Fuente: Colectivo por el Derecho humano de la Comunicación Néstor Piccone – 31/01/2020

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Si bien el gobierno de Alberto Fernández parece asumir el legado de fragmentación gubernamental y política que le dejó el neoliberalismo macrista en el campo de la comunicación, algunas designaciones alientan la esperanza de una renovación acorde a los tiempos.

De su inicial declaración de que la comunicación es un negocio, Fernández pasó a reconocer algunos logros simbólicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. «La gente sabe quién es quién en el mapa de Medios» dijo el presidente.

Me siento parte de este gobierno de todos que además es con todes. Ese paradigma me alienta a escribir estas líneas.

La complejidad del sistema comunicacional obligará en el futuro a que los gobiernos que estén dispuestos a dar la batalla cultural, que es la batalla ideológica, ascienda este conflicto de intereses al rango de ministerio. Alguna vez la Educación se ganó ese reconocimiento y por eso la regulación y las políticas educativas se debaten diariamente en una misma sede donde confluyen los distintos niveles educativos, los contenidos y programas, la educación confesional y privada y la pública. Incluyendo los problemas derivados de la existencia de los trabajadores y la comunidad educativa en su conjunto donde finalmente estamos todos.

La educación es un derecho humano y los gobiernos deben lograr que las diferencias económicas, etarias, geográficas, tecnológicas se resuelvan favorablemente a favor de la ciudadanía.

La comunicación también es un derecho humano y cada vez más se va constituyendo en la vía regia de acceso al conocimiento, desplazando intencionalmente al sistema educativo. Plataformas, dispositivos y redes, formatos y contenidos integran el mundo del sistema comunicacional. Todos tenemos un celular a mano. El «tío» Google con su presencia constante gana en credibilidad con respecto al docente.

El derecho a la comunicación democrática, que aparece como el derecho de las empresas (nacionales e internacionales) a ganar plata; es el derecho del ciudadano a acceder a la información y de fijar libremente su opinión sin que ninguna diferencia económica, etaria, geográfica o tecnológicas se lo impida.

Así como el gobierno decidió enfrentar el endeudamiento externo bajo un solo comando, con Martín Guzmán a la cabeza, sería bueno que trabajara hacia la constitución de un equipo que enfrente el fenómeno comunicacional atendiendo lo que sucede con los Satélites (Arsat y los que vendrán);  la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo); la distribución de frecuencias que es parte de la Tercera Guerra Mundial junto a los problemas de sostenibilidad y acceso a las TIC  que tienen las radios comunitarias, cooperativas y de pueblos originarios son temas de comunicación como sucede con la reconversión de los diarios en papel, las editoriales de libros, el cine y la música con los miles de trabajadores que, de los canillitas al periodista, los comunicadores y empresarios pymes que diariamente distribuyen contenidos ciudadanos.

En ese mundo conviven varios modelos de negocios: el público estatal, el cooperativo, el privado nacional (monopolizado por Clarín) y el internacional, hegemonizado por Google, Amazon, Facebook-Whatsap y Apple (GAFA).

Habría que dejar de pensar en términos binarios de amigo-enemigo y comenzar a discutir un modelo comunicacional propio, integrado; en el que no haya brecha tecnológica, ni discriminación económica.

La comunicación, con los desarrollos de la Inteligencia Artificial, el Big Data, la Internet de las cosas debería ser pensado no sólo como un problema cultural sino tecnológico y por supuesto económico.

Tiene razón Fernández, la comunicación es un negocio; sólo que lo manejan unos pocos, agregaríamos nosotros. Pensar la comunicación desde el sustrato económico nos lleva a pensar que el Estado  no  puede estar ajeno al proceso de  la producción, distribución y comercialización del conocimiento.

Como en todas las cosas de la vida, o las regula el Estado o la direccionan las empresas a favor de sus propios intereses que no son otros que la concentración de la riqueza.

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