Qué es el Protocolo de Nagoya

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Es un acuerdo internacional sobre acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización, que se inscribe bajo la órbita del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Qué implica ello

Como su nombre lo sugiere, fue adoptado en Nagoya (Japón), en la décima conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica. El Protocolo se propone contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Se aplica a los recursos genéticos que están cubiertos por el CDB, a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y a los beneficios derivados de su utilización.

Acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios

Todas las naciones tienen soberanía sobre sus recursos. Son estas las que deciden la modalidad de acceso y de distribución de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos entre personas, instituciones o países usuarios y personas, instituciones o países proveedores. El Protocolo de Nagoya establece un marco legal y se basa en los principios fundamentales de acceso y participación en los beneficios consagrados en el CDB. Estos principios se sustentan en que los posibles usuarios de recursos genéticos obtengan el consentimiento fundamentado previo (CFP) del país en que se encuentra el recurso antes de acceder a él, que negocien y acuerden los términos y condiciones del acceso y la utilización del mismo por medio del establecimiento de condiciones mutuamente acordadas (CMA). Este acuerdo incluye la distribución de los beneficios derivados del uso del recurso con el proveedor como un requisito previo para su acceso y utilización. A su vez, cuando los países actúan como proveedores, deben estipular reglas y procedimientos justos y no arbitrarios para el acceso a sus recursos genéticos. Los beneficios a distribuir pueden ser monetarios, como la participación en las regalías cuando se crea un producto comercial; o no monetarios, en el caso del desarrollo de capacidades para la investigación y el conocimiento, entre otros. Para que el acceso y la participación en los beneficios se lleven a cabo de manera justa y equitativa, se deberán desarrollar medidas legislativas, administrativas y de política que aseguren las condiciones de acceso y participación.

Innovaciones del Protocolo

Obliga a los Estados a establecer “medidas de cumplimiento” que aseguren que los recursos genéticos y conocimientos tradicionales que sean utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido accedidos de conformidad con la legislación nacional del país proveedor. Además los obliga a adoptar medidas para abordar situaciones de incumplimiento con respecto a esas medidas. El instrumento internacional individualiza una medida que siempre deberá adoptarse: la designación de un “punto de verificación” que controle la utilización de recursos genéticos en la propia jurisdicción. También es novedosa la introducción de un certificado internacional de cumplimiento, que servirá como prueba y evidencia de que se ha accedido al recurso conforme al consentimiento fundamentado previo y de que se han convenido condiciones mutuamente acordadas con el país proveedor. De este modo, el Protocolo de Nagoya provee un marco legal que tiene por objetivo abordar las preocupaciones expresadas por los usuarios y proveedores. Sin embargo, uno de los primeros desafíos para su implementación es el desarrollo de capacidades para establecer instrumentos legislativos, administrativos y de política en materia de ABS o bien modificar los ya existentes. Cada país necesitará definir su propia estrategia en respuesta a sus necesidades y prioridades.

Finalizó el proyecto de implementación del Protocolo de Nagoya


 
 
El proyecto “Promoviendo la aplicación del Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina” —ejecutado desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación—, culminó esta mañana con un taller de cierre en el que se dieron a conocer sus principales resultados. La iniciativa buscó contribuir a la implementación del mencionado protocolo en Argentina, mediante el fortalecimiento del marco normativo de acceso y distribución de beneficios, y se realizó con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés) y junto al Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) como agencia de implementación. En la apertura del encuentro, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, afirmó: “Es importante el trabajo articulado, sobre todo cuando buscamos implementar e internalizar en nuestro derecho interno un protocolo que tiene que ver con un tratado internacional como el de Nagoya”. “Esto es un esfuerzo colectivo y conjunto”. También destacó la labor realizada por los equipos técnicos en el sentido de transformar el mencionado tratado en “una herramienta de la política pública que deje cimientos y bases para una construcción futura también”.  
  Finalmente, la funcionaria destacó que durante el año en curso, desde la cartera que dirige Juan Cabandié, se esté generando “el fortalecimiento de muchas políticas públicas de carácter federal” con carácter “abierto, con vínculo con todas y todos los actores”. Por su parte, la directora nacional de Biodiversidad, Betania Gonzalez, expresó: “Quiero destacar la puerta que se abre ahora”. “Estamos incorporando información a la toma de decisiones. Eso abre un panorama muy importante”, aseguró. Durante la jornada, se presentó una propuesta normativa elaborada por la provincia de Chubut vinculada a la materia; se realizó una exposición sobre conocimientos tradicionales; se describieron planes de manejo como medida para la conservación de los recursos genéticos del guanaco; se habló de un proyecto piloto de investigación y aplicación de biotecnología en nano anticuerpos de guanacos; se abordó el estado de situación de los enfoques ABS de distintas jurisdicciones y se llevó a cabo un conversatorio donde se compartieron experiencias de implementación del acceso y la distribución de beneficios en las jurisdicciones como resultado del impacto del proyecto en el fortalecimiento de capacidades institucionales.  
  Vale señalar que, en los últimos cinco años, se logró con el proyecto la participación de más de 1000 personas en jornadas dedicadas a abordar el Protocolo de Nagoya y más de 600 mujeres formaron parte de los distintos talleres organizados. Además, se brindó apoyo e incentivo al desarrollo científico-tecnológico, mediante el otorgamiento de equipamiento e insumos al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para investigación, así como también a través del financiamiento de actividades de formación que aumentaran capacidades técnicas. También se efectuaron actividades de capacitación para comunidades originarias, como el dictado gratuito, junto con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), de la diplomatura “Pueblos Indígenas, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos en el Marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya en Argentina”, dirigido a miembros de organizaciones indígenas. Esto contribuyó a fortalecer la toma de decisiones por parte de estas comunidades, de manera de permitir que den su consentimiento informado sobre saberes ancestrales con seguridad jurídica y transparencia. Asimismo, se apoyó la conformación de la Red de Pueblos Indígenas.  
  Por otra parte, se logró el fortalecimiento normativo en la materia. En tal sentido, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) aprobó las resoluciones 375/2018 —declaración de interés federal ambiental del Protocolo de Nagoya— 387/2018 —de implementación del Protocolo— y 448/2020 —de promoción de su aplicación—. Además, el Ministerio de Ambiente nacional aprobó la Resolución 410/19 que regula la utilización de los recursos genéticos y establece pautas mínimas y uniformes para las jurisdicciones, en tanto Buenos Aires y Santa Fe aprobaron nuevos marcos normativos. Finalmente, el programa permitió el apoyo a las actualizaciones del Plan Nacional del Manejo del Guanaco, junto a la provincia de Chubut, a la vez que se impulsó la utilización de los recursos genéticos de la especie mediante la exploración del potencial para el desarrollo biotecnológico de nano anticuerpos, iniciativa liderada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El proyecto de Nagoya (PNUD ARG 16/G54) fue liderado desde la cartera que conduce Juan Cabandié por la Dirección Nacional de Biodiversidad que forma parte de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Nacionales. Cabe recordar que el Protocolo de Nagoya es un acuerdo internacional sobre acceso a los recursos genéticos, la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización, que se enmarca en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Se propone contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, mediante un marco legal que se aplique a los recursos genéticos que están cubiertos por el CDB, a los conocimientos tradicionales asociados y a los beneficios derivados de su utilización.  
  El concepto de acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización (ABS, por su sigla en inglés) fue introducido por el convenio CDB en 1992. En la apertura de la jornada, también participaron: Matías López, director de Proyectos de Implementación Nacional de Cancillería de la Nación; Carolina Humphreys, subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut; Martin Irurrueta, director nacional asistente de Investigación, Desarrollo y Planificación del INTA; María Eugenia Di Paola; coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible de PNUD; y Alexandra Fisher, asesora regional técnica de Ecosistemas y Biodiversidad de PNUD Panamá. Protocolo de Nagoya
 

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