LA POLÍTICA COMO DISPUTA DE LAS ESPERANZAS por Álvaro García Linera

Fuente: Biblioteca Masa Crítica CLACSO – por Alejo García Linera Ex Vicepesidente de Bolivia      

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La política  como disputa de las esperanzas

Nosotros en una década sacamos al 30% de la población de la pobreza y la extrema pobreza. Nosotros convertimos el Parlamento, el Gobierno y los ministerios –que eran un coto, un feudo privilegiado de apellidos, de rostros y de piel blanca– en un escenario cobrizo, de indígenas, de obreros, de vecinos, de amas de casa, de empleadas del hogar. Una empleada del hogar fue nuestra ministra de Justicia. Un agricultor fue nuestro canciller. Un obrero fue nuestro ministro de Trabajo. Un minero fue nuestro ministro de Minería. El Parlamento se llenó de olor a tierra, a coca y a sudor del trabajador. Hubieran querido lanzar a Evo desde lo alto de los veintiún pisos de la Casa de Gobierno o arrastrar su cadáver por las gradas, pero no lo pudieron hacer. Intentaron matarlo en el avión, le dispararon con un proyectil. La justicia y la igualdad siempre son esperanza. El resentimiento, el escarnio y el racismo no pueden serlo. Eso es la derecha, que quiere construir un mundo futuro fundado en la bilis y el odio. Nosotros, por el contrario, tenemos que construir un mundo alegre, fundado en la justicia y en la igualdad. Las reformas de primera generación, de los tempranos años 2000, emergieron de la sociedad y de lo que hicieron los presidentes de entonces, Kirchner, Lula, Correa, Lugo, Evo, que fue convertido en política pública. Ahora nos corresponde a todos, y especialmente a los jóvenes, producir, inventar, parir, generar los objetivos o las reformas de segunda generación del progresismo latinoamericano y mundial.

Golpe de Estado contra la igualdad

El 20 de octubre de 2019 ganamos las elecciones con Evo Morales en Bolivia con el 47% de los votos. Quien salió segunda era una persona de centroderecha, como se llamaba entonces, que perdió por 10 puntos. Todo parecía consolidado, se trataba de una victoria democrática contundente. No era una diferencia de un punto o dos, era una diferencia de más de 600 mil votos, según nuestro padrón electoral que es de 5 millones de personas. Pese a ello, al día siguiente de la victoria se desató un infierno. Grupos de gente de derecha se aglutinaron en las calles y fueron a quemar las sedes electorales. No éramos nosotros, que habíamos ganado y a quienes se nos acusaba de que habíamos hecho fraude, los que comenzamos a quemar papeletas; eran los que habían perdido. Asaltaron cinco de las nueve sedes electorales del país e incendiaron miles de cajones en los que estaban las papeletas. Su pretexto era que había habido fraude y, quemando ánforas y tribunales electorales, querían demostrarlo. Inmediatamente se desató una corriente en los medios de comunicación del país, orquestada por los propietarios de tales medios, para denunciar irregularidades. Se convocaron en la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno y, así como ustedes vieron las imágenes de la irrupción de grupos violentos al parlamento de Estados Unidos en enero del 2021, de la misma manera intentaron entrar a la Casa del Pueblo de Bolivia. Así pasaban los días en medio del terror desplegado por una derecha “con ínfulas de Nerón”, porque se dedicaba a quemar instituciones y papeletas electorales. Pocos días después, la violencia se intensificó. De incendiar papeletas y edificios, de intentar entrar y atacar la sede del Parlamento, pasaron a dedicarse a atacar y humillar a las personas, a dirigentes sindicales y comunales. Siempre la mujer va a ser el lugar preferente de la imposición y el ejercicio de la injuria, el abuso y el supremacismo racial. Por eso, tomaron por la fuerza a una alcaldesa popular que defendía la victoria de Evo, le cortaron el cabello, la manosearon, le echaron pintura roja en todo el cuerpo, la amarraron, la encadenaron y la arrastraron durante cuadras y cuadras. Su delito: ser del Movimiento al Socialismo, es decir, acompañar al “indio” Evo. Luego, jóvenes de clase media y media alta armaron escuadrones de motociclistas en las avenidas principales con el objetivo de impedir que llegaran indígenas a la ciudad. Cientos de compañeras y de compañeros que venían a defender su voto por Evo, gente humilde, trabajadora, campesinos que querían marchar a la ciudad para defender su veredicto democrático, fueron arrinconados por motocicletas para que no entraran a la ciudad. Era un regreso a los tiempos de la Colonia, cuando los “indios”, los pobres no podían entrar al centro de las ciudades coloniales. En pleno siglo XXI intentaron hacer lo mismo en la ciudad de Cochabamba. Diez mil mujeres campesinas con sus niños, con sus bultos en la espalda, que venían marchando con banderas blancas para reclamar respeto a su voto, fueron expulsadas de la ciudad. Se les decía: “¿Para qué vienen estas indias sucias a contaminar esta ciudad?”. Las clases medias tradicionales, como sucedía desde la Colonia, no solo se creían dueñas del territorio sino también humanamente superiores a quienes no compartían su estirpe. Poco después, también se comenzaron a incendiar sedes sindicales y casas de dirigentes políticos, como sucedió con el hogar del ministro de Minería y los ejecutivos de la Confederación Campesina. Se secuestró al hermano del presidente de Diputados, cuarto en la línea de sucesión constitucional; se lo desnudó, se lo flageló y se lo amenazó con matarlo si no renunciaba su familiar. Habíamos vivido 13 años de estabilidad social y, de repente, brotaba violentamente este resentimiento de clase privilegiada, lleno de odio y enceguecido por el racismo enfurecido. No hablaban, vociferaban; no explicaban, insultaban. Era la derecha. No tenía razones, tenía resentimientos. A esta actitud de los sectores medios y altos privilegiados se sumaron, luego, la policía y los militares. El día 10 de noviembre, aviones de guerra sobrevolaban las ciudades y El Alto; en las provincias disparaban por encima de las cabezas de los compañeros que, en las zonas de los bloqueos, estaban impidiendo que llegara más gente que quería tomar el Parlamento y la Casa de Gobierno a la ciudad de La Paz. Enfrentar policías y militares era lo que quedaba. Entonces, Evo tomó una decisión sabia y declaró: “Yo no voy a ser causante de la muerte de mi gente, porque sé que si yo digo ‘hay que resistir’, van a morir no decenas, sino cientos o miles de mis compañeros. Yo voy a renunciar. Si es por mí, si todo esto es para que yo no sea presidente, prefiero renunciar, pero no quiero que haya un solo muerto entre mis compañeros”. Ese día, el 10 de noviembre por la tarde, renunciamos. El 11 de noviembre un avión mexicano nos sacó del aeropuerto y, como despedida, los golpistas nos lanzaron un misil RPG para intentar derribar el avión en el que estábamos. Eso fue lo que sucedió en 2019. Pero nuestra renuncia a la gestión de gobierno y a una nueva victoria electoral no cambió la sed de venganza y escarmiento fascista. Un general le colocó la banda presidencial a una desconocida senadora cuyo partido había obtenido el cuarto lugar en las elecciones. No hubo asamblea ni Parlamento ni mayorías electorales ni votación parlamentaria; todo sucedió por la fuerza de las armas. No estoy hablando del año 1974 ni de 1976, sino de 2019. Nuevamente, la violencia y la coerción se convirtieron en determinantes de la vida política de nuestro país. Dos o tres días después, se emitió un decreto que eximía de responsabilidades a policías y a militares para poder matar: fue el decreto de la impunidad. A los cuatro días, tanquetas, aviones de guerra y helicópteros artillados salieron a ejecutar a campesinos en Sacaba, una población cercana a Cochabamba, en el centro de Bolivia. Tres días después, otros regimientos artillados, nuevamente con tanquetas, aviones y helicópteros, salieron a matar a pobladores de la ciudad de El Alto. 37 muertos, 500 heridos de bala, huérfanos, viudas, jóvenes sin mano, sin ojo o sin pie, mutilados, torturados. Incluso hubo pobladores heridos de bala militar que no fueron recibidos en las clínicas: “Es masista, es decir, es indio”, alegaban algunos doctores, y botaban de las clínicas a los heridos. Inmediatamente comenzó una cacería de dirigentes sindicales. 1200 detenidos durante un mes y medio, todos por su militancia social y política. No se necesitaba acusación, defensa o debido proceso. Policías con listas de líderes sociales y políticos de izquierda eran la ley suprema de esos tiempos infames. La bestia asomaba el rostro racista, autoritario, antigualitario. Era la derecha desembozada. La centroderecha había guardado el ropaje democrático que había utilizado temporalmente para obtener votos en minoría y, ahora, se mostraba tal como era en el fondo: violenta, resentida, racista y con un odio enfermizo a lo popular. Y uno se pregunta qué es lo que llevó y lleva a las personas, a la derecha o a sectores sociales privilegiados, a emprender esa acción tan violenta, tan destructiva, tan antidemocrática. Y la respuesta es clara: fue un golpe contra la igualdad, contra el ascenso social y político de los pueblos indígenas que, al fin, después de siglos de opresión y colonialismo interno, conquistaban ciudadanía y poder. El golpe de Estado era contra ese ascenso social indígena popular que ahora ocupaba con orgullo las calles, los ministerios, el Parlamento, las embajadas, las gobernaciones regionales, las decisiones de Estado. Esto significa que las luchas por la igualdad tienen sus contraefectos y contrafinalidades. La igualdad es la construcción de un horizonte moral superior. Pero ese objetivo tiene su contraparte: el resentimiento de los igualados contra los que se igualan. En Bolivia, durante siglos hasta la asunción al Gobierno de Evo en 2006, un sector privilegiado, de apellido extranjero, de piel blanca, de educación universitaria en el exterior, había asumido que la tierra, el poder, el gobierno, el respeto, los ministerios, las cancillerías, las obras, las contrataciones con el Estado le correspondían por derecho natural, de apellido y linaje. Era el racismo institucionalizado. En este orden colonial republicano, los indios, los campesinos, la gente del pueblo, el aymara, el quechua, el guaraní, estaban para trabajar la tierra y para construir edificios, cocinar el alimento de los patrones y barrer sus calles. A su vez, el poder político, el prestigio y el mando estaban asignados, por la naturaleza moral de las cosas, a una élite que se creía blanca y con apellidos de alcurnia. La llegada de Evo significó el quiebre de ese orden moral de las cosas. Había un presidente indígena, un canciller indígena, una bancada de senadores y diputados de los cuales el 55% eran dirigentes sociales obreros o líderes indígenas. Las funciones del Estado, los ministerios, los viceministerios, las direcciones, las empresas públicas eran dirigidas ya no por las viejas élites aristocráticas y blancoides, que se creen superiores, sino por Quispes, Mamanis, Tolas, Aruquipas, es decir, por los apellidos de nuestra gente, de la mayoría de nuestro país. Fue un hecho de construcción radical de igualdad. De la mano de rebeliones sociales y del triunfo electoral de Evo, ellos se volvían poder y, así, se igualaban con los que siempre habían considerado que esos espacios eran de ellos por derecho, apellido y estirpe. Esos sectores igualados aguantaron cinco, diez años, pero ya no estaban dispuestos a aguantar más y juntaron odio, resentimiento contra este proceso de igualdad. Y lo vomitaron en 2019, matando, encarcelando, persiguiendo y torturando a trabajadores. La igualdad, que es un objetivo humano supremo, tiene entonces un precio. Esa es una lección para todos y es algo que uno tiene que prever. Los que tenían los privilegios habrían de protegerlos, incluso violentamente; habrían de enroscarse y “enfeudarse” en ellos. Una vez más, no estaban dispuestos a compartirlos. La búsqueda de igualdad se convirtió en una afrenta ante los ojos de los privilegiados. Lejos de buscar compartir y competir por esa justicia social, la derecha se atrincheró y radicalizó. Entonces, en 2019, como no pudieron asesinar a Evo, lo primero que hicieron fue quemar la Wiphala, la escupieron y pisotearon. En esta quema de un símbolo indígena está representada toda esa voluntad de deshacerse de los indios igualados que habían dejado de ser súbditos para convertirse en ciudadanos con idénticos derechos. Ellos quemaron la Wiphala y entraron al Palacio de Gobierno con la Biblia en la mano, como siglos atrás lo hizo Pizarro en Cajamarca. Esa fue, entonces, una lucha contra el empoderamiento de lo popular. Lo cual nos deja una lección: las derechas son democráticas en tanto no se afecten sustancial y estructuralmente sus privilegios de casta y apellido, sus posesiones y sus prerrogativas. Cuando estos se ponen en riesgo en pos de la igualdad, ellas se sacan el traje de demócratas, se quitan el candado de la lengua, que limitaba el exceso de sus palabras y de su furia, y se desata el odio en el discurso, en la palabra, en la acción sobre los cuerpos populares, especialmente de las mujeres. Eso fue lo que sucedió, aunque la lucha por la igualdad fuera hacia “arriba”, no hacía “abajo”; porque nosotros no quitamos nada a los empresarios bolivianos ni a las tradicionales clases medias. Pero hicimos que los que no tenían nada tuvieran algo y que los que tenían algo tuvieran más, y eso a ojos de ellos fue un delito. ¿Qué hizo la derecha neoliberal golpista cuando llegó al gobierno? Lo que siempre hacen los neoliberales del mundo entero: repartir tierras fiscales a sus allegados; volver deficitarias las empresas públicas para luego privatizarlas; asignar grandes créditos de los bancos públicos a sus empresas y quitar los créditos al joven estudiante, a la pequeña vendedora, al transportista que necesita un microcrédito para mejorar su actividad. Botar a los indígenas del poder, castigarlos por haber invertido el orden moral y racial del mundo, y restaurar la primacía del color de piel como garantía del “buen manejo del Estado”. Criminalizar a los sindicatos, garantizar el despido impune de cualquier trabajador que se oponga al despotismo patronal, que organice sindicatos, que proteste o que reclame. Asfixiar beneficios sociales. En otras palabras, asaltar patrimonialmente el Estado.

Derechas racializadas y autoritarias

Ciertamente lo acontecido en Bolivia presenta cierto grado de excepcionalidad. No pudieron ganar electoralmente y, entonces, recurrieron a la violencia. Sin embargo, esta manera de regreso de la derecha también puede darse de otras formas en otras partes del continente y del mundo. Los golpes de Estado policíaco militares no son la única manera en que la derecha puede recuperar el poder. Por ejemplo, en Brasil, se produjo un golpe de Estado judicial o lawfare, que hace referencia a la utilización del poder judicial para desconocer la voluntad popular y de las mayorías electorales. Otra forma viene de la mano de devastadoras cadenas de agresión mediática que, aprovechando el monopolio empresarial de medios de comunicación privados y multimillonarias campañas de manipulación en redes sociales, descomponen la opinión pública, insuflan miedos artificiales a la población y obtienen victorias electorales adulando las “pasiones tristes” de una sociedad ya envilecida. En todos los casos estas tácticas perversas de desestabilización política hallan eficacia capitalizando las debilidades de los progresismos, especialmente aquellas que surgen cuando se producen distancias entre las élites de los gobiernos y las organizaciones sociales populares que los sustentan, o también cuando se agotan o se cumplen las reformas de primera generación de los gobiernos progresistas. En ambos casos, con el golpe de Estado del 2019 aprendimos algunas lecciones. La primera es que la derecha que hoy enfrentamos no es la misma derecha de inicios del siglo XXI. En ese entonces la derecha continental estaba golpeada, el sistema de dominación de la región había sido conmovido por las grandes sublevaciones plebeyas con las que se inició el siglo. En Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, se habían producido grandes movilizaciones sociales, en algunos casos insurrecciones populares, que permitieron resquebrajar y arrinconar el horizonte de expectativas colectivas neoliberales. El Consenso de Washington ya no generaba esperanzas y había perdido el optimismo histórico. Hoy la derecha ya no es la misma. Se halla encostrada y enfurecida. Ya no moviliza el imaginario de un universal en el que caben todos, incluso los “perdedores”, pues siempre producía la ilusión de un nuevo “reto” en el que el “perdedor” era otro. Hoy trasmina un sórdido resentimiento y melancolía. Resentimiento contra la plebe igualada, contra los jóvenes pobres que ponen en riesgo su “seguridad”, contra el migrante que ocupa empleos que ellos desprecian, contra las mujeres que ya no toleran la tiranía patriarcal, contra los “comunistas” que quieren ampliar el Estado protector. Y melancolía por los viejos tiempos de gloria, cuando no había progresismos, cuando las mujeres estaban en las casas, cuando los jóvenes estaban vigilados, cuando los trabajadores no tenían sindicatos y cuando las decisiones del Estado se hacían en embajadas extranjeras o en las oficinas de las grandes corporaciones empresariales. Son los furiosos nostálgicos de un pasado de consenso general alrededor de la ideología empresarial convertida en sentido común. Hoy, esa ilusión empobrecedora ha estallado en mil pedazos divergentes y, entonces, lo que queda de sus fragmentos es una violenta cruzada contra los “infieles” de un orden crepuscular y enmohecido. Contra los pobres, especialmente jóvenes, a quienes se amenaza con encerrar profilácticamente en sus barrios. Contra los obreros, a quienes se les promete el regreso de una autocracia de la precariedad laboral. Contra las mujeres, a quienes se las intimida con el retorno a su encadenamiento en las disciplinas de la vieja familia tradicional. Y a los indígenas, la garantía de devolverlos al látigo de la hacienda y la marginalidad social. Estamos pues ante una derecha en guerra enloquecida contra el descalabro de su añejo orden mundial. No intenta seducir, sino aniquilar; no busca convencer, sino castigar; no convoca, amenaza envuelta en una armadura de odio contra los insolentes. Por eso se ha vuelto crecientemente autoritaria, violenta y desembozadamente antidemocrática. La derecha postdictatorial que conocimos a fines del siglo XX fue democrático-liberal porque había un consenso entre libre mercado y democracia electoral. ¿Por qué había consenso? Porque no había divergencia entre las élites políticas. En los años ochenta y noventa, todos, ya fueran de derecha o de izquierda, compartían ese horizonte. Se había caído la Unión Soviética, había entrado en crisis el Estado de Bienestar en el mundo entero y todos abrazaron el libre mercado y la globalización, incluso los izquierdistas arrepentidos y derrotados. Por lo tanto, la democracia representativa estaba articulada con el libre mercado. A partir del año 2000 esto cambia. Hay una divergencia de élites en el mundo entero y especialmente en América Latina. Ya sea por rebeliones a las políticas de “ajuste” neoliberal o por colapso de las soluciones de libre mercado, se ha desatado una gran divergencia en los proyectos político-económicos de partidos y organizaciones sociales. Inglaterra se ha separado de la Unión Europea; Estados Unidos se ha propuesto como meta, con Donald Trump y luego con Joe Biden, privilegiar el mercado interno, esto es el proteccionismo, bajo el lema “América primero”. La globalización estaba bien cuando ellos detentaban la hegemonía mundial, pero es un problema cuando otros, en este caso China o India, comienzan a convertirse en la factoría del mundo y nos inundan con sus productos, incluidos los Estados Unidos. La pandemia del COVID-19 ha exacerbado estas contradicciones. Para enfrentarla mundialmente, las soluciones de mercado han sido abandonadas. Todos han acudido al Estado, comenzando por las bolsas de valores y los CEO de las megacorporaciones que han implorado a los Estados nacionales la emisión de dinero para pagar salarios, recomprar acciones y saldar deudas. Han sido los bancos centrales de EE. UU., Inglaterra y el resto de Europa –es decir, instituciones del denostado espacio público que han repartido por doquier decenas de billones de dólares y no Wall Street– los que han salvado al capitalismo mundial de la peor crisis económica de los últimos cien años. Esta fractura del consenso mundial en torno al libre mercado, esta nueva disputa entre proteccionismo, por un lado, y libre cambio, por otro, esta renovada reivindicación del Estado para enmendar la tragedia social producida por la globalización está marcando el crepúsculo de un modelo neoliberal que no está dispuesto a jubilarse sin dar antes patética y rabiosa batalla. Su violencia es inversamente proporcional a su legitimidad. Y por eso la centroderecha se ha envilecido transformándose en ultraderecha autoritaria y racializada. El golpe de Estad o de 2019 en Bolivia es un ejemplo extremo. Pero no es una excepción irreproducible, es una tendencia. No es casual tampoco que en EE. UU., una de las democracias liberales más antiguas del mundo, en enero del 2021 se haya asaltado el Parlamento y los perdedores de las elecciones hablaran de fraude; o que en España un afamado novelista de filiación liberal señalara que “lo importante de la democracia no es que haya libertad para elegir, sino que se elija bien”. Es decir que, si no se elige “bien”, o sea a los suyos, entonces mejor quitarle al pueblo el derecho a elegir. Esta amenaza va directamente a los pobres, a los humildes, a los campesinos, porque son propensos a elegir a “populistas”, a “izquierdistas”, lo que significa que eligen “mal”. Según esta perspectiva instrumentalista, la democracia es buena siempre y cuando gane su sector. En cuanto pierde, ya no es buena, y entonces, que vengan los tanques, los aviones y los helicópteros artillados a hacer el trabajo sucio. Esto que creíamos que se había acabado en los años setenta y ochenta del siglo pasado, nuevamente asoma las orejas por el horizonte y es algo con lo que tenemos que tener cuidado en el futuro inmediato. Y no es una degeneración política solo de América del Norte o del Sur. Es mundial. Cuando ves a prestigiosos filósofos franceses y alemanes azuzar nuevas versiones de guerras religiosas con la intención de proteger la “pureza” ciudadana europea ante la migración, o reclamar la formación de un ejército europeo para contener la amenaza “asiática”, estamos ante un liberalismo corrompido que apela al racismo y al militarismo para resguardar sus encogidos feudos. Paralelamente, esta derecha reciclada ha innovado sus métodos y medios de incidencia. No solo ocupa las instituciones, manipula oligopolios mediáticos, financia partidos políticos, derrocha financiamiento empresarial; ahora ocupa también las calles, despliega guerras ideológicas moleculares, alimenta narrativas de odio y revanchismo. Ha aprendido lecciones de los últimos veinte años cuando las izquierdas tenían el monopolio de las calles y de las estrategias moleculares de formación de opinión pública. Es una derecha, digámoslo así, más “gramsciana”, que ha aprendido de lo que sucedió en las últimas décadas, lo cual genera una situación más complicada. De hecho, a veces ocupan la calle más que nosotros. Y este es un gran error, porque la calle, el barrio, la fábrica, la Universidad, la plaza, la marcha, la asamblea, la acción colectiva debe ser nuestro territorio siempre, el territorio del progresismo, de la izquierda, de los revolucionarios. De ahí venimos, de ahí somos, desde ahí construimos todo. Incluso la lucha por los poderes  institucionales es frágil si no tiene como correlato la presencia activa y protagónica de las calles.

Segunda oleada progresista

Analicemos ahora la situación en la que se encuentran las fuerzas progresistas y de izquierda que han llegado al gobierno. Ellas presentan cambios e, inevitablemente, dificultades. La primera oleada progresista, que se produjo entre los años 2000 y 2015, fue sin dudas la década más virtuosa de los últimos cincuenta años en nuestro continente. 70 millones de personas que se acostaban con hambre salieron de la pobreza y la extrema pobreza para entrar a la situación de ingresos medios. Esto significa que la persona que nos vende dulces en la esquina, que el joven obrero precarizado que trabaja en una fábrica, que la vecina que vive en un pequeño cuarto alquilado con sus tres hijos y no tiene trabajo, en esa década pudieron hallar un empleo digno, o ahorrar un poco para comprarse un terreno, o mejorar la alimentación de sus hijos, o mandar a la universidad a la hija, o ampliar su pequeño negocio, o pagar el crédito de su departamento; es decir, significó una revolución material de las condiciones de vida de millones de familias humildes y laboriosas. En esa década mejoraron los salarios, se produjo un enorme crecimiento económico y se redistribuyó la riqueza. El caso de Bolivia puede servir de ilustración: si al comienzo de dicho periodo seis de cada diez bolivianos eran pobres y cuatro de cada diez extremadamente pobres, en una década esa situación mejoró a tres y uno de cada diez, respectivamente. La economía ha crecido en promedio 5% anual durante 13 años consecutivos. El salario mínimo de un trabajador boliviano –el país más pobre de América Latina después de Haití– pasó, también, de US$42 a US$302 en el mismo periodo de tiempo. Miles y miles de familias campesinas dejaron de recoger agua de los charcos para beber y pudieron abrir un grifo en su domicilio para disfrutar agua potable. Los rústicos cuartos con goteras y pizarras imaginarias de los colegios públicos de los barrios populares y el campo dieron lugar a grandes edificaciones modernas, donde los niños aprenden y comen dignamente. El indígena y el campesino, siempre pobres y discriminados, no solo fueron reconocidos y salieron de la pobreza, sino que se convirtieron en poder estatal para reorganizar la fisonomía de lo común de una sociedad plurinacional. Estos cambios, con mayor o menor intensidad, los hemos vivido en todo el continente que se volvió “rosado” o “rojo”, es decir, mayoritariamente progresista. Sin embargo, a partir del 2015, la primera generación de reformas comenzó a cumplirse y, al cumplirse, a agotarse. Porque hoy esas reformas que hicimos en la primera oleada son ya insuficientes ante la crisis ambiental, la crisis médica que estamos viviendo y la crisis económica que desató todo ello. El mundo ha retrocedido económicamente. En promedio, América Latina ha caído nueve puntos en su producto interno bruto, es decir, hemos regresado a la riqueza que teníamos en el año 2008 o 2010. La pandemia es todavía una herida abierta que ha traído más pobreza, cierre de empresas, desocupación, endeudamiento, debilitamiento de la riqueza social, es decir, un panorama muy complejo. Entonces, las reformas de la primera generación del progresismo, que ya venían mostrando signos de debilitamiento, tampoco tienen la iniciativa para enfrentar de manera duradera y sostenible estas nuevas circunstancias históricas provocadas por el “gran encierro” del 2020-2021. Estamos por ello ante un hecho paradojal que caracteriza al mundo: ni el neoliberalismo propone un plan a largo plazo que no sea simplemente un regreso violento y melancólico a las huellas del pasado, ni el progresismo presenta un horizonte con la capacidad de remontar las dificultades que han emergido de la pandemia y la crisis económica y ambiental. Así se produce este momento de estupor colectivo, de cierta parálisis, en el que el tiempo pareciera estar suspendido. Es un tiempo liminal. Cobramos conciencia del tiempo que transcurre solo cuando imaginamos una línea concatenada de sucesos que se dirigen a un fin. Quizás nunca sabremos con certeza cuál es ese fin, pero imaginariamente ordenamos nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestras relaciones con nuestra pareja, nuestra universidad, nuestra clase, nuestros amigos, en una concatenación dirigida a un objetivo que funciona como horizonte. Pero cuando eso se derrumba porque no sabemos si estaremos vivos en un año, si conservaremos nuestro trabajo, si podremos ahorrar o si nuestra hija podrá ir al colegio o a la universidad, es decir, cuando se quiebra nuestra posibilidad de prever imaginariamente el futuro, como ahora, el tiempo se detiene. Aunque el tiempo físico sigue pasando, el tiempo social parece dilatado; se suceden infinidad de cosas diarias y aun así es como si estuviera detenido porque ya no hay concatenación de sucesos orientados hacia un destino imaginado. La incertidumbre es el espíritu de la época. Estamos en un portal en el que sabemos lo que ya no funciona, lo que está mal, lo que nos molesta; pero no sabemos lo que lo remontará, lo que viene. Esta es una característica actual del tiempo que se acentúa porque los proyectos políticos en pugna se están mostrando débiles para disputar el imaginario de esperanza colectiva; tanto el neoliberalismo recalentado y zombi que persevera y que no es capaz de conquistar el optimismo ante la historia, como el progresismode primera ola, que hizo un buen trabajo pero   que no está pudiendo delinear la siguiente ola de reformas. Entonces, en general se produce este momento paradojal, tiempo suspendido o liminal. Lo importante de estas épocas paradojales es la suspensión del horizonte predictivo. Durante tales lapsos, se pasa de la angustia y el estupor a, más pronto que tarde, la disponibilidad para nuevas creencias, lo cual produce una crisis cognitiva. La gente puede aguantar uno, dos o tres años con el tiempo suspendido, pero en algún momento necesita aferrarse a un futuro, más o menos realista o fantasioso, pero portador de certidumbre imaginada. Los humanos somos, ante todo, seres de creencias. Esta es la gran diferencia del ser humano frente a otros seres vivos: necesitamos inventar una creencia acerca de cómo será el porvenir.  

La política como disputa por la pasión de la esperanza

Hoy estamos en la etapa del estupor universal, pero más pronto que tarde vendrá la etapa de la disponibilidad cognitiva para revocar las viejas creencias y colocar nuevas en su lugar. Y en esa  lucha de nuevas ideas-fuerza, hoy se enfrentan dos tendencias. Por un lado, las derechas, que han levantado el estandarte de una nueva guerra santa y se figuran como los nuevos cruzados, con sus cascos, sus corazas, sus escudos y sus lanzas. Ellos se proponen enfrentar a los supuestos nuevos enemigos de la libertad, que serían los progresistas, los “populistas”, los indianistas, los “comunistas”. Cuando la ultraconservadora alcaldesa de España decía: “El indianismo es el nuevo comunismo”, estaba apelando a esa manera maniquea de dividir el mundo, propia de los años cincuenta. Hoy no hay muchos comunistas, pero no cabe duda de que el comunismo es para el capitalismo el aterrador espectro de su propia muerte, el recordatorio perpetuo de su contingencia. Lo que por ahora tenemos es el progresismo, y dentro de él se ubican los comunistas, los socialistas, los indianistas, los nacional-populares, etc. Pero eso que abarcamos con el nombre de “progresismo” se ha convertido en el gran enemigo de las derechas. Y para ellas no es solo un adversario político, sino –lo que es peor y más grave– un enemigo moral. La otra fuerza en pugna, que aún tímidamente batalla por la organización de ese horizonte de previsibilidad de futuro, es la izquierda, el progresismo, lo nacional-popular. Y es aquí donde tenemos una obligación o responsabilidad histórica: recuperar para nuestro lado las banderas de la esperanza, porque la política es, en esencia, la conducción de las esperanzas colectivas y el Estado, como síntesis jerarquizada de la sociedad, es el monopolio de estas esperanzas. Por eso, quien monopoliza o administra los anhelos colectivos, deviene poder de Estado. En esta disputa, lo que vaya a suceder en el continente va a depender de cuáles son las fuerzas que delineen la nueva generación de esperanzas de la sociedad, y ahí nosotros no podemos detenernos. La primera oleada de esperanzas y de reformas del progresismo nació en los inicios del siglo XXI y duró una década y media. Estas ya cumplieron su ciclo. Ahora nos corresponde a todos, y especialmente a los jóvenes, generar, luchar, producir los objetivos o las reformas de segunda generación del progresismo latinoamericano y mundial capaces de recuperar el entusiasmo en la lucha por la igualdad, la justicia social y la comunidad universal. Este programa de nuevas y más radicales transformaciones del Estado, la economía y la sociedad no surgirán de una cavilación aislada, de un esfuerzo especulativo de cómo debería ser el mundo. Son creaciones colectivas que corresponden al espíritu de una época, a todo lo que está emergiendo como expectativa colectiva en medio de y contra la desesperanza, el estupor y la parálisis. Es decir, es un producto social; no solamente un producto gubernamental o académico. Las reformas de primera generación también emergieron de la sociedad, y el papel dirigente de los líderes progresistas que acompañaron esos cambios surgió precisamente de su capacidad de haberlas comprendido, de haberles dado cuerpo representable, narrativa fundamentada y eficacia decisional desde el gobierno. Las reformas de segunda generación de esta nueva oleada progresista igualmente tienen que estar enraizadas en la sociedad, es decir, ser fruto de nuestro debate, de nuestras marchas, de nuestras movilizaciones, de nuestros escritos, de nuestras investigaciones, de nuestras asambleas. En medio de la desazón que quiere asfixiar el horizonte, de manera recubierta, fragmentada, hasta cierto punto caótica, están los destellos de las esperanzas colectivas. Y la labor de un líder social, de un dirigente político revolucionario, de un investigador comprometido con la igualdad, es separar esa esperanza de la escoria que la aprisiona o deforma, ayudar a articularla con las esperanzas de otros sectores populares, condensar de mejor manera su enunciación para dar paso a su irradiación molecular movilizadora. Si en verdad se capta el espíritu de la época, rápidamente estas propuestas prenden en la demanda social, porque ensamblan con el marco de expectativas y disponibilidades de las personas y se vuelven sentido común popular en acción.

Transformaciones de segunda generación progresista

Algunos de los ejes en los que podrían darse estas transformaciones que nos permitan recuperar la iniciativa histórica y la iluminación de emociones y esperanzas movilizadoras son: 1. Una reforma tributaria sustantiva. La economía mundial se ha desplomado por la pandemia. El continente más afectado es Latinoamérica, que sufrió una caída del PIB del 9%, mientras que en el resto del mundo esta fue de entre el 5 y el 6%. Además, esto sucedió en un momento en el que veníamos acostumbrados a crecimientos del 3% al 5% en nuestros países. El hundimiento del 2020 y 2021 ha generado una secuela de pobreza, de cierre de empresas y frustraciones sociales. ¿Y cómo se enfrentan los problemas económicos? Solo hay dos maneras: o ajuste a los salarios o ajuste a la riqueza. No hay más caminos para relanzar la producción, cubrir el déficit fiscal, mejorar la salud pública gratuita, emprender obras públicas, apoyar al pequeño productor, ampliar derechos sociales. Y está claro que, si la derecha llega al gobierno, por la fuerza o por elecciones, hará un ajuste de salarios, no para mejorar el bienestar social, sino para cerrar el déficit fiscal y garantizar mayores tasas de rentabilidad para los grandes inversionistas privados. Así lo hicieron durante cuarenta años de neoliberalismo y así lo volverán a hacer: congelamiento o reducción de salarios, eliminación de prestaciones sociales, privatización de ahorros públicos, precarización laboral, endeudamiento familiar para sobrevivir, etc. Es decir, volverán a insu-flar las condiciones de los estallidos sociales. Debemos salir de ese círculo endemoniadamente viciado de desigualdad social-protestadesigualdad social. Necesitamos un largo curso histórico de igualdad y bienestar social generalizado, sostenidos en la producción medioambientalmente sustentable de riqueza social democráticamente distribuida. Y para ello, las izquierdas y los progresismos no pueden afectar los salarios; al contrario, tienen que afectar a las grandes riquezas, a la gran propiedad, para proteger al asalariado y al pequeño propietario brindándoles condiciones de prosperidad y de justicia. Eso se comenzó a hacer durante la primera oleada progresista continental y hoy, en tiempos de crisis económica, con mayor razón y urgencia se lo debe hacer de una manera aún más profunda. Hay varias técnicas que se están discutiendo al respecto: impuestos altos a las grandes fortunas, al gran patrimonio, a las grandes ganancias, a las grandes herencias; repatriación y gravamen de fondos en paraísos fiscales, etc. Hasta el G-7 y la OCDE han establecido un impuesto mínimo del 15% a las ganancias de las corporaciones empresariales, incluidas las financieras, en los países donde tengan actividades. Ellos saben que tienen que ajustar un poco a la riqueza para luego ajustar mucho al salario. Nosotros tenemos que aumentar incluso mucho más ese impuesto, por encima del 50 o 70%. Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto EE. UU. como Europa elevaron los impuestos a las grandes empresas al 80 o 90%, lo que permitió recaudar dinero para solventar el Estado de Bienestar posbélico. Hoy, gran parte de las recaudaciones tributarias en Latinoamérica vienen del consumo específico (IVA), lo que hace que un asalariado pague en impuestos hasta un 25% de su salario, ya que un trabajador dedica en promedio el 50% de sus ingresos a consumos básicos. En cambio, una persona rica, que paga el mismo porcentaje de IVA que el trabajador, no dedica ni el 1% de sus ingresos a satisfacer necesidades básicas. Por lo que, en proporción a sus ingresos, los pobres tributan muchísimo más que los ricos. Esto no se modificó sustancialmente durante la primera oleada progresista, y ahora es un reto de primerísima importancia en este nuevo tiempo. Impuestos extraordinarios a las grandes riquezas en momentos extraordinarios: este es un camino inexcusable para financiar la creación de empleo de emergencia en obras públicas, para mejorar los ingresos de los trabajadores, para apoyar la reconversión técnica del pequeño productor, para garantizar educación y salud pública gratuita de calidad. 2. Repatriación de fortunas en paraísos fiscales. Un paraíso fiscal es un mecanismo mediante el cual los millonarios eluden el pago de impuestos de sus ganancias en los países en los que se genera. Un ejemplo paradigmático es el del millonario boliviano Doria Medina, que vendió su empresa de cemento a otra empresa suya establecida en un paraíso fiscal. El monto fue, digamos, de 100; por esa transacción pagó un mínimo porcentaje de impuestos. Luego, su empresa en el paraíso fiscal completó la venta final a un inversionista mexicano por el monto de 300, de modo tal que eludió el pago de dos terceras partes de los impuestos que le correspondían en el país de origen. El mismo mecanismo de engaño impositivo se realiza al momento de vender soya, manufacturas, bienes raíces, etc. La Unión Europea calcula que un 10% de la riqueza mundial se halla en paraísos fiscales, eludiendo el pago de impuestos. La fuga de dinero en Latinoamérica, en su mayoría a paraísos fiscales, entre los años 1980 y 2017, bordearía el 40% del PIB continental y se ha establecido que solo en Suiza hay 180.000 millones de dólares de propietarios latinoamericanos. En 2018, el crédito más grande de la historia realizado por el FMI, y que será pagado por todos los argentinos, sirvió para alimentar la fuga de dinero al extranjero de unos cuantos millonarios. Ahora es necesario que todo ese dinero regrese a sus países de origen para promover actividades económicas que ayuden a superar la crisis. Una opción para lograrlo es legalizar una “amnistía” que permita la repatriación de ese dinero a través del pago de una multa fija y la garantía sobre la propiedad y libre disponibilidad de esos recursos. De esta manera, se produce una inyección fresca de capital que dinamiza las actividades productivas. Pasado un plazo, aquellas empresas o millonarios que no optaran por esta posibilidad deberían ser objeto de coacciones legales sobre sus propiedades, en proporción a los montos tributarios defraudados a la sociedad, etc. 3. Nacionalizaciones selectivas de grandes empresas. Hay sectores de la economía de alta rentabilidad involucrados en áreas estratégicas del bienestar público. Ellas deberían ser nacionalizadas para permitir que las elevadas ganancias sirvan para financiar programas de empleo juvenil o un nuevo derecho social universal. Bolivia nacionalizó los hidrocarburos, parte de las telecomunicaciones, la generación de electricidad y agua potable. Eso ayudó a garantizar un crecimiento del 5% por más de una década, la implementación de una renta universal de vejez, un subsidio universal prenatal y de lactancia, etc. 4. Transición energética con industrialización. La catástrofe climática es una realidad fácticamente demostrable. Esto está provocando una conmoción en todos los ecosistemas planetarios con efectos calamitosos en las condiciones de existencia de todos los seres vivos, incluidos los humanos. Los efectos son universales pero las causas son privadas. Según OXFAM, el 10% de la población rica del mundo es responsable del 52% de las emisiones de carbono acumuladas desde 1990; y el 1% más rico ha provocado 3 veces más el aumento de emisiones de carbono que 3.100 millones de personas más pobres. Le corresponde a ese 10%, culpable fundamental del cambio climático, asumir en sus propiedades, empresas, riquezas y consumos los costos, las restricciones y las prohibiciones necesarios para reducir las emisiones de carbono. Ellos son el problema, no la sociedad. Por eso es que las diversas campañas sociales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, como por ejemplo dejar de usar bolsas de plástico, si bien muestran una conciencia colectiva en torno al medio ambiente, no solucionan en lo más mínimo las causas de la catástrofe climática provocada por la gran propiedad y la sed de ganancia empresarial ilimitada capaz de devorar en su angurria las condiciones materiales de la vida misma. Cada país y cada persona debe asumir su responsabilidad frente al calentamiento global, pero no les corresponde a los países en desarrollo ni a los trabajadores cargar en sus hombros los costos de una orgía depredadora de la naturaleza provocada por las oligarquías de ricos mundializados. No se puede pedir a unos países que se conviertan en guardaparques fosilizados en el tiempo mientras otros continúan con un sistema económico que deglute vorazmente trabajo humano y naturaleza para excretar ganancias empresariales. En el caso de América Latina, esto implica una estrategia de reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero, de descenso paulatino de actividades extractivas, pero preservando y ampliando los derechos sociales y el bienestar social de toda la población. Por eso es tan importante que la actual cadena de hidrocarburos y minera esté bajo control del Estado o sometida a elevadas tasas impositivas sobre las ganancias, pues ello asegura que los sacrificios ecológicos que aún se necesiten en este periodo de transición hacia una economía medioambientalmente sustentable garanticen justicia social y bienestar material expansivo para la población trabajadora. Solo este “apalancamiento” de mejora sustancial de condiciones de vida de toda la población justifica, temporalmente, la continuación de actividades extractivas, y serán precisamente esos logros de bienestar material en salud, educación, vivienda, servicios básicos, empleo y tecnología los que permitirán pasar, en las siguientes décadas, a una economía de bajo impacto ambiental. El litio brinda una excepcional oportunidad para desplegar los componentes de una transición medioambiental continental con justicia y bienestar social. Este mineral es el llamado a convertirse en el corazón de la conversión energética mundial. Europa, EE. UU. y China van a sustituir sus miles de millones de automóviles a combustión por sistemas movidos con electricidad que deben guardarse en poderosas baterías de litio. El uso de carbón, petróleo o gas para generar electricidad para ciudades, poblaciones pequeñas y fabricas va a ser reemplazado por energía solar, eólica o geotérmica que, para tener continuidad en el día y la noche, debe ser almacenada en baterías de litio. Este tránsito ya ha comenzado años atrás en China. Los billones de dólares de la “flexibilización cuantitativa” destinados a relanzar las economías del G-7  tienen como principal componente esta gran sustitución energética. Y todo gira y girará en las siguientes tres décadas alrededor del litio. México, Perú, Argentina y Bolivia poseen en sus territorios el 67% de las reservas de litio. Esta es la gran oportunidad continental de tomar una posición de fuerza estratégica en la cadena mundial de la industria del litio. Dicha toma de posición supone desde garantizar precios de monopolio que equilibren los flujos del dinero en favor del continente, hasta involucrarse no solo en la industrialización sino en el gerenciamiento del financiamiento y la articulación del negocio, que es donde se concentran ganancias varias veces superiores a la mera venta de materia prima. Complementariamente, se puede unir la demanda de la industria automotriz continental, la provisión de insumos y accesorios de innumerables industrias privadas regionales, la asistencia técnica de centros de investigación y tecnología de las principales universidades del continente, etc. La industria del litio tiene todos los componentes de lo que la economista Mariana Mazzucato llama un “disparo al futuro” en el que las mejores energías sociales del continente se alían para obtener un resultado colectivamente beneficioso para la población, pero en el que, además, se desencadenan efectos multiplicadores absolutos que dinamizan a lo largo de las siguientes décadas las otras actividades económicas de los países. 5. Democratización del nuevo ciclo de alza de los precios de las materias primas. En el año 2021 las llamadas commodities han tenido un incremento espectacular de precios. El FMI habla de un aumento del precio de las materias primas del 27% respecto a los precios de los años precedentes. El petróleo ha pasado de un promedio de 55 dólares el barril WTI a 85 dólares; la soja, de 350 dólares la tonelada a 520; el maíz, de 150 a 210 la tonelada; el estaño ha experimentado un incremento del 93%, llegando a cotizar 18 dólares la libra fina. Por su parte el cobre ha aumentado un 28%; el aluminio, un 41%; el café, un 23%; el algodón, un 44%; la madera, un 33%. El litio ha aumentado 500% su precio, pasando de 10.000 dólares la tonelada de carbonato de litio a 59.000 dólares. No sabemos cuánto durara esta tendencia al alza; tal vez un lustro, tal vez más. Pero las ganancias que ella genera desde ahora tienen que beneficiar a toda la sociedad y no solo a unos cuantos inversionistas. Lo mejor sería que el propietario principal de estas actividades fuera el Estado, con cláusulas específicas de ahorro e inversión social de la renta de las materias primas. Este es un tema de presión social más que de voluntad gubernamental. Y allí donde esto no se alcance, deben establecerse impuestos extraordinarios atados a un índice de precios mínimos por encima de los cuales las nuevas ganancias pasen en su mayoría a manos del Estado. 6. Impulso a la economía digital diversificada. Una de las ultimas transformaciones técnicas de los procesos laborales es la digitalización, parcial en la mayoría de los casos, y total en determinados segmentos de la producción y los servicios. Si el sector privado puede sacar beneficios de ella, ¿por qué no podría también hacerlo el Estado a fin de socializar las ganancias? Si el Estado invierte en educación, forma a los profesionales, a los científicos, a los premios Nobel; subvenciona investigaciones; garantiza infraestructura comunicacional, no es correcto que toda esa información, esa preparación y ese capital sea usufructuado exclusivamente por el sector privado. No quiero negar la capacidad creativa del sector privado ni la posibilidad de que se beneficie de sus inversiones, pero el Estado también puede tener un papel protagónico en un sector altamente rentable y en expansión; ya sea apoyando o subvencionando áreas importantes de la producción del conocimiento en el ámbito digital, como incursionando con propias empresas públicas que tengan la capacidad de generar valor agregado en pequeña, mediana o gran escala. Ahí hay una posibilidad de empleo, de captación de la creatividad de los jóvenes, de las universidades, de emprendimientos individuales y asociados. El Estado no solamente tiene que involucrarse en gas, en petróleo, en telecomunicaciones, también puede incursionar en esta área que va a tener un desenvolvimiento muy grande en el futuro. El conocimiento se está convirtiendo en la principal riqueza o fuerza productiva de la sociedad moderna; es necesario pues que el Estado intervenga ahí, no solamente para subvencionar o proteger en situaciones de quiebra, sino también para asegurarse la rentabilidad de una parte de esas ganancias. 7. Reducción de la pobreza y las desigualdades. En los siguientes años se va a necesitar reforzar el papel del mercado interno en ciertas áreas estratégicas, reducir drásticamente la pobreza y distribuir la riqueza. En todo el mundo y en el continente en particular, las cifras son dolorosas, la pandemia nos ha hecho retroceder. Hoy en el mundo hay más pobreza y muchísima mas desigualdad que hace dos años. Y de no tomar medidas radicales y rápidas frente a ambas, estas heridas sociales heredadas de la pandemia se sedimentarán en el imaginario colectivo como resultantes de la gestión progresista. Pues bien, corresponde plantearse un objetivo audaz pero realizable en cinco años: reducir la extrema pobreza, por ejemplo, al 5%, y la pobreza a menos de la mitad de lo que ahora es. Hay que apostar por metas sociales radicales, especialmente si tienen que ver con la situación de las clases sociales menesterosas. A los jóvenes que hoy no tienen empleo, a los pequeños propietarios endeudados, a los asalariados precarios que tienen que tener dos empleos para mal alimentarse hay que demostrarles que se va a caminar con ellos para que, en seis meses, un año o dos su vida mejore. Un gobierno progresista lo es porque lucha fundamentalmente por los humildes, por la gente pobre, por los trabajadores, por la gente que tiene necesidad. Y hay que tener la valentía histórica de marcar una hoja de ruta colectiva para superar los problemas que agobian a las clases populares 8. Democratización de la gran propiedad. Gran parte de las iniciativas mencionadas requieren de una articulación virtuosa entre acción colectiva y estructura estatal. Esto es así porque el Estado es, en definitiva, lo común por monopolio de una sociedad. En esta cualidad paradojal de unir en un nudo relacional político las principales cosas que los miembros de una sociedad tienen en común con la administración elitista, monopólica, de esos comunes, radica su fuerza de legitimación y dominación. El Estado es una forma política institucional y jerárquica de existencia de la sociedad. Todos estamos atravesados jerárquicamente por la relación estatal. Y si la fuerza de dominación económica de la gran propiedad se impone despóticamente sobre la sociedad en todos los ámbitos de la vida, el Estado inevitablemente condensará en sus decisiones, y en la composición de su monopolio, esta omnipresencia de la riqueza, del capital, sobre el trabajo, sobre el pueblo. Pero si el antagonismo social, la acción colectiva, el protagonismo popular se despliegan molecularmente en múltiples espacios de la vida colectiva, la forma estatal condensará en la composición social de los que administran el monopolio de lo común, en sus decisiones, en sus políticas públicas, la fuerza de esta irrupción social. Por eso toda lucha política revolucionaria, que modifica la correlación de fuerzas en la sociedad, pasa también por la lucha por el poder de Estado. De ahí que el progresismo haya podido surgir y llevar adelante transformaciones desde el Estado, porque se ha alimentado de la irrupción plebeya en la política. Pero también puede haber momentos en que el protagonismo de la sociedad laboriosa vaya más allá de la forma estatal, esto es, se plantee modos de comunidad política, de creación de comunes de toda la sociedad, sin mediación de  monopolios de lo común, es decir, al margen, por encima o por abajo del Estado. Y ello puede darse al interior de las grandes empresas en la búsqueda de democratizar la propiedad construida con el trabajo social de todos, en la gestión de necesidades básicas, en la conquista de un nuevo derecho, en la querella colectiva en torno al uso de los presupuestos o recursos públicos, en la interpelación popular a determinadas decisiones gubernamentales, etc. Se trata de momentos extraordinarios de lo que Gramsci denominaba “Estado integral” o producción autoorganizada de comunes y universales. De darse esta insurgencia social, el poder gubernamental progresista no debería mutilar esas experiencias y, por el contrario, debería impulsarlas y ayudar a ampliarlas porque, al final, la fuerza y la continuidad del progresismo como abanderado de los cambios sociales por la igualdad se sostiene en la acción colectiva de las clases populares. Sin ellas, la diferencia con cualquier fuerza política tradicional se diluye. Podríamos seguir enumerando posibles reformas y transformaciones, quizás algunas ya se han hecho, quizás otras no. Pero lo importante es que tenemos que construir y aferrarnos a un horizonte movilizador; tenemos que diseñar una imagen de futuro; tenemos que volver a levantar las banderas del porvenir alrededor del cual unificar lo nacional-popular, la esperanza de mejores días para el pueblo. Quien administra el porvenir de una sociedad es gobierno, es poder y es Estado. Si la bandera del porvenir imaginado,  deseado, esperanzado, queda en manos de la derecha, la derecha será poder. Si nosotros levantamos nuevamente las banderas, sean estas u otras, más o menos radicales, pero, en fin, algunas banderas anidadas en el alma plebeya de la sociedad, un paquete de proyectos sentidos por los sectores populares, de misiones a mediano plazo de bienestar social, la derecha no va a regresar, va a ser nuevamente derrotada. Pero eso implica una batalla de ideas, de pensamientos, de imaginaciones, de ideologías y de acciones prácticas. Por las características del tiempo que estamos viviendo hoy, por estas limitaciones propias y ajenas que experimentamos para el diseño del horizonte predictivo de mediano plazo, que es un tema planetario y no meramente continental, lo más probable es –y hay que estar preparado para ello– que estemos frente a victorias y derrotas temporales. No estamos aún en condiciones de una victoria de largo plazo. Aunque esa victoria duradera sea mi mayor deseo, tengo que ser intelectualmente honesto con ustedes: no es posible una victoria de largo aliento así como estamos sin poder monopolizar el horizonte predictivo a largo plazo de la sociedad. Imaginar que vamos a entrar en un segundo ciclo u oleada progresista similar a la del 2003 que nos dará diez o quince años de horizonte no es cierto. Hoy el mundo es más complejo, es más difícil, hay más limitaciones y contradicciones. Ganó Joe Biden, pero puede volver a ganar Donald Trump, o nuevamente Biden. Ganó la izquierda en Alemania, pero puede volver a corto plazo la segunda o la tercera de Angela Merkel; puede ganar en Francia la derecha o la extrema derecha. Es decir, el arco de posibilidades es indeterminado. ¿Por qué? Porque aún no estamos logrando consolidar un horizonte predictivo en torno al cual vayan confluyendo más expectativas, más sociedades, más pueblos que luego estén en condiciones de definir un horizonte de largo plazo mundial, por ejemplo, de veinte o cuarenta años. Entonces, vienen tiempos agitados, de mucha lucha. Ganamos, pero con el riesgo de perder en la siguiente disputa electoral; y esa pérdida también va a ser temporal, porque ellos tampoco tienen un horizonte estable, hegemónico, seductor de largo plazo, lo que dará un nuevo aliento al progresismo y a la izquierda, y así sucesivamente, a lo largo de esta década. Sin embargo, alguien tiene que construir este horizonte. Esta será una década de construcción, estamos en pleno laboratorio de la historia; es un momento excepcional. Entre 1945 y los años sesenta, en nuestro caso, se construyó el Estado de Bienestar nacional-popular, que tuvo como correlato un proceso de sustitución de importaciones. Desde los ochenta al año 2005, sobrevino la regresión histórica causada por el neoliberalismo. ¿Qué vendrá después? ¿Será el progresismo mundial? Tal vez. ¿Será un neoliberalismo enfurecido, autoritario y fascistoide? Tal vez. Todo es posible. ¿De qué ha de depender? De lo que hagamos. El progresismo latinoamericano comenzó en un país, irradió a otros que convergieron y pudo consolidarse durante una década y media virtuosa. Ahora ya no basta con que su proyección sea continental. El nuevo horizonte progresista o de izquierdas ha de ser un producto mundial. ¿Cuándo se define? En estos años. ¿Con quién? Con nosotros, a partir de lo que hagamos o no hagamos, lo que organicemos o debatamos. Como todo momento liminal, combina la angustia, el estupor con la disponibilidad colectiva. Es el portal que cierra lo que conocimos y que abre el vacío de lo que nadie sabe qué será. ¿Quiénes han de darle contenido a ese significante vacío? Los que puedan producir certidumbre social. Los que tienen más probabilidades de hacerlo son los que poseen dinero, influencia pasada, poder militar, poder mediático, que buscarán crear el sentido del mundo bajo un nuevo patrón de reproducción de sus privilegios. Sin embargo, su victoria no está asegurada, porque son los causantes de esta incertidumbre absoluta y del malestar social. El tiempo liminal es por ello también el de una victoria conservadora suspendida. Pero la disponibilidad social a nuevas certidumbres habilita la posibilidad de otros cursos de futuro posibles, progresistas, socialistas, comunitarios. En estos momentos la historia se devela como acontecimiento fortuito. Y allí ustedes, los jóvenes, que tienen menos ataduras mentales con el pasado, que buscan imprimir a la historia el sello de su creatividad, tienen que tener la audacia de arriesgarse a alumbrar, a inventar esos otros cursos de acción posibles de igualdad y comunidad universal. Nosotros, que venimos de muchas luchas previas, iremos detrás de las nuevas generaciones para aprender de ustedes, para contribuir a sus osadías, para que no retrocedan y vayan para adelante. Pero son los jóvenes, trabajadores, estudiantes, profesionales, campesinos e indígenas, los que tienen que conducir este proceso. Un tiempo liminal es un tiempo angustiante, a veces frustrante, pero es asimismo un tiempo especial porque es cuando todo puede ser creado. Como no hay futuro, al fin se lo puede crear. Todos necesitamos aferrarnos a una certidumbre; tarde o temprano, bueno o malo, tiene que haber un futuro, una nueva esperanza movilizadora que nos ayude, imaginariamente, a reconstruir un sentido del tiempo histórico. Luchemos para que este destino sea el de la solidaridad, el de la igualdad, el del bienestar universal. No es tiempo de bajar los brazos o decepcionarnos, es tiempo de empujar con más fuerza. Si ya remontamos una adversidad hace poco, ¿por qué no podemos remontar ahora una adversidad mayor? Aunque sea más complicado, tenemos la obligación de hacerlo. Así es que, jóvenes de la universidad, de los barrios, el futuro es para inventarlo colectivamente. Arriésguense una y otra vez. Si fracasan y se caen, levántense nuevamente y háganlo mejor. Porque la forma más sublime de vivir es gastándola obsesivamente en todos los demás.

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