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Por Tomás Perez Bodría

Escribo estas líneas a partir de una profunda reflexión del compañero Bruno Capria en el día de la fecha, en la que consigna con acierto el error en que cae el campo popular al entrar en la discusión de las medidas tomadas o anunciadas por el fantoche que tenemos de presidente como títere de cuanto el compañero citado denomina «oligarquía negociadora cipaya argentina (ONCA), que no es otra cosa que la que expresa desde los inicios de la Patria por su sumisión a una condición colonial, operando para ello como instrumento vergonzoso al servicio de poderes extranjeros.
Coincidiendo con Bruno Capria, entiendo que no tiene sentido seguir comentando quejosamente cada medida de gobierno. Nuestros compatriotas, incluso los que lo votaron y más allá de encuestas que parecen cada día menos creíbles a poco de ser confrontadas con la dura realidad, no necesitan de nuestros diagnósticos para advertir la perversidad y dañosidad de la actual gestión de gobierno. Lo que tenemos que hacer es, precisamente, plantear alternativas concretas frente al despojo organizado por la ONCA. Y allí es donde tenemos como bagaje «el peronismo de Perón» con su necesaria actualización. Salgamos a voz en cuello a proclamar, como alternativa cierta para contrarrestar ese despojo que militamos:
– La recuperación del comercio exterior por el Estado (IAPI);
– La propiedad inalienable del pueblo de la nación de nuestros recursos naturales (famoso art. 40 de la Const. del 49);
– La reasunción plena por el Estado Nacional del señorío integral del río Paraná y toda la cuenca del Plata con todos los puertos extranjerizados sobre nuestros ríos y nuestra costa atlántica,disponiendo, por su supuesto, la inmediata expulsión de los militares estadounidenses que ahora ocupan el Paraná mediante autorización otorgada hacia los finales del gobierno de Alberto-Massa-Cristina y ratificada Milei, sin autorización del Congreso (art. 75 inc. 22 de la C.N); L
– La suspensión inmediata y revisión de todos los contratos de concesión sobre nuestros recursos naturales vigentes que han fijado competencia jurisdiccional en el extranjero (que son todos);
– La restauración del antiguo art. 2 del Código procesal civil y comercial de la nación, derogado por Martínez de Hoz, que prohibía la jurisdicción extranjera para resolver los conflictos entre el Estado nacional y empresas que contratan con el mismo. Ello hasta la sanción de una nueva Constitución que contenga en su texto tal prohibición.
– La nulidad de todos los contratos de compraventa de tierras a extranjeros, particularmente sobre las de frontera;
– La rescisión inmediata por incumplimientos manifiestos de todas las energéticas, asumiendo el Estado Nacional la prestación de los servicios, utilizando para ello el personal altamente calificado que integran los gremios del sector;
– La democratización del poder judicial que comprenderá la elección popular de los jueces, tal como lo implementó Bolivia mediante su reforma constitucional sancionada en febrero de 2009 y que se aplica en la actualidad;
– El reconocimiento concreto de sus derechos e integración institucional de los pueblos originarios;
– La nacionalización de los ahorros bancarios;
– La suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa, desconociendo los tramos que la caracterizan como «deuda odiosa»;
– La derogación de todas las leyes de la dictadura militar que continúan vigentes, especialmente las de inversiones extranjeras y la de entidades financieras;
– La reposición de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación, con una fuerte asignación presupuestaria;
– Un fuerte plan de viviendas y obra pública para paliar el déficit de las primeras y recomponer la estructura y el empleo con la segunda. Se redefinirá en consecuencia la estructura jurídica y roles del Banco Hipotecario Nacional y del Banco de la Nación Argentina, transformándolos en «empresas del Estado (ley 13.653)»;
– Jerarquización del empleo público, con concursos y estabilidad con miras exclusivas a la eficientización del Estado y sus empresas.
-La intervención del Estado Nacional en la actividad económica, financiera y productiva de la nación se concretará a través de «empresas del Estado», excluyéndolas así del régimen de sociedades anónimas que distingue en la actualidad a muchas de ellas, colocándolas a tiro de la incursión del nuevo y poderosísimo sistema financiero internacional (fondos buitres).
– Nueva ley de defensa de la competencia que prohiba taxativamente la formación de monopolíos y oligopolios, forzando su desestructuración. Los monopolios naturales (agua y cloacas, energía eléctrica, distribución de gas, etc., quedarán en la égida del Estado nacional y/o los Estados provinciales.
– Reforma tributaria redistributiva, que conlleve una fuerte imposición a las tierras improductivas, en paralelo a la quita de retenciones que carecerán de sentido a partir de la recuperación por el Estado Nacional del comercio exterior;
– Reforma agraria que cancele toda posibilidad latifundista e incentive la producción regional con valor agregado y la soberanía alimentaria; – Reformulación del Estado para acentuar su rol redistribuidor de los ingresos en consideración a los profundos cambios que conlleva y conllevará la revolución tecnológica en curso, debiéndose actualizar y concretar entre tanto la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias que ya contempla la actual Constitución Nacional (art. 14 bis)
– Muchas de las reformas propuestas y otras que no se enumeran pero que sin duda las hay y deben formar parte del debate, requerirán de la sanción de una Nueva Constitución Nacional lo que constituirá, asimismo, el eje central de nuestro bagaje de propuestas y acción política. Nueva Constitución que deberá situar a la Nación como parte integrante de la Gran Patria Latinoamericana, plasmándola simbólicamente mediante la reformulación de su denominación, pasando a ser única y exclusivamente la de «República Argentina de Latinoamérica»
– Estas propuestas cobrarán viabilidad a partir del grosero retroceso en los derechos y nivel de vida de los argentinos que ya se concretó y que seguirá concretando, el gobierno formalmente encabezado por el títere Milei, al tiempo que el desastroso y titubeante desempeño de los gobiernos sucedidos entre 2015 y 2023, que conllevaron el mismo designio de entrega propio de un modelo extractivista, agro-minero exportador y financiarizado, dejan en claro la deslegitimación e inviabilidad de un programa tibio o temeroso de la confrontación con los factores de poder. Las movilizaciones del 24 de enero, del 8 de marzo y, especialmente la masividad y composición de la del 24 de marzo, desmienten la supuesta pérdida de conciencia de los sectores populares que, por el contrario, han expuesto su compromiso de lucha y su consecuente reclamo de una nueva dirigencia que la conduzca sobre bases y propuestas concretas. Se advierte en ello un fuerte rechazo a los meros conciliábulos de cúpula, siempre prestos a pactar en demasía con el poder real, limitando su accionar a meras estrategias electorales en función de sus propios espacios de poder «remanente».
Por lo tanto, estas propuestas y otras que concuerden, deben conjugarse con la implementación de una fuerte y urgente movilización popular tendiente a frustrar los objetivos de actual gobierno mediante su remoción por juicio política o renuncia forzada de la dupla presidencial y apertura de un período intermedio a través de la intervención de la asamblea constituyente
Tomás Pérez Bodria
Pilar, 30 de marzo de 2024

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