Las formas de hacer política, la legalidad y la legitimidad

POLÍTICA Y DEMÓTICA

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Hasta el día de hoy, la clase política argentina no se ha dado por enterada de que en el fondo del problema está la falta de legitimidad de su poder.

Los políticos son vistos hoy por la mayoría de la sociedad como vulgares usurpadores del poder. ¿Cómo puede calificarse de "usurpadores" a quienes llegaron a los cargos cumpliendo con la letra de la Constitución y las leyes? La respuesta es simple. Vivimos desde hace casi 200 años en una república "representativa", donde "el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes". En ese sistema, la única legitimidad necesaria es la del momento de la designación para el cargo.

Ahora bien, el único soberano de la república es el pueblo. Los miembros de los tres poderes del Estado son mandatarios, mientras que el pueblo es el mandante. Los mandatarios son simples apoderados. El mandante es el que dá y quita el poder. El hecho histórico que estamos viviendo consiste en una reasunción de la soberanía por parte del pueblo, lo que equivale a dejar de delegar el poder en los mandatarios representantes. Por voluntad explícita del soberano, estamos transitando desde una república representativa hacia una república participativa.

Esta propuesta se inscribe en la tendencia universal en la que se verifica una pérdida de legitimidad de los sistemas partidocráticos. Este concepto abarca tanto a los sistemas de partido único como al bipartidismo o a las democracias pluripartidistas. En todos esos casos, el poder de gobernar está en las estructuras partidarias y la población aparece delegando su soberanía republicana en los representantes de los partidos.

En la Argentina de los años 2001-2002 hemos vivido una forma muy concreta de esta tendencia. No sólo la ciudadanía movilizada le retiró el poder delegado a las instituciones políticas, sino que se generaron formas alternativas de participación en la cosa pública.

Esas formas alternativas no tenían en realidad nada de nuevo, sino que reponían en su lugar dentro de la democracia a la plaza pública como recinto de la deliberación popular. Decimos que no había nada de nuevo en estas asambleas populares en las plazas públicas porque ese era el significado del ágora griega y del  foro romano. Nuestras instituciones democráticas, como es sabido, se originan en las instituciones griegas que luego adoptaron los romanos; mucho después la Revolución Francesa intenta recuperar aquella democracia y esto es básicamente lo que hemos heredado.

La palabra política viene de la democracia griega. La  polis era el Estado y todo lo que se relacionaba directamente con el Estado era  política. El Estado es la institucionalidad de la autoridad para el ejercicio de la administración de la cosa pública, la  res publica de los romanos. Pero la polis no es el pueblo poseedor de la soberanía; el (kratos) del pueblo (demos).  Los políticos eran los que se encargaban de administrar la res publica desde las instituciones oficiales, como por ejemplo, el Senado romano. El pueblo se reunía por su propia cuenta en la plaza pública, el foro. heredero del ágora griega. Allí los ciudadanos se ocupaban de las cuestiones de interés común sacrificando su tiempo libre; en efecto, en el foro romano  los ciudadanos se dedicaban al neg-otium o sea, a la negación del ocio como forma de participar en la vida pública y no como forma de ganar dinero para su disfrute privado, tal como se ha tergiversado la palabra con posterioridad. La plaza pública tenía tal entidad democrática que en todas las disposiciones oficiales del imperio romano se dejaba constancia de que no eran simples decisiones  políticas, es decir estatales, sino que se adoptaban en nombre del  Senado y el pueblo de Roma  (Senatus  populusque romanus... rezaba en todos los documentos públicos).

Como es sabido, aquellas democracias de la antigüedad no reconocían la ciudadanía a cualquier ser humano, sino que eran sociedades esclavistas donde ser ciudadano era un privilegio. Claro está que no se trata ahora de recuperar antiguas tradiciones para perder los derechos universales del hombre que la humanidad ha sabido reconocer o para desconocer la idea de la fragmentación del poder del Estado a los efectos de impedir el absolutismo. De lo que se trata es de progresar históricamente en la construcción de una democracia plena, sumando nuevos derechos sin conculcar los que ya constituyen derechos adquiridos.

Cuando la Ilustración del siglo XVIII plasma en la famosa división de poderes de Montesquieu el intento de recuperar la democracia grecorromana, pasa por alto la institución del ágora o del  foro. A partir de allí se construye una institucionalidad democrática en base a un modelo cuantitativo individualista privado: a cada ciudadano le corresponde un voto individual y secreto. En el fondo,  se perdía la entidad comunitaria soberana del pueblo en la cosa pública produciendo un fraccionamiento del despotismo estatal, propio de las monarquías absolutas, compensando además con el individualismo privado. Se limitaba el poder dictatorial del Estado y se ganaba el reconocimiento de los derechos privados del individuo, pero se perdía la dimensión comunitaria no estatal reduciendo la  res pública  a la  política.

 Es precisamente esta concepción de la democracia representativa individualista la que está en crisis y a la que debemos superar por medio de la democracia participativa, donde se dote de poder a la sociedad civil. Para ello, el mejor camino probablemente sea retomar el espíritu original, dando a la plaza pública su lugar en el régimen constitucional de  la autoridad del pueblo.

Para ello debemos tomar nota de que "cosa pública" no es necesariamente sinónimo de "administración estatal". Hay una esfera propia de la cosa pública estatal y otra esfera propia de la cosa publica ciudadana. Debemos identificar con con nombre propio aquella otra esfera de la cosa pública que transcurre en la plaza pública, donde delibera el pueblo en tanto comunidad de ciudadanos y no los senadores romanos en tanto autoridades del Estado. Así como todo relativo a la polis recibe el nombre de  política, toda la esfera pública que pertenece al pueblo, o sea al demos y no a las instituciones oficiales, recibe el nombre de  demótica. La palabra  demótico/a es un adjetivo que ya existe en el diccionario, pero si bien tiene el significado literal de "popular", no tienen la acepción que aquí le estamos dando. No obstante, parece una buena denominación para designar uno de los dos carriles de la vida pública que deben ser paralelos: el de la  política y el de la  demótica, es decir, el poder del Estado y el poder de la comunidad, de la sociedad civil, bajo el principio de que el pueblo es el soberano de la república.

De lo que se trata entonces de pergeñar una nueva concepción de la Sociedad y del Estado, donde no sólo existan los tres poderes de la  polis,  sino que también exista el poder del  demos.  Es hora de decir que Montesquieu nos resulta insuficiente para la voluntad de participación de la sociedad civil. Como es fácil de apreciar, la tendencia a la profundización conceptual de la democracia que surge de la irrupción de la sociedad civil reclamando atribuciones que antes delegaba es un contenido significativo que refuerza la idea que hemos planteado de una tercera ola de la revolución republicana.

Por la vía de diferenciar y a la vez considerar como complementarias a la política y a la demótica, podemos dar una entidad constitucional a las asambleas vecinales u otras formas semejantes en que los ciudadanos asuman su protagonismo como sociedad civil organizada,  negando el ocio al que podrían dedicarse en la vida privada para asumir responsabilidad en la vida pública no estatal.

Los roles y atribuciones específicos que se asignen en el derecho constitucional positivo a la  demótica  estarán necesariamente vinculados con cuanto hemos dicho referente al control de calidad de la gestión pública estatal por parte de los ciudadanos.

Nota: En caso que vos lector quieras saber quién es el autor de  esta nota, encantado te lo envío al correo electrónico. El asunto es ver lo justo o no del planteo y la viabilidad del mismo.

Editor Responsable Silvio Bageneta

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