Fuente: https://contraeditorial.com/    Por Diego Rivas    *Licenciado en Ciencia Política, maestrando en Políticas Sociales (UBA)

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Pobreza Cero fue una de las promesas de la campaña electoral de Mauricio Macri en 2015. Cuatro años después, durante las presidenciales del 2019, la fórmula opositora establecía como uno de sus ejes de campaña la consigna “Comer es un derecho”.

Más allá del marketing electoral, las referencias implican el reconocimiento de un problema estructural d la Argentina que en el transcurso del 2015 al 2019 se agudizó drásticamente. Sin embargo, las alternativas para combatir y/o mitigar el hambre, la pobreza, la indigencia y la desocupación han sido (y son) bien diferentes: desde el diseño e implementación de las políticas públicas, el rol del Estado, la acción de los actores sociales involucrados, así como por el modelo de acumulación y hasta la estrategia de desarrollo en que se inscriben.

La política social es una más de las políticas públicas que debe ejecutar un Gobierno. Pero su identidad no puede reducirse a resolver problemas generados por la política económica. No es posible atribuirle la superación de situaciones derivadas del impacto que sobre la estructura productiva poseen la reprimarización de la economía, la apertura de las importaciones, la dolarización de las tarifas, la pérdida del poder adquisitivo del salario y la caída del consumo, y sus efectos sobre las mediciones de la desocupación, la pobreza y la indigencia.

Por ello, hablar de política social, de asistencia y promoción, requiere pensar el modelo de acumulación y la estrategia de desarrollo en que se articula con la política económica y fiscal, de modo que se vinculen recursivamente y asumiendo que la idea de los derechos como garantía o conquista nos obliga a pensar el origen de los recursos económicos que garanticen su ejercicio y goce al conjunto de la ciudadanía.

En el caso contrario, estaríamos reafirmando la distancia entre lo formal y lo real como sucedió con la ley que creó el registro de los barrios populares impulsada a mediados de 2018 por los diputados de Cambiemos, Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri, defendida por la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y por diversos actores sociales, pero que no tuvo asignación presupuestaria alguna. Recién en 2020, y en el marco de la presentación del proyecto de ley para crear el aporte extraordinario a las grandes fortunas, se introdujo una vía para dotarla de recursos presupuestarios que permitan avanzar en la regularización dominial y el mejoramiento del hábitat de los más de 4400 barrios populares.

La política asistencial siempre debe ser destacada, poniendo en valor su accionar (y el de las /los trabajadores que las llevan adelante) pero reconociendo sus limitaciones en tanto intervención de carácter urgente e inmediata. Sin pensar en sus límites ni en políticas que superen las causas a los problemas que pretenden resolver, la extensión de las intervenciones asistencialistas configura una forma de aceptación de estructuras desiguales.

Los que denunciaban una “Argentina planera” reproduciendo la estigmatización de quienes sufren las consecuencias del modelo económico duplicaron los “planes sociales” con su finalidad más retrograda: contener el conflicto social.

Hay políticas sociales porque hay desigualdad. Hay políticas sociales porque una parte de la sociedad permanece fuera del mercado de trabajo.

La asistencia como herramienta para mitigar desfavorables condiciones de vida y la ampliación de programas de transferencia de ingresos que están desconectados de la discusión del mercado de trabajo configuran una trampa conceptual y política.

La persistencia de programas de transferencia condicionada de ingresos (Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Progresar, etc.) resultó ser una estrategia independiente del modelo de acumulación y la estrategia de desarrollo. Incluso, a partir de la restauración conservadora iniciada por Macri han resultado ser la principal vía del modelo económico neoliberal para dilatar sus consecuencias sociales en cuanto a las alteraciones del orden público.

Sobre la base del enfoque individualista y del mérito personal como mecanismo de inclusión, el macrismo se propuso eliminar la noción de la construcción colectiva y la dimensión política de la política social, aquella que pone al pueblo como protagonista y la organización colectiva como fin.

Los mismos que denunciaban una “Argentina planera” reproduciendo la estigmatización de quienes sufren las consecuencias del modelo económico duplicaron los “planes sociales” con su finalidad más retrograda: contener el conflicto social.

Ahora bien, esos programas que en el marco de un modelo de desarrollo inclusivo, inversión pública y generación de empleo configuran un círculo virtuoso y tienen un impacto relevante, mutan en parches contenedores de realidades sociales angustiantes de un país que se descompone al ritmo del modelo neoliberal y la entronización de las finanzas.

Construcción de miradas y sujetos frente a un problema persistente

En este punto, hay que introducir un problema persistente de la estructura económica argentina: la informalidad y el desempleo estructural. Frente a ello, dos posiciones divergentes se debaten al interior del universo de las organizaciones y movimientos sociales. Por un lado, quienes aspiran a la eliminación de los planes mediante la creación de trabajo digno, registrado, con vacaciones pagas, aporte previsional, sindicalización, entre otros aspectos, propios de un Estado de Bienestar que construyó los mejores años de la Argentina. Por el otro, quienes en base al avance tecnológico de la nueva fase del capitalismo denuncian la imposibilidad de ver renacer el sueño “nostálgico” de aquel Estado de Bienestar y de pleno empleo. El señalamiento acerca de la supuesta ingenuidad de dicho anhelo los ubica, al mismo tiempo, legitimando el estado actual de las cosas y la imposibilidad de su transformación. Y de allí, se impone un nuevo escenario y la configuración de un nuevo actor social: los trabajadores de la economía popular. Poetas sociales que crean su propio trabajo y que debe ser valorizado, institucionalizado y remunerado.

Las organizaciones sociales ganaron autonomía y mayor capacidad en la administración de recursos en un país cuyos indicadores sociales se deterioraban.

El sujeto político predominante de las intervenciones sociales fue variando a lo largo de las últimas décadas:

-el sujeto piquetero nacido en los años 90’ producto de la organización política que lo hizo visible, el consiguiente reconocimiento de la desocupación como un tema de agenda y su posterior institucionalización masiva durante el gobierno de Eduardo Duhalde mediante el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados;

-los sujetos empleables e “inempleables” que ordenó la primera etapa de la política social kirchnerista (2005-2009), y en una segunda etapa (2009-2015) el sujeto cooperativista y autogestivo que apostaba por una nueva lógica de organización y producción, así como de un nuevo horizonte de sociabilidad donde la política social es también un espacio de politización; integrando una nueva definición de la cuestión social que buscó ir más allá del combate a la pobreza, a partir de una perspectiva de derechos que reconozca las desigualdades y encare las causas del empobrecimiento, asumiendo una acción multidimensional que no se limita al asistencialismo.

-el sujeto emprendedor del macrismo, que debía ser liberado de las sujeciones de cooperativas estatales y organizaciones sociales cuyo accionar sofocaba su espíritu de realización individual. En esta etapa (2016-2019) se produce un retorno al enfoque de la pobreza propio del paradigma neoliberal con estrategias destinadas a los individuos vulnerados por el modelo de acumulación financiera, y el discurso del trabajo retornó al ámbito del mercado como su regulador natural.

En ese último tránsito, y con la vasta experiencia acumulada, las organizaciones sociales ganaron autonomía y mayor capacidad en la administración de recursos en un país cuyos indicadores sociales se deterioraban. El gobierno macrista, desreguló el mercado de capitales del mismo modo en que desreguló el rol que el Estado poseía en la ejecución de la política social. De modo que las organizaciones (no los ciudadanos/as) salieron fortalecidas e impulsaron la construcción del trabajador de la economía popular como nuevo sujeto político.

Resulta paradójico que representantes de las propias organizaciones destacan que los gobiernos populares “no provocan un retroceso para el sector social, sí para la organización popular (…) el derrame inducido es mejor que el modelo neoliberal, pero ese derrame saltea la organización” (https://revistacrisis.com.ar/notas/persico-entre-la-firmeza-y-la-mansedumbre) y que de allí se concluya que salieron más fortalecidos en 2019 en relación a como estaban en 2015. Detrás de ello resuena una discusión sobre la inclusión de los sectores humildes, sobre la conducción política de los procesos y vale decirlo también, sobre la administración de los recursos públicos.

Pensar que los gobiernos populares suponen una desacumulación de la organización popular es sólo posible de quien mira el mundo desde su propio interés organizativo. ¿O acaso, la organización popular es sólo atribución de organizaciones y movimientos sociales y no de partidos políticos, sindicatos, frentes políticos diversos, movimientos feministas, ecologistas, entre otros? ¿La denuncia por el fracaso del Estado por la situación social, fortalece al mismo tiempo los grados de autonomía de los actores territoriales en la administración de la política social o en la función estatal de implementarla y conducirla? En igual sentido pueden ser leídas las referencias a la desorganización política de intendentes y gobernadores y más aún, la idea de que “los intendentes son quienes estructuralizan la pobreza”, cuando las propias organizaciones suelen disponer de mayores recursos alimentarios y “planes” que muchos gobiernos municipales. La referencia también resulta paradójica a la luz de las estrategias políticas que construyen con los intendentes (de todo el arco político) para consolidar construcciones políticas locales, independientemente de las posiciones que éstos enarbolen a nivel provincial o nacional.

La disputa no es ya con el capital, sino por la administración de los recursos del Estado para una ciudadanía descartada.

“No les gusta hacer política con los negros” supo ser una definición que circulaba en las rondas de mate de las organizaciones sociales a finales del 2015. ¿Será que Macri y Stanley si promovieron mayores grados de acumulación popular o que el incremento de recursos para paliar las consecuencias sociales de la restauración neoliberal encontró en las organizaciones una vía autónoma para contener el conflicto en una lógica de negociación donde ambos “ganaban”?

Así como sectores de la política representan intereses económicos específicos (mucho más concretos que la noción del bien común que orienta todos los discursos públicos), ya sean vinculados a sectores del trabajo o vinculados a las distintas fracciones del capital, sería posible afirmar que algunas posiciones de organizaciones operan como sustrato del sector del poder económico para el que una porción de la ciudadanía está condenada a ser de segunda. De modo que la disputa no es ya con el capital, sino por la administración de los recursos del Estado para esa ciudadanía descartada.

Recomponer las principales fuentes de producción y generación de empleo no pueden ser contradictorias con la organización popular y la emancipación de los sujetos. En cierto modo, las contradicciones y planteos que se estructuran en torno de la salida del IFE, sean por la vía de la “renta universal”, o por la vía del “trabajo mínimo garantizado” expresan intereses de los actores vinculados a lo social. Otras perspectivas que aparecen en debate refieren al reconocimiento y puesta en valor de las tareas de cuidado que realizan en una enorme mayoría las mujeres, así como la extensión de políticas de ingresos destinadas a jóvenes para que terminen sus estudios y para su formación laboral.

El deterioro de todos los indicadores sociales producido por la gestión de Macri y la agudización de muchos de ellos producto de la pandemia, hacen necesario pensar el componente redistributivo de las políticas sociales como elemento dinamizador del proceso de reconstrucción del entramado socio ocupacional de nuestro país. Por otra parte, las diversas intensidades con que las desigualdades se acumulan y/o multiplican hace preciso profundizar las intervenciones sociales sobre los más desprotegidos. La equidad distributiva no sólo es condición, sino que es el punto de partida ineludible para reconocer sentido de verdad a la idea de la igualdad de oportunidades.

Desafíos frente al escenario socio ocupacional

La información socio ocupacional disponible permite construir un escenario del cual emergen diversos grupos de referencia, aún con dificultades metodológicas.

En términos ideales pensar una política de empleo indica que alrededor de 4,5 millones de personas trabajadoras estarían en condiciones técnicas y necesarias de incorporarse en una política de ingresos y empleo:

• 2,2 millones de personas desocupadas.

• 1,1 millones de personas trabajadoras independientes sin ningún tipo de registro.

Hay que repensar el componente redistributivo de las políticas sociales como elemento dinamizador del proceso de reconstrucción del entramado socio ocupacional de nuestro país.

• Casi medio millón de monotributistas sociales.

• Al menos la mitad de los 1,8 millones de monotributistas A y B, que distintos estudios ubican en situación de pobreza y de hecho se incorporaron al IFE.

Todo esto sin sumar a las Personas Trabajadoras de Casas Particulares sin registro, que se estiman más de 600.000.

Son aproximadamente 4,5 millones de personas trabajadoras que, en una serie larga y estable, se presentan como el conjunto de referencia para evaluar una política productiva radical.

Alrededor de 4,5 millones de personas trabajadoras estarían en condiciones técnicas y necesarias de incorporarse en una política de ingresos y empleo.

Las “salidas” del IFE que se plantean exponen cosmovisiones, convicciones y por supuesto intereses. Las posturas que se presentan contrarias a las transferencias sin mediaciones y con un fuerte rol del Estado suelen defender un interés organizativo propio. Algo así como que, si las finanzas son el patrón oculto de la economía popular, resulta que hay un sector de organizaciones que son el administrador oculto de la política social.

Debatir las transferencias de ingreso renunciando al debate por el mercado laboral y desconectado del escenario macroeconómicos, constituye una refuncionalización conceptual del neoliberalismo y son una trampa política que conlleva a asumir como conquistas y éxitos medidas que no hacen otra cosa que reflejar la aceptación de las condiciones de reproducción de las desigualdades que impone el sistema capitalista e incluso institucionalizan condiciones laborales y de vida indignas.

Es necesario poner en el centro del debate político la recuperación de la capacidad de planificación e intervención estatal, promoviendo la inversión pública y la generación de empleo genuino.

Los análisis agoreros que dictaminan sobre la reducción inexorable del trabajo asalariado, y quienes los reproducen, no pueden invalidar debates y transformaciones necesarias por el sólo hecho de asumir diagnósticos que las den por perdidas. Es necesario poner en el centro del debate político la recuperación de la capacidad de planificación e intervención estatal, promoviendo la inversión pública y la generación de empleo genuino, de lo contrario seguiremos discutiendo acerca de la extensión de las intervenciones asistencialistas, que no es sino una forma de aceptación de las estructuras desiguales que ha impuesto el neoliberalismo.

En este punto, el debate entre verdades relativas dentro el movimiento nacional debe reconocer tres aspectos imprescindibles e irrenunciables para pensar el modo de superar la angustiante situación social: una fuerte inversión pública del Estado Nacional, provincial y municipal, un modelo de gestión presente y activo y el rol destacado de organizaciones sociales y actores territoriales que son pilares de la comunidad organizada.

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