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Saludo del Presidente de COLSECOR José Néstor Lino y Declaración del Concejo de Administración de la Cooperativa COLSECCOR

Julio 2022

En todo el mundo, los gobiernos y ciudadanos están haciendo frente a una serie de
problemas profundos y desafiantes que la pandemia por Covid-19 exacerbó. Estos
incluyen una gran desigualdad, aumento de la pobreza estructural, instituciones
comunitarias debilitadas, pequeños pueblos y ciudades intermedias que han quedado
marginados de las políticas públicas y, como fenómeno transversal a todas esas
dinámicas, una creciente concentración económica en múltiples sectores, entre ellos el de
las comunicaciones convergentes.
Argentina no escapa a ese escenario. Razones de inclusión, soberanía y solidaridad exigen
compensar las asimetrías entre grandes centros urbanos con ciudades y pueblos más
pequeños que, a su vez, transitan identidades y alientan expectativas diversas.
Desde la perspectiva del Cooperativismo nos proponemos repensar las prácticas
inclusivas y colaborativas en la sociedad actual. A un año de las elecciones presidenciales,
sería conveniente, también, que los diferentes actores políticos y sociales ofrezcan sus
pautas sobre cómo encarar un fenómeno en el cual las plataformas intermedian
tecnológicamente en la resolución de algunas necesidades ocupando espacios que puede
(y debe) ocupar la Economía Social. Bajo ese escenario, desde la integración de
cooperativas COLSECOR reflexionamos sobre dos ejes que entendemos centrales: la
federalización de la conectividad y la necesidad de rediseñar el modelo productivo local
en el contexto de la economía digital.

Desde dónde partimos
Si hay un rasgo que caracteriza a esta época, además del aumento de las desigualdades
estructurales, que mencionamos al principio, es la actual transformación del ecosistema
de las comunicaciones, en parte, por la incidencia de las grandes plataformas digitales,
sus modelos de negocios y la propiedad de sus algoritmos. Es decir, estamos transitando
lo que algunos analistas e investigadores han designado como “capitalismo de
plataformas” o “plataformización digital” de la economía y las relaciones sociales,
centrado, en su punto más polémico, en la extracción y el uso de un tipo de materia prima:
los datos, cuya fuente natural son las actividades de los usuarios y usuarias. Hablar de
plataformas no es hablar de algunas nuevas empresas, es hablar de un nuevo formato
empresarial que impone nuevas reglas y que amplían cada vez más su radio de acción.
Ese escenario nos obliga a pensar en los derechos de los y las ciudadanas de a pie y en
qué lugar de ese ecosistema se sitúa la economía cooperativa, la economía solidaria. En
ese sentido, en COLSECOR entendemos que hay cuatro generaciones de derechos:
-Los derechos de primera generación, aquellos que aluden a la libertad y a la participación
en la vida política;
-Los derechos de segunda generación, aquellos que tratan de la plenitud en la vida
económica, social y cultural;
-Los derechos de tercera generación, aquellos entendidos como “de solidaridad” y
requieren de cooperación mundial o regional;
-Los derechos de cuarta generación, aquellos que involucran la agenda del desarrollo
tecnológico, el acceso digital y la protección de las garantías personales.
Los derechos de cuarta generación, o derechos digitales, aluden específicamente a las
conexiones de red, acceso a contenidos significativos en internet, reducción de brechas
en habilidades, oportunidades de uso, protección de datos personales, seguridad y
privacidad en entornos virtuales, competencia en economías con efectos de red, entre
ellos.
El proceso de definición, reconocimiento y regulación de los derechos de cuarta
generación está en pleno curso e involucra intereses, demandas y propuestas de actores
políticos, económicos y culturales diversos. La novedad de estos derechos “digitales”
plantea el desafío extra de traducir y recrear las distintas generaciones de derechos
precedentes (analógicos) a los entornos digitales, en clave solidaria y cooperativa. Pero
ello no ocurrirá naturalmente sin políticas públicas acordes. El Estado, como garante de
los mencionados derechos, tiene la responsabilidad de activar un conjunto de acciones
para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en la “sociedad de la
información”, en un país con fuertes fracturas sociales, económicas, geográficas y
culturales.
Además del Estado y el gobierno, en el proceso de definición de políticas públicas
participan distintos actores con desigual capacidad, entre los que se encuentran los
partidos políticos, el sector empresarial, las organizaciones sociales y la ciudadanía. La
elaboración de políticas está determinada por el conflicto de intereses entre estos actores
y, en el campo de la comunicación, interactúan permanentemente con los desarrollos
económico y tecnológico que son cada vez más inestables y dinámicos. En COLSECOR
tenemos un posicionamiento claro en ese aspecto: el Estado y las distintas fuerzas
políticas deben comprometerse con el valor estratégico que tienen las comunicaciones
para el bienestar social, el crecimiento cultural, el desarrollo económico (y equitativo) y
la cohesión territorial. En suma, en cuestiones de economía social, acceso a los recursos
de la cultura y servicios de conectividad, no existe la opción de la “no política”. En sí
misma, la eventual falta de definiciones y opciones es ya una decisión y esa decisión (es)
política.
Somos conscientes de que la regulación de Internet se encuentra en una fase emergente
en la cual se aprecian diversas dificultades para la consolidación de marcos normativos,
entre las que se destacan la tensión entre los actores globales y nacionales, los medios
tradicionales, las telecomunicaciones y las plataformas de internet. Problemas como una
excesiva concentración de la propiedad, la promoción de la diversidad y la protección de
la libertad de expresión aparecen como temas secundarios en una agenda política, que es
mayoritariamente impulsada por grandes jugadores comerciales. Por ende, el Estado debe
atender esas diferentes escalas con especial acento en los eslabones más vulnerables para
evitar la reproducción de brechas sociales, económicas y geográficas en el ecosistema de
comunicaciones digitales.

El camino es la economía solidaria
Cuando hablamos de cooperativismo hacemos referencia a salir de la lógica comercial de
producción de bienes y servicios. Las cooperativas ofrecen respuestas a la desigualdad
social y en particular, en el acceso a los derechos de la ciudadanía. Al mismo tiempo, se
adecúan a las necesidades reales de las personas al incluir a la comunidad como parte de
su proyecto económico y social, mientras que el crecimiento es destinado de forma
comunitaria para alcanzar fines que son debatidos por todos sus integrantes. En ese
sentido, forman parte de la llamada “economía solidaria”.
Además, las cooperativas han sido y son un espacio que dinamiza la producción en las
sucesivas crisis y recesiones que ha sufrido nuestro país, en parte por su directa
vinculación con los intereses concretos de la comunidad. Y en parte, también, porque al
no perseguir el lucro como lógica de funcionamiento, el cooperativismo reinvierte todo
el fruto de la circulación económica de sus bienes y servicios en capital productivo. Eso
implica anteponer el interés general y facilitar el encuentro en pos del interés común por
sobre los intereses particulares. Dicho de otro modo, prima la inclusión como valor
esencial.
Atentos a esas funciones y valores del cooperativismo y al contexto complejo y desafiante
que se presenta a nivel mundial, y en particular a nivel local, desde COLSECOR
consideramos la necesidad de un rediseño del modelo productivo local en el contexto de
la economía digital. La pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento social han
puesto en el centro de la escena las actividades remotas. Y como punto a destacar,
observamos una oportunidad en el recientemente sancionado régimen legal del teletrabajo
(Ley 27555 y Decreto 21/2021 con la reglamentación). La norma genera un potencial
para articular las necesidades heterogéneas de los distintos territorios del país con una
malla productiva integrada y en equilibrio.
La perspectiva abierta con el teletrabajo podría permitir al productor o prestador
federalizar sus procesos de producción y localizar las mejores capacidades para
desarrollar sus procesos, contratando empleadas y empleadas, insumos y servicios en
distintos lugares de la vasta geografía argentina, siendo así el teletrabajo una condición
de expansión para las empresas y organizaciones estatales, pero especialmente para las
cooperativas que tienen anclaje con lo local desde antaño. El teletrabajo puede crear redes
y sinergias productivas entre distintas regiones en función de sus especializaciones
productivas. Eso sí, para todo ello es necesario que existan servicios de articulación y
conectividad adecuados, atentos a la escala y necesidades de la geografía y la
sociodemografía de nuestro país y, como en toda normativa, que su reglamentación sea
clara y transparente.
Más allá del potencial de la ley de Teletrabajo, atravesamos un escenario de tales
transformaciones y brechas digitales que convoca al Estado a reconocer y compensar con
políticas específicas el compromiso de sectores como el cooperativista que reinvierten la
renta de sus actividades comunicacionales en el propio sector, impulsando un círculo
virtuoso y genuino para la comunidad en general.

Digitalizar también es federalizar
Argentina es un país singular en la región por su extensión geográfica y su concentración
demográfica. Ello implica tener en cuenta que hay rasgos peculiares que demandan
atención: amplitud, diversidades y asimetrías. En ese sentido, si se quiere superar la
instancia discursiva sobre la federalización de la conectividad resulta imperioso torcer
una de las características históricas de las políticas públicas nacionales: su centralismo y
discrecionalidad, que alimentan aún más un mapa de territorios con desigualdades
económicas y sociales.
En ese punto, cada vez que el sector privado o estatal no pudo o no quiso, fueron las
cooperativas las que conectaron pueblos y ciudades y lo han hecho silenciosamente y con
resultados exitosos tanto en términos de inclusión social, cobertura, participación social
y servicios de alta calidad. En general, las cooperativas que operan en zonas
comercialmente menos atractivas lo hacen a precios inferiores y con un tipo de tecnología
superior a la del prestador dominante a nivel nacional, a pesar de no ser el receptor
prioritario en las acciones del Estado (regulación y gestión), por ejemplo, con la
asignación de recursos escasos como el espectro radioeléctrico o de licencias para brindar
servicios de telecomunicaciones, que ha sido históricamente muy discrecional.
Incluso a la hora de expedir permisos para ofrecer servicios audiovisuales por vínculo
físico, el Estado en distintos gobiernos resultó selectivo, siempre perjudicando a las
organizaciones cooperativas y comunitarias y a otras entidades sin fines de lucro como
fundaciones, sindicatos y municipios. También a las pequeñas y medianas empresas.
Desconocer esa histórica discriminación que ha determinado el tipo de conformación
estructural de las comunicaciones en el presente sería un grosero error que marginaría aún
más a las organizaciones cooperativas, pequeñas y medianas.
En particular, desde COLSECOR aportamos redes de conexión y comunicaciones en 21
provincias argentinas. Pero no sólo construimos infraestructura, también tenemos
presencia en dos dimensiones esenciales de la organización productiva y económica: la
creación de empleo y el valor local y regional. Así, a través de nuestra Fundación, están
en marcha diferentes programas de relevamiento comunitario, con diferentes objetivos:
1) que cada comunidad cuente con datos actualizados sobre su infraestructura económica,
salud, educación, deportes, cultura y sobre el tercer sector, que luego serán la base de
proyectos que fomenten el desarrollo local (Relevamiento Social Comunitario); 2)
visibilizar la realidad de pueblos y localidades que en general no forman parte de los
operativos estadísticos a nivel nacional, sobre todo por su densidad de población y
dispersión en el territorio (Reportes Mensuales de Precios), 3) indagar sobre un conjunto
de indicadores de bienestar en la vida cotidiana (Encuesta de Calidad de Vida en Pueblos
y Ciudades).
En ese punto, y en el marco del Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el
primer sábado de julio de cada año, entendemos que el sector debe ser la base de cualquier
estrategia para enfrentar los desafíos que en la actualidad se vinculan con los accesos y
derechos de los y las ciudadanas. Las políticas públicas tienen que servir para estimular
las dinámicas federales de la estructuración de la economía en sus diferentes territorios y
escalas. Específicamente, el derecho a la conectividad, que forma parte de los derechos
de cuarta generación. Diversificar y corregir los desequilibrios entre grandes y pequeños
actores de la economía es parte de un horizonte de desarrollo necesario en nuestro país y
en el mundo.
De ese modo, si lo que se busca es federalizar la conectividad, desde COLSECOR
destacamos algunos ejes como estratégicos:
-Eliminar barreras para los actores de la economía social que les permitan acceder a
condiciones justas. Ello permitirá potenciar la conectividad comunitaria con un criterio
solidario e inclusivo.
-Fomentar políticas públicas que incluyan estrategias y acciones de aprovechamiento
cooperativo de los beneficios enmarcados en la Ley de Economía del Conocimiento
-Impulsar políticas públicas de conectividad que reconozcan la especificidad cooperativa
en materia de promoción, de acceso a financiamiento y de impuestos y contribuciones.
-Corregir la concentración excesiva y desequilibrios territoriales para habilitar así un
entorno de mayor concurrencia, moderación de abusos de posición dominante y mejora
en precios y servicios.
-Realizar un seguimiento de la evolución del sector cooperativo y de las políticas públicas
en términos comparativos con otros países, y fomentar las alianzas.
-Animar la perspectiva de desarrollo, acceso y cobertura de tecnologías, redes y servicios
5G, teniendo en cuenta el mapa sociodemográfico que caracteriza a nuestro país, con la
economía social como protagonista.
Si la pandemia por Covid-19 evidenció fracturas de antaño, y acentuó desigualdades, es
momento de revisar políticas públicas que tiendan a equilibrar las asimetrías persistentes
de nuestro país y el cooperativismo siempre fue una herramienta importante para
disminuir esas brechas. No permitamos que sea una vez más la intermediación mercantil
la que logre generar nuevos negocios anulando la cooperación.

                                                  Consejo de Administración
                                                       COLSECOR Coop. Ltda

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