ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS: El Agro en el gobierno de Milei

Javier Gerardo Milei tuvo una fuerte gravitación electoral en la “Argentina agrícola”, para graficar de forma general esta tendencia vemos que obtuvo, en la ganadera y citrícola Entre Ríos el 61.48% de los votos. En el Tucumán citrícola ganó con el 51.98%, con mayor porcentaje en: San Miguel Capital, Chicligasta, Lules, Yerba Buena, Tafí Viejo, los tres últimos con alto porcentaje de trabajadores rurales. En la Corrientes ganadera alcanzó 53.20%, con mayor peso en: Corrientes Capital, San Cosme, Empedrado, Itatí, Berón de Astrada, Ituzaingó, Santo Tomé, Mercedes y Monte Caseros. En Rio Negro, zona del Alto Valle, productora de Pera y Manzana un 57.55% (General Roca). Mientras que, en Mendoza, en la zona vitivinícola (Valle de Uco) obtuvo entre el 72 y 75% (Tunuyán, Tupungato y San Carlos). Finalmente, en la Provincia de Buenos Aires (zona núcleo) salvo Baradero, General Guido y la mayoría de los distritos del conurbano bonaerense, el voto fue a favor del libertario.

Aún con estos resultados, significa una incógnita las concepciones y posibles acciones sobre el sector agropecuario. No sólo hay en el presidente una experiencia vital citadina, sino que hay nula y baja referencia a lo agrario; en todo caso pareciera que todos los preceptos de La Libertad se aplicarían sin mediación a cualquier territorio.

“El campo” con el conocido conflicto de 2008 se tornó aglutinante frente a un proyecto político que emergió de la crisis del 2001 trayendo una reversión de las tradiciones redistributivas populares del país. En tal sentido, desde ese punto se cristalizó -con mayor y menor amplitud en su caudal electoral- su antagonista pro mercado y república; “la grieta” nacía con tierrita del campo.

El gobierno de Mauricio Macri en el año 2015 no es lo mismo que el de Javier Milei, aunque pareciera contar con una misma matriz neoliberal con pilar en el capital financiero. El ministro de economía Luis Caputo sería la expresión, aunque no lineal, de esa continuidad. Macri comenzaba con un discurso bien distinto, planteaba no terminar con todo lo anterior, aunque para el sector agrario tomó medidas de modo inmediato, que significaron cambios sustanciales muy poco sostenibles, como la eliminación del cepo al dólar y parcialmente la quita de retenciones.

Algunos señalan que la Argentina agraria en su corazón productivo, la de los capitalistas del agro, prescinde de las condiciones políticas para su crecimiento y que ello sería evidente en el proceso abierto desde la década de 1990, detenido por contextos de crisis climáticas o bajos precios. La lectura debe necesariamente incluir el despoblamiento rural con la desaparición de 33% de las explotaciones agrarias entre 2002 y 2018, las consecuencias sociales y ambientales del modelo del agronegocio, como la deforestación y expulsión de pueblos originarios. Así como la extranjerización en el comercio exterior agrícola del país.

El discurso de Milei acerca de qué Argentina representa su modelo remite a cien años atrás, dando a entender que el gobierno de Julio Argentino Roca, sí era un país agrario inserto en una matriz agroexportadora. El colectivismo, tal como le llama, o sea el yrigoyenismo -primero-, el peronismo -después- vino a pudrir todo, de hecho, en su plataforma electoral señala “tenemos que volver a ser la potencia agropecuaria que dejamos de ser”.

Cuando el gobierno apela a aquella “Argentina, granero del mundo”, lo hace en función de instalar un discurso puramente ideológico, porque si tomaran los datos de la realidad más recientes, vemos que en los últimos años tuvimos otro gran boom agrícola de un crecimiento excepcional. Durante el periodo 2003-2008 se combinó tanto el aumento de superficies sembradas (la superficie sembrada de soja y maíz pasó entre 1992 a 2022 a triplicarse) como un incremento continuo de los rendimientos, lo que provocó saltos espectaculares en materia productiva. Hijos de estos cambios fueron los pools de siembra, los cambios en las economías regionales donde muchas de ellas se orientaron hacia los mercados externos, de la mano del ingreso, la instalación y el desarrollo de las cadenas globales de valor. En este sentido, este periodo se caracterizó por una estructura agraria con alta movilidad de los roles de los sujetos sociales que facilitó la incorporación de importantes masas de capital provenientes de diversos tipos de inversores.

Podríamos especular sobre las posibles políticas que devendría de su ideario anarco-libertario, sin embargo, eso demuestra serios problemas pues ha “escapado” en varios ejes de las linealidades de sus propios dichos. Estamos en las primeras semanas de gobierno y nuestro ejercicio contempla: revisar sus bases formales para el sector, recoger los primeros datos de las medidas e intereses expresados para el agro y, finalmente, estipular consecuencias de estos pasos.

En lo primero, su “reforma agropecuaria” podemos buscarla dentro de la plataforma de La Libertad Avanza, veamos algunos puntos que hacen referencia a lo agrario:

-Eliminación de retenciones a las exportaciones y derechos de importación (Pto.14-Reforma económica).

-Unificación del tipo de cambio (Pto.15-Reforma económica).

-Incentivar la inversión privada para favorecer intercambio de economías regionales (Pto.10-Reforma económica) y para el desarrollo de rutas nacionales, rutas provinciales, caminos rurales y puertos.

-Eliminación de todas las restricciones al comercio internacional, incluyendo cuotas, cupos, permisos y autorizaciones. En el apartado de “tecnología e infraestructura” la noción de que toda obra, servicio de transporte (ferrocarril) debe ser operada por el sector privado; la biotecnología y la robótica aparecen nombradas como pilares, así como la explotación de los recursos naturales.

-En lo laboral, son comunes al conjunto de los sectores y actividades, eliminar las indemnizaciones sin causa por un sistema de seguro de desempleo, reducir las cargas patronales que gravan el trabajo; promover la libertad de afiliación sindical y la limitación temporal de los mandatos sindicales; reducir los impuestos al trabajador.

 

LOS DUEÑOS

NOMBRES E INTERESES DEL AGRO

La raviolera del Estado en el proceso de achique y de nuevas funcionalidades nos puede brindar algunas pistas para entender la base de intereses que sostiene al nuevo gobierno en lo agrario. Inserto dentro de un esquema de reducción a la mitad de la cantidad de ministerios (son 9), la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca pasa de siete subsecretarías a tres, según los trascendidos queda afuera: Ganadería y producción animal, Bioeconomía y Desarrollo regional, Gestión Administrativa de Agricultura Ganadería y Pesca, Pesca y acuicultura. A su vez, aunque en su decreto de designación aún no se registró, cambiaría la denominación de la secretaría de agricultura por la de Bioeconomía.

A cargo de esa secretaría queda Fernando Vilella, director ​del Programa de Bioeconomía y profesor Titular de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la cual fue decano (1998-2006), luego postulante a rector de la universidad (2006). Con un abanico de participaciones en organismos y fundaciones del sector, como la Asociación Maizar o las múltiples actividades con Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID); así como el paso fugaz por una subsecretaría en Asuntos Agrarios de provincia de Buenos Aires (2007-2008)[i]. Entiende por bioeconomía no sólo un cambio en el proceso productivo, sino como un camino de desarrollo territorial nacional no limitado al sector agroindustrial. Con el centro en el agregado de valor para exportar a partir de la biotecnología, con resguardo del ambiente a partir de reducir las huellas ambientales de los cultivos (González, Vilella et al. 2020). En tal sentido es un paso más dentro del paradigma del agronegocio, el conocimiento como posibilidad (Bichos de campo, 12/9/2023).

Pedro Manuel Vigneau, presidente de Maizar y ex presidente de Aapresid (2016-2018) y la Sociedad Rural de Bolivar durante la resolución 125 de 2008, asume como subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios (Decreto 98/2023). Según fuentes periodísticas las subsecretarías, aunque todavía falten los decretos, serían para Agustín Tejera en Mercados Agropecuarios y Germán Di Bella a cargo de Agricultura.

El segundo, ingeniero agrónomo, productor agropecuario y empresario cordobés de Río Cuarto, con la firma Bio4 de etanol. Con antecedentes en la gestión de ese municipio en la secretaría de Desarrollo económico, así como en el sector gremial de nuevo tipo como AAPRESID y la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Esta última expresa niveles de representación desde el sector agrario, en particular del gran capital, hacia la disputa de proyectos de país, explícitamente del Estado y sus políticas (fundacionfada.org); no lo hacen desde la representación gremial, sino con el paraguas técnico que difumina las pertenencias e intereses.

Mientras que el ingeniero agrónomo Luis Cortese es designado presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el médico veterinario Sergio Fabián Robert en la vicepresidencia (Decreto 97/2023), ambos con carrera en la misma oficina de sanidad, mientras el primero tiene gravitación en universidades nacionales (UBA, UNLP y UNL).

El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) que dependía durante el gobierno de Alberto Fernández de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la presidencia pasa a integrar el inmenso ministerio de Capital Humano (Decreto 45 y 86/2023).

Tal como decía el actual secretario de Bioeconomía -en el marco de la campaña electoral de 2023-, el problema de la falta de dólares “es político”. En el marco de la última campaña presidencial afirmaba que puede (o no) que los candidatos tomaran sus propuestas, pero “seguiremos predicando”. Un primer elemento es el de la permanencia a lo largo de tres décadas de grandes líneas del agronegocio. Un segundo elemento es que Vilella encabeza un think tank, grupo de intelectuales orgánicos en la actual gestión, que por un lado responden en su aggiornado discurso a esa continuidad del modelo agrario, una de las pocas “políticas de Estado” o políticas “para” el Estado. También hay, en relación a las gestiones previas, una profundización de la pérdida de peso de las entidades gremiales, frente a este tipo de organizaciones que nacen al calor -justamente- de la baja gravitación de las primeras y la reestructuración del agro en los años ‘90.

La otra ruptura que aparece al ver en términos comparativos las cabezas del ministerio (y secretarías) es la no respuesta del nuevo secretario a la pertenencia partidaria de la cual dieron muestras sus sucesores inmediatos, con la excepción de Luis Miguel Etchevehere que aún con antecedentes familiares cercanos al radicalismo, no era orgánico a ningún partido.

De algún modo el gobierno de Mauricio Macri expresó el reflujo de la llamada gremialidad sui generis de la Mesa de Enlace (originada en 2008), la grieta hecha organigrama; mientras que Milei da cuenta de un salto a ese “zanjón” y a esa configuración con el perfil del agronegocio puro que se constata con la centralidad de AAPRESID.

 

 

A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

En una arremetida el gobierno dispuso una serie de decisiones en su primer mes, sin que aún seamos capaces de saber cuáles de ellas llegarán a ser efectivas, repasamos los elementos de relieve en términos de política agraria, con atención sobre intencionalidad y proyectos políticos que se evidencian.

En términos de políticas macroeconómicas que afectan de modo directo al sector se encuentra la devaluación de la moneda en un 50% (que se suma al 20% hecho por el ex Ministro y candidato Sergio Massa), así como una persecución por reducir abrupta y drásticamente el déficit fiscal: “No hay plata”. Este eje fiscal parece ordenador de los demás pilares de la política del gobierno. Si lo vemos a contraluz de lo que fueran las primeras medidas “gradualistas” de Mauricio Macri, con hincapié en la “pobreza cero”, la quita de subsidios, del cepo a la moneda extranjera, así como las retenciones -hasta 2018- (dejando sólo a la soja en 30%), encontramos diferencias evidentes en tanto -en dos marcos macroeconómicos distintos- dan cuenta de caminos inversos en lo relativo a los impuestos al agro.

El gobierno actual tomó las primeras decisiones de forma inmediata (como devaluación, quita de subsidios, expulsión de trabajadores estatales, aumentos de asignaciones familiares). Con un cierto “timing político” arremetió con el remanido “shock” liberal de medidas: el 21 de diciembre publicaba el Decreto de Necesidad y Urgencia “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” (DNU 70/2023) y seis días después (incluyendo al DNU) el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Un primer aspecto es el relativo a las retenciones, las medidas dejan entrever cambios de principios sostenidos en las últimas dos décadas: se gravan con el mismo porcentual los cultivos sin procesar que aquellos procesados, un aliento a la primarización; así como se pone en duda -o se rechaza- la atención sobre las economías regionales. La propia existencia -como vimos- de este gravamen reniega de las líneas maestras que trazaba La Libertad Avanza para el sector.

Tuvo una serie de idas y vueltas (fijando un porcentaje y modificándolo) con respecto a las mismas; vaivén que expresaba las pujas entre sectores, de hecho hubo una reunión con la Mesa de Enlace (representante de las entidades gremiales agrarias) y el Consejo Agroindustrial Argentino en el cual tuvieron reparos con  respecto al aumento a todos los cultivos que sostenía el gobierno, pidiendo protección a las economías regionales a cambio  de un aumento de dos puntos en la soja.

 

Evolución de las retenciones a soja, subproductos, maíz y trigo (2002-2022)

Fuente:https://seul.ar/retenciones-campo/

 

De modo que la “ley ómnibus” en su sección VI distingue grupos de aplicación y porcentaje de derechos de exportación: 33% para los subproductos de la soja (art. 202). Lleva a 8% al complejo vitivinícola y al aceite esencial del limón (art. 205). Mientras que mantiene en 0% las producciones olivícolas, arrocera, de cueros bovinos, láctea, frutícola —con excepción del limón—, hortícola, del poroto, papa, ajo, arvejas, garbanzos, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana (art. 206).

Un segundo aspecto es que también, afecta a una serie de normativas, algunas de ellas con más de 40 años, que contemplaban el resguardo a economía regionales. Sintéticamente podemos enumerar que deroga: la Ley N°18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N°18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N°22.667 de reconversión vitivinícola. Lo mismo con la Ley N°12.916 que crea la Corporación Nacional de Olivicultura, la Ley N°18.859 de envases nuevos y de único uso para productos destinados a la alimentación del ganado y la Ley N°19.990 de regulación de la actividad algodonera. La producción de Yerba Mate es otra de las actividades productivas donde se producirán cambios, y tendrá al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) como principal artífice de los cambios. Este organismo ya no tendrá facultades para regular el precio del producto. El sector azucarero también dispondrá de cambios regulatorios: Se dará de baja la Ley N°18.770 de régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno.

Otro aspecto, es en relación al sector pesquero, que no sólo es alcanzado por los derechos de exportación, sino que además se le modifican los permisos de pesca, con subasta internacional de las cuotas de captura, atribuciones del Consejo Federal Pesquero (Ley Nº24.922) y, a su vez, deroga el artículo 40 que exigía para los buques pesqueros que el 75% del personal fuera argentino. De modo que esta disposición abroqueló al conjunto de la cadena nacional del sector, con un guiño hacia las pesqueras internacionales no radicadas en el país (en particular el gigante asiático).

Por último, En su artículo 241 adhiere a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991) lo cual es otro avance significativo en la mercantilización de las semillas (la conocida como UPOV 91), y por lo tanto beneficio para la industria semillera con potentes jugadores multinacionales. A su vez, en otro rapto de liberalización y entrega de recursos a los capitales, dispone tanto en glaciares, como en bosques nativos la desnaturalización de las protecciones que se establecen en las normativas, así como la quita de recursos asignados para su resguardo (art. 501 y 502).

Hubo múltiples rechazos en un abanico de actores, algunos de ellos efusivos defensores de la libertad, desde cámaras empresariales (pesquera o vitivinícola, por ejemplo), sindicatos y organizaciones gremiales del sector, gobiernos locales y provinciales, movimientos sociales y políticos, así como organizaciones de la sociedad civil. Es que en sus derogaciones, modificaciones y creaciones el gran monstruo normativo invertebrado desregula, desfinancia, mercantiliza y privatiza amplios ámbitos del conjunto de la vida argentina, y en particular las agrarias y rurales.

 

EL AGRO PLEBEYO

EL GRITO DEL CAPANGA VA RESONANDO

En cuanto a las y los trabajadores agrarios, el panorama es muy desalentador. Es de público conocimiento que el trabajo agrario ha sido históricamente uno de los sectores con mayor precarización laboral del país[ii]. Cuestiones como el trabajo infantil, la trata laboral de personas con fines laborales, los salarios bajos, y las pésimas condiciones de trabajo, han sido características distintivas de este mercado de trabajo. Entre una multiplicidad de factores (internos y externos) que generan la vulnerabilidad laboral en el agro, sin dudas, uno con gran influencia es la legislación laboral, otorgando marcos de acción que permiten (o no) ciertas reglas del juego. Un breve recorrido por estos cambios en el tablero agrario nos dará un panorama de por qué siempre pierden los peones.

En aquella “Argentina, granero del mundo”, tan añorada por el actual presidente, los peones rurales (gauchos, indígenas y europeos) pocos derechos tenían, los códigos o “leyes de estancia” regulaban el trabajo de forma coercitiva con el fin de forzar una oferta de trabajo que cumpliera con los requerimientos del mercado externo. Con la llegada del tan “demonizado populismo” aparecen las primeras leyes protectoras del trabajo rural de la mano del Estatuto del Peón Rural, primero, y de la Ley de Cosecheros, después. A partir de este momento se establece el salario mínimo, se declaran obligatorias las pausas para descansar, se imponen condiciones mínimas de alojamiento, se establecen normas de higiene y seguridad, y la protección ante situaciones de despido e indemnización, entre otros puntos. Todos estos avances que proponía la ley eran igual para hombres y mujeres, con lo cual, en el caso de las mujeres ésta ley las reconocía como trabajadoras con plenos derechos, aún antes de completar sus derechos elementales de ciudadanía como ejercer el voto.

A partir de 1955, y durante el largo derrotero por los distintos gobiernos militares, ambas leyes sobrevivieron hasta 1980, cuando la última dictadura cívico-militar decretó la ley N°22.248 (Régimen Nacional de Trabajo Agrario), que no sólo derogó al Estatuto del Peón Rural y la Ley de Cosecheros, sino que también excluyó al trabajador rural de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), impuso la prohibición del derecho a huelga y dejó sin regular la jornada de trabajo, generando un marco propicio para las relaciones laborales desiguales y abusivas. El mismo continuó vigente durante casi tres décadas de democracia, hasta la sanción de la Ley N°26727 en el año 2011 (ley que, el actual gobierno quiere modificar).

En los años 90, con el ingreso e instalación de las empresas transnacionales en el sector agrario, se sanciona una nueva ley (Ley N°25191) a medida de los intereses de estos grandes conglomerados empresariales, pero sin derogar la ley de facto. Tanto el mercado, como el sistema político y judicial, se ajustaron rápidamente a las nuevas exigencias de los mercados globales, pero de la deuda pendiente con los trabajadores rurales, ni hablar. Continuó entonces en vigencia la ley de la dictadura, y se incorporó el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) para mejorar la registración laboral; esta entidad tiene la característica (no menor) de estar conducida a través de un directorio conformado por la propia patronal agraria.

La primera década del 2000, caracterizada por un fuerte proceso de crecimiento y transformación agropecuaria, fue acompañada por un Estado que decidió intervenir en las relaciones sociales, entendiendo que existe desigualdad de poder entre los actores. En este contexto, se reactivaron instancias de discusión salarial, como la negociación colectiva y el salario mínimo, se fortaleció la fiscalización del empleo, se implementó un conjunto de políticas activas de empleo y se modificaron diversos aspectos de la legislación laboral. Al mismo tiempo, hubo una fuerte creación de empleo registrado, asociada con una elasticidad empleo producto elevada (OIT, 2012). Sin embargo, encontramos que este avance en cuanto a la registración laboral no fue tan contundente en el empleo agrario, y esto se debe a varias causas, pero sin dudas una de ellas es que el trabajo agrario siguió bajo la reglamentación de la ley de facto promulgada bajo la última dictadura militar.

En el año 2011, se sancionó la ley N°26.727 iniciando una nueva etapa, donde se retomó aquel espíritu del Estatuto del Peón Rural y se restablecieron los derechos negados por las dictaduras y gobiernos neoliberales. Al mismo tiempo, se crearon una serie de políticas públicas que funcionaron como andamiaje para que esta ley se pueda encarnar en las prácticas laborales concretas, una de las más importantes fue la creación del RENATEA bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. En el año 2016, a unos pocos meses de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Decreto 1014/2016, declara el restablecimiento del RENATRE, con la vigencia de la Ley N°25191.

Tras la muerte de Gerónimo “Momo” Venegas, durante la gestión macrista, la UATRE (principal sindicato de trabajadores agrarios) cae en una importante crisis interna que duró hasta el 2020, cuando se oficializó la conducción de José Voytenco, a esto se sumó luego, la crisis sanitaria del COVID 19. Durante la gestión de Alberto Fernández no hubo políticas públicas concretas que acompañen a la ley de Trabajo Agrario, lo que condujo a un vacío entre “los derechos” que la ley propone garantizar y lo que efectivamente sucede en los lugares de trabajo, dejando como resultado una ley muy progresiva en términos de derechos pero que no logra transformarse en realidad efectiva –punto de flotación del peronismo- para la gran mayoría de los trabajadores.

Ahora bien, ¿Cómo afectan las medidas que la nueva gestión quiere imponer a las y los trabajadores agrarios? El actual gobierno pretende modificar una batería de leyes laborales, algunas de forma parcial y en otros casos directamente derogarlas[iii]. Un primer punto es que el trabajo agrario quedaría dentro de los servicios esenciales, con lo cual se perdería nuevamente el derecho a huelga. Por otro lado, se verán afectados en todas aquellas producciones que están reguladas por la LCT (Ley de Contrato de Trabajo). Finalmente, en cuanto al Régimen de Trabajo Agrario en particular, hay dos artículos (art. 15 y art. 69) que caen en manos de este desguace. Ambos artículos se relacionan a las y los trabajadores temporarios, los más numerosos del sector, y quienes históricamente han estado más desprotegidos frente a la ley. El Artículo 69, hace referencia a la potestad que tienen las asociaciones sindicales con personería gremial para proponer listados de trabajadores para la realización de tareas temporarias. Por otro lado, el artículo 15, prohíbe la actuación de empresas de servicios temporales, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades.

Las empresas de colocación de mano de obra para las cosechas vinieron de la mano de las empresas transnacionales y estuvieron vigente durante todo el periodo neoliberal en nuestro país. Importantes estudios (nacionales e internacionales) realizados desde la academia, como también desde distintos organismos, dan cuenta de los resultados desfavorables que ha tenido para los trabajadores la implementación de este tipo de empresas en la intermediación laboral, profundizando la precarización en un sector históricamente vulnerable. Las prácticas que llevan adelante estas empresas en pos de reducir costos implican formas de registro “sucias” o “parciales”, e incluso fraude laboral. De esta manera, todos esos costos que la empresa “reduce” se lo transfiere al trabajador, el eslabón más débil de la cadena. La ley N°26.727 que intentaba corregir estas estrategias (o fraudes) empresariales, proponía como mediación al Estado a través del Ministerio de Trabajo y a las organizaciones sindicales, dos instituciones que han caído en el descrédito a lo largo de la última década.

Se puede leer en estas medidas una descarga importante para el sector empresarial y un retroceso de derechos laborales, que van desde flexibilizar las condiciones de trabajo hasta la imposición de un fuerte límite a la libertad sindical y el derecho a huelga. Si bien esto es un gran retroceso para todo el movimiento obrero en general, en el caso del sector agrario es particularmente regresivo. Lejos de ser un proyecto novedoso, todo lo que propone para el mercado laboral son una serie de recetas que ya se han aplicado en nuestro país, y en el caso del trabajo agrario durante mucho tiempo. Si bien es un mercado laboral que tiene condiciones particulares y un peso histórico en cuanto a sus relaciones de dominación, también ha sido atravesado por las políticas neoliberales de flexibilización y precarización de los años 90, que nada difieren de las actuales. En este sentido, estas políticas de libertad de mercado, lejos de generar mejoras para las y los trabajadores agrarios, agudizaron aún más la vulnerabilidad laboral y social de estas personas.

 

NOTAS DEL AGRARISMO LIBERTARIO

Evidentemente hay una preeminencia del modelo del agronegocio en las direcciones del Estado en política agraria, en las últimas décadas metabolizado por medio de cuadros que atraviesan por alguno de los dos partidos tradicionales. Sin embargo, podemos visualizar que el actual elenco agrario materializa una capacidad en tanto intelectuales que gestionan un proyecto del grupo dominante para construir consentimiento en el resto de los grupos subalternos. No son una novedad los ejercicios de este tipo, porque, de hecho -como señalamos- desde fines del siglo pasado ha habido intentos -y adopción- de las nociones culturales (bases estructurales) del modelo agrario. Quizás, el Plan Soja Solidario (liderado por AAPRESID) sirva como ejemplo de una de las tantas esquirlas en un proceso no lineal pero sostenido; aquella iniciativa distribuía en el marco de las consecuencias sociales de la crisis de 2001 poroto de soja, con articulación con gobiernos locales y organizaciones civiles, a organizaciones comunitarias. Al poner en perspectiva dicha iniciativa con la propuesta de bioeconomía que acompaña al secretario actual, con interpelación en el agregado de valor a la industria, encontramos que hay procesos de síntesis.

También comprendemos que, a diferencia de las experiencias gubernamentales de índole popular del nuevo milenio, que incorporan estructuras y cuadros en el aparato estatal que reunían reclamos de sectores subalternos enfrentados a los hegemónicos, la nueva gestión apostará por un esquema de organigrama y recursos que paralice, vacié y elimine las esferas burocráticas de las agriculturas pequeñas, indígenas y regionales, no asimilables a las agroindustrias. Quizás uno de los aprendizajes re-editados y re-olvidados es que muchas de las estructuras para estos sectores estaban escasamente institucionalizada; valga el ejemplo del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) que pasó a depender de jefatura de gabinete con lo cual aumentaba su posible desarme ¿Cuánto de esos escasos avances en el Estado expresaban el estado de movilización de estos actores y cuánto su taponamiento por parte de los sectores dominantes? seguramente, un poco y un poco.

En cuanto al sector asalariado agrario, tal cual están planteadas las cosas, la propuesta es clara, liberar de sanciones y responsabilidades a las empresas que cometen acciones graves, como la retención de aportes o la no registración laboral (o registración deficiente), y al mismo tiempo atentar contra el derecho constitucional de huelga y limitar la posibilidad de convocatorias a asambleas y congresos. En este sentido, queda bien claro para donde el gobierno intenta mover la balanza, otorgando mayor poder a un sector por demás poderoso frente a la organización de los trabajadores, en un mundo cada vez más desequilibrado en la relación Capital-trabajo. Los próximos meses irán mostrando como será la pulseada del gobierno empresarial con las organizaciones de trabajadores y la justicia laboral.

El paquete de medidas inmediatas, desregula, desfinancia, mercantiliza y privatiza amplios ámbitos del conjunto de la vida argentina, y en particular las agrarias y rurales. Si bien aún no sabemos cuánto de ello pueda ser “letra muerta”, hecho que emergerá de múltiples pujas, suponen un orden a pedir de boca de los grandes capitales trasnacionales y locales para continuar con los procesos de extranjerización, depredación de los recursos y bienes ambientales, ataque a las resistencias, así como primarización.

 


*Al momento de escribir esta nota la propuesta de ley ha sido presentada para su tratamiento en el Congreso de la Nación, y en cuanto al Decreto, quedaron suspendidas las reformas propuestas para desregular el mercado de trabajo mediante dos medidas cautelares de la Cámara judicial del Trabajo, respondiendo a las presentaciones de las centrales obreras (CGT y CTA, respectivamente). También se están dando discusiones y reviendo algunas cuestione del sector pesquero.
[i] Ante su no continuidad el actual secretario afirmaba “Scioli quería un perfil más político que técnico” (Infocampo, 23/10/08)
[ii] Junto a la actividad de la construcción, casas particulares y textiles del sector informal.
[iii] Ley N°24.013 (Nacional de Empleo) ley N°20.744 (Contrato de Trabajo) ley N°14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo) ley N°23.551 (Asociaciones Sindicales), ley N°26.727 (Régimen del Trabajo Agrario), ley N°14.546 (Régimen del Viajante de Comercio), ley N°27.555 (Régimen Legal del Contrato de teletrabajo), ley N°25.877 (Servicios esenciales), Creación de un régimen especial unificado de los Trabajadores independientes con colaboradores.
González, C. Vilella, F., Grassi y A. Otaño, C. (2020). Generación de energía eléctrica a partir de biomasa residual en el Mercado Central de Buenos Aires. Ensayo de comparación entre biodigestión anaeróbica y pirolisis gaseosa. Innova UNTREF, diciembre 2020.
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2012) Informalidad laboral en Argentina: segmentos críticos y políticas para la formalización / Fabio Bertranou, Luis Casanova. Buenos Aires, Oficina de País de la OIT para la Argentina. 2013. 182 p.
El diarioar, 18 de diciembre de 2023 “El gobierno de Milei dio marcha atrás con una suba de retenciones que había anunciado” https://www.eldiarioar.com/politica/gobierno-milei-dio-marcha-suba-retenciones-habia-anunciado_1_10777186.html
Fernando Vilella, Director Programa de Bioeconomía, publicado 14 de septiembre de 2023. Disponible en: https://youtu.be/l_D9ZFGIhpc?si=ikwiQ7Kewu2pIxGn
Infocampo, 23 de octubre de 2008. Fernando Vilella: “Scioli quería un perfil más político que técnico”. Disponible en: https://www.infocampo.com.ar/fernando-
vilella-scioli-queria-un-perfil-mas-politico-que-tecnico/
José Martín Bageneta

José Martín Bageneta

Sociólogo dedicado al estudio de las economías populares agrarias desde el CONICET. Investiga, desde la sociología organizacional, histórica y rural, las organizaciones económicas solidarias de los productores agrarios del AMBA sur. Hincha de Boca sin carnet de socio, flautista de a ratos, coreuta siempre.

  
Julia Lombardi Mayan

Julia Lombardi Mayan

(1979) Socióloga y doctoranda de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) Mg. en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO). Militante nacional y popular. Escritora furtiva. Aprendiz de bombista. Desde el despegue, es copiloto de avión negro.

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