas naturales los empleados de los oficios que desaparecen y se contrata en su reemplazo a otros empleados jóvenes calificados para la nueva tarea. Además, manteniendo los salarios en sus valore nominales, los empleados verán aumentado su salario real por la reducción de gastos de transporte, vestimenta y comidas fuera de casa a lo que hay que agregar el valor económico del tiempo ganado y su usos alternativos en trabajos para el hogar o en trabajos a tiempo parcial o simplemente en el disfrute de un tiempo de ocio y vida familia que hoy no tienen.

El ahorro de gasto público, obtenido por las ganancias de eficiencia en la administración gracias al Estado virtual, se destinará íntegramente al gasto social de nuevo tipo basado en la renta por derecho ciudadanía, que desarrollaremos más adelante. Es decir que se mantiene el gasto público constante, se mantiene el empleo público constante y la ganancia en eficiencia permite aumentar el gasto social mejorar la calidad de vida de todos.

Extraído de EUTOPIA de Mario E. Firmenich

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