Junta nacional de carne y granos modelo 2008
En medio de la tensión con el campo, el Gobierno está apurando un proyecto de ley que le dará atribuciones para lograr mayor injerencia sobre toda la cadena agroalimentaria del país
Por Sebastián Premici
En
medio de la tensión con el campo, el Gobierno está apurando un
proyecto de ley que le dará más atribuciones a la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca)
para lograr mayor injerencia sobre toda la cadena
agroalimentaria.
El renovado organismo tendrá capacidad de comprar y vender
alimentos (granos principalmente),
con el objetivo de
garantizar la seguridad alimentaria, evitar los desfasajes de
precios entre el mercado local e internacional y atenuar la
acción de monopolios y oligopolios.
Incluso, se lo piensa como un ente con capacidad de exportación,
ya que podrá comprarles la cosecha a los productores y
asegurarles precios plenos. La Onccaa, tal como será su nuevo
nombre, dependerá directamente del ministro de Economía, es
decir que subirá de categoría y saldrá de la órbita de la
Secretaría de Agricultura.
Desde el Ejecutivo ya dieron el consentimiento para avanzar
sobre este proyecto “lo más rápido posible”, con la explícita
orden de que “tenga efecto práctico y de inmediata
implementación de sus herramientas”.
La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados está
avanzando en el proyecto de ley para la creación de la nueva
Oncca(a) –la (a) corresponde a agroalimentos–.
El diputado oficialista Alberto Cantero, titular de la comisión,
tiene el visto bueno del Gobierno para avanzar sobre el tema.
Esta semana, el legislador estuvo reunido con Ricardo Echegaray,
titular de la Oncca, para
acercarle el proyecto.
“La misión actual del
organismo es asegurar el abastecimiento interno de alimentos.
Una vez garantizada la seguridad alimentaria, se puede pensar en
las exportaciones.
Si para esa misión se le dan más facultades a la Oncca, me
encargaré de ejecutarlas. De hecho, este organismo ya viene
cumpliendo ese rol, como antes lo hacía el IAPI o la Junta
Nacional de Granos”, argumentó a Página/12 Echegaray.
En mayo de 2007, Cantero había presentado un
proyecto para modificar la
Oncca, iniciativa que recibió el rechazo de algunos
senadores, antes de su tratamiento en Diputados.
El tiempo pasó y la actual crisis con el campo modificó el
panorama político.
Ahora, el Ejecutivo quiere una herramienta rápida para tener
mayor injerencia sobre toda la cadena de comercialización del
sector.
Primero se barajó la posibilidad de crear un superente de
control comercial agropecuario y agroalimentario (Enpyccaa),
pero por su complejidad, se decidió concentrar las mismas
atribuciones dentro de la Oncca(a).
Página/12 tuvo acceso al proyecto original de Cantero, que
contiene muchos de los temas que se presentarán en la nueva
iniciativa de la Comisión de Agricultura. A continuación, los
puntos más sobresalientes:
- Las políticas establecidas por la Oncca(a) promoverán mejoras
progresivas a favor de los productores, industriales,
distribuidores y consumidores de menores recursos.
Y se buscará aumentar la oferta y disponibilidad de trigo, maíz,
carne y leche, beneficiando a los pequeños y medianos
productores.
Esta será la principal política de la Oncca(a), englobada bajo
el concepto seguridad alimentaria.
- La Oncca(a) seguirá siendo un organismo descentralizado –como
una secretaría de Estado– y dependerá directamente del
Ministerio de Economía. Javier De Urquiza, secretario de
Agricultura, no tendrá más injerencia sobre el ente.
- Para garantizar la seguridad alimentaria, tendrá presupuesto
propio, lo que le permitirá actuar en el mercado como una
empresa más. El organismo no otorgará subsidios.
En cambio, seguiría
trabajando con compensaciones donde el Estado pagaría los
precios plenos haciéndose cargo de la compra de los granos, en
caso de ser necesario.
Por ejemplo, en el caso del trigo podría afrontar la compra de
los seis millones de toneladas que se consumen en el mercado
interno y venderla a los molinos, garantizando los precios de la
harina.
- El nuevo organismo también podrá comprar la producción de
granos –entre otros alimentos– para luego colocarla, como
intermediador, en el mercado internacional.
Así, garantizaría a los
productores los precios máximos de esos commodities.
Este es uno de los aspectos de la letra chica del proyecto que
deberá discutirse y consensuarse en las próximas semanas.
- La Oncca(a) mantendrá
y organizará una base de datos sobre la producción y stock de
productos agropecuarios, su industrialización, comercialización
y la distribución de los alimentos.
El objetivo de esta base será detectar, anticipadamente, los
posibles conflictos entre la provisión de alimentos a precios
razonables y el cumplimiento de los compromisos internacionales.
Y saber exactamente quién produce qué y dónde están los
alimentos. Esta
información, explican desde Diputados, es vital para garantizar
la seguridad alimentaria frente a un contexto de crisis
internacional de los alimentos.
Como lo piensa el oficialismo, la Oncca(a) tendrá las
herramientas para hacer un seguimiento de toda la cadena
agroalimentaria.
El proyecto de mayo del año pasado establecía la posibilidad del
control de precios. Sin embargo, la intención del oficialismo en
Diputados es diferenciarse de las atribuciones que hoy recaen
sobre la Secretaría de Comercio, comandada por Guillermo Moreno.
“Asegurar el abastecimiento en lo macro, para lo micro está la
Secretaría de Comercio”, explicó Echegaray.
“En el país, la seguridad alimentaria está garantizada, lo que
falta es la distribución del ingreso. Esta es una salida
elegante para correr a (Guillermo) Moreno del control de precios
de los alimentos”, indicó a este diario un asesor de Eduardo
Macaluse (Solidaridad e Igualdad, ex Ari Autónomo), legislador
que había presentado un proyecto de ley para recrear la Junta
Nacional de Granos, con el aval de la Federación Agraria,
cuyo eje era el aumento
de la producción y no tanto el consumo.
Por su parte, el legislador macrista Christian Gribaundo indicó
a Página/12 que está de acuerdo con agregarle más atribuciones a
la Oncca, pero “sin todas las características de un superente y
con mayor pluralidad en la toma de decisiones”. De hecho, el
proyecto prevé crear un órgano consultivo integrado por los
distintos actores de la cadena agroalimentaria y consumidores.
Entre lunes y martes, Cantero estará trabajando en la letra
chica del proyecto –adaptando el presentado en 2007 y el
mencionado Enpyccaa– a las nuevas urgencias del contexto
político que enfrenta el Gobierno con el campo. “Lo que
cambiaría es la mayor intervención dentro del mercado, como hace
el Banco Central en su sector. Incluso podría tomarse la
decisión de realizar exportaciones como la vieja Junta Nacional
de Granos. Hay que ver cómo calza este proyecto con las
estrategias de la política nacional. Pero son decisiones que no
dependen de mí. Yo sólo las ejecuto”, concluyó Echegaray.
Plenario del Frente Nacional Campesino, expresión de los pequeños productores pobres
El “otro campo” sale a la
cancha
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Cuestionan la política de las entidades que
encabezan el conflicto, el monocultivo sojero y la concentración
de la tierra.
A poco más de un mes de su constitución, el
Frente Nacional Campesino concretó ayer su segundo plenario
nacional, agrupando a más de doscientas organizaciones que dicen
representar a más de 200 mil familias agrarias.
El eje de los reclamos del sector dista de una
modificación de las retenciones móviles.
Sus planteos apuntan al uso de la tierra y la condena a la
concentración de la propiedad, a garantizar la soberanía
alimentaria, a rechazar la conversión en monocultivo de grandes
extensiones por la invasión de la soja.
Reclaman una
mayor intervención del Estado para lograr una real distribución
de la riqueza y condenan el tipo de representación que ejercen
las cuatro entidades que protagonizan el conflicto agrario.
Pretenden ser la expresión auténtica de los pequeños
productores.
Rápidamente en las comisiones de discusión del
plenario, que se desarrolló en la sede de la Universidad de las
Madres de Plaza de Mayo, aparecía el “problema del acceso a la
tierra” y la necesidad de una reforma agraria.
Los miembros del FNC entienden que se trata de un proceso
gradual.
Una medida fundamental en este proceso es la
necesidad de transparencia en la posesión de la tierra: “Lo
primero es saber quiénes son los dueños de la tierra en
Argentina, desde cuándo lo son y cómo se convirtieron en
propietarios”, concluyeron los miembros de una comisión.
Otra de las
propuestas que se escuchó en las comisiones fue la de comenzar a
realizar la comercialización a partir de cooperativas para
evitar recurrir a intermediarios que
deprimen los precios que reciben por sus productos, de conseguir
un acceso directo a los mercados.
“Las entidades hablan en nombre de nosotros y no
mencionan nuestra problemática, con el FNC apuntamos a
convertirnos en la quinta entidad”, señaló Benigno López,
dirigente del Mocafor.
En diálogo con este diario, los dirigentes campesinos
calificaron el proceder de la entidad que preside Eduardo Buzzi
como traicionero e incoherente.
“Sociedad Rural siempre representó los intereses de la
oligarquía terrateniente y no se dio vuelta ahora”, sostuvo un
dirigente del Mocaju.
Además de reprocharle a FAA compartir la lucha
con Miguens, Llambías y Gioino, los miembros del Mocase hicieron
referencia al desalojo fraudulento de tierras por parte de
miembros de FAA.
“Los hermanos Peiretti, que pertenecen a esa entidad, nos
desalojaron cuatro veces; en tres oportunidades volvimos, ahora
hace cuatro años que estamos fuera del campo”, explicó a
Página/12 Walter Quiñones, ex propietario de 483 hectáreas en la
localidad de Los Juríes en Santiago del Estero.
“Debíamos 20 mil dólares que, con la complicidad de funcionarios
y diputados, se convirtieron en 200 mil; eso se descubrió en el
archivo de la provincia y ahora el campo se utiliza para la
producción sojera”, comentó Quiñones.
Por otro lado, los integrantes del FNC ven la
creación de una Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, que ya
fue anunciada por el Gobierno, como un avance para la creación
de una política agraria integrada para el sector.
“No nos llegan los recursos de los programas, necesitamos
asesoramiento e información sobre la implementación y
canalización de las diferentes medidas y programas”, señaló
Pablo Orellana, dirigente del Mocase.
Los impulsores del Frente consideran fundamental formar parte de
la toma de decisiones en los proyectos de la futura
subsecretaría para garantizar que los fondos lleguen a sus
representados.
Además existe diálogo con el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social y el Ministerio de Desarrollo Social.
“Nosotros somos los verdaderos pequeños
productores, la Federación Agraria no nos representa, no
dependemos de Buzzi ni de técnicos, no tenemos que permitir que
nos impongan los cultivos, hay que hacerle frente a la soja”,
afirmó Orellana.
Los pequeños productores agrupados en el FNC
rechazan la producción sojera que “funde la tierra y no nos deja
alimentar nuestros animales, con la soja no podemos comer, no
podemos sobrevivir”, indicó el dirigente del Mocase.
Según datos de este movimiento, en
Santiago del
Estero el 80 por ciento de la superficie cultivable está ocupada
por los sembradíos de soja, mientras que hace 10 años ocupaban
tan sólo el 10 por ciento.
Con respecto al acto que convocan las entidades
agrarias para mañana en Rosario, los dirigentes del FNC
expresaron su profundo
rechazo y lo consideraron un “espacio de reconstrucción de poder
que encontró la derecha argentina”.
Por Alfredo Zaiat
El
extenso y agotador conflicto con un sector del campo permitió
instalar con más fuerza el tema de la distribución del
ingreso.
Como en todo
debate, la apropiación de la palabra, concepto y sustancia
resulta fundamental para precisar sobre qué se está
discutiendo y para evitar confusiones.
El sistema de
retenciones móviles a la soja, maíz, girasol y trigo
constituye una importante intervención del Estado para influir
en cómo se reparte la riqueza de una economía, cuestión
que pasó a ocupar un espacio importante en la agenda pública,
lo que constituye una oportunidad indiscutible para
profundizar en las tareas pendientes.
La forma de
limitar esa necesaria injerencia estatal es restarle a las
retenciones la cualidad de ser un instrumento de distribución
del ingreso, limitándolas a una medida fiscal por la supuesta
urgencia de aumentar la recaudación del Tesoro Nacional.
Otro modo de
desacreditarlas apunta a cuestionar el destino de esos
fondos recaudados, al señalar que se utilizarían para pagar la
deuda externa o que con ese dinero no se estarían realizando
obras de infraestructura vial o construyendo escuelas.
Incluso se relativiza
su evidente impacto en desacoplar los precios internos de
alimentos de la evolución de las materias primas a nivel
internacional.
Cuando la
corriente
conservadora, que es la dominante en el discurso masivo,
conquista con ese lenguaje y despoja la esencia de un
determinado objetivo de política económica (la distribución
progresiva del ingreso), busca vaciarlo de contenido práctico
y, en especial,
ocultar el corazón de esa puja: la relación capital-trabajo.
El Estado es un imprescindible sujeto
en la dinámica de esa tensión y, resulta obvio, que está
permanentemente participando en el rumbo de la redistribución
de ingresos.
En los últimos años, esas
intervenciones no han tenido la orientación de privilegiar
sólo a una de las dos partes en disputa, sino que a veces se
inclinaron por el capital y en otras por el trabajo.
Por eso mismo la gestión de la
administración kirchnerista es contradictoria y morosa en
búsqueda de profundizar una mejora en la distribución del
ingreso, aunque ha tenido la virtud de haber puesto ese
desafío en el centro de la escena política. Por lo tanto,
también algunas de sus medidas son contradictorias (por caso,
el proyecto del Tren Bala) y débiles (por ejemplo, la ausencia
de una reforma tributaria que grave la renta financiera),
pero eso no implica
que deba descartarse una iniciativa que sí apunta a corregir
en parte el inequitativo reparto de la riqueza, como son las
retenciones móviles.
La persistente tarea de la
ortodoxia de deslegitimarlas y de sectores del progresismo que
todavía siguen considerando que fueron un error
tiene como fin limitar
la acción del Estado –con este gobierno o con cualquier otro–
en la redistribución progresiva de ingresos.
En el Informe 2008 Derechos humanos
en Argentina del Centro de Estudios Legales y Sociales se
incluye el capítulo “La distribución del ingreso en la
Argentina y sus condicionantes estructurales”, elaborado por
el economista
Eduardo M. Basualdo.
En ese trabajo se realiza un
interesante análisis sobre ese proceso, concentrándose en la
relación capital-trabajo, que es la puja básica.
Se precisa que el
aumento de la ocupación y del salario real promedio no fueron
el resultado de la “mano invisible” del mercado, sino de la
política oficial en pos de la reactivación económica, en
general, y de la reindustrialización, en particular.
Se enumera en ese sentido el
alza del salario mínimo, vital y móvil, la incorporación de
las sumas fijas al salario básico, el impulso para que se
retomaran las negociaciones colectivas de trabajo, la
derogación de la denominada “Ley Banelco” a través de la ley
25.877 de 2004, que intenta reordenar el mercado laboral, el
ajuste de las jubilaciones mínimas, entre otras iniciativas.
Sin embargo, Basualdo destaca que
“cuando estas transformaciones en el mercado de trabajo se
traducen en términos de la distribución del ingreso, se
constata una situación sorprendente que no parece estar en
consonancia con esas modificaciones”.
En ese documento se señala que la
participación de los asalariados en el ingreso en el año 2007
fue de 28 por ciento, significativamente inferior a la vigente
en 2001, que se ubicó en 31 por ciento.
El investigador del Conicet y de
Flacso menciona que “no
deja de ser paradójico que cuando el salario real es
equivalente al que regía antes de la crisis de 2002 y la
ocupación un 16 por ciento superior, la participación de los
trabajadores en el ingreso sea un 11 por ciento más reducida
que la vigente en 2001”.
Explica que esa aparente
contradicción se encuentra en que el PBI, no solamente creció
en forma continuada a tasas sumamente elevadas (entre el 8 y
el 9 por ciento anual) entre 2002 y el 2007, sino que aumentó
claramente por encima de la combinación de salario real y
ocupación (masa salarial).
Como signo de la complejidad de la
época y del cuidado que hay que tener para no caer en lugares
comunes impuesto por el perezoso sentido común, Basualdo
apunta que “en otras palabras,
debido a la
recuperación que registró el salario real y la ocupación
durante los últimos años, las condiciones de vida de la clase
trabajadora para el año 2007 son mejores que durante la crisis
e incluso que antes de ella (2001), pero su participación en
el valor agregado (en la distribución del ingreso) es menor
porque el PBI creció más que la masa salarial.
Visto del otro lado, se puede decir
entonces que el capital está en mejores condiciones que antes
debido a que se apropió a través de sus ganancias de una
porción mayor del valor agregado generado anualmente,
registrándose una participación creciente del mismo en el
ingreso”.
Esto lo logró mediante un incremento
sustancial de la productividad, que implica una mayor
explotación del factor trabajo.
En la relación capital-trabajo es
donde se juega el principal núcleo de la distribución del
ingreso de la economía.
El tema tributario y, más importante,
la asignación del gasto, que resulta un instrumento
distributivo aún más potente, como por ejemplo los subsidios a
las tarifas de transporte, de luz y de gas, son cuestiones
clave en ese tema y donde el Estado queda en el centro de la
escena.
Pero la puja capital-trabajo es la
principal para evaluar cómo se reparte la generación de
riquezas de una economía. En esa instancia es cuando se expone
la dinámica del proceso para la construcción de una sociedad
equitativa con inclusión social.
En esa partida, el Estado tiene un
rol fundamental para inclinar la balanza para una u otra
parte, como árbitro de esa disputa.
Por eso, cuando se
busca deslegitimar su capacidad de intervención con medidas
redistributivas, como son las retenciones, en los hechos lo
que se intenta es preservar los privilegios del capital.
Se trata de un mensaje contundente de que no tiene que
entrometerse en un escenario de distribución del excedente
donde el capital está cómodo.
La presente discusión
salarial muestra esa tendencia, donde el sector empresario
pretende que de ahora en más los ingresos de los trabajadores
acompañen los incrementos de productividad,
cuando recién se
recuperaron de la pérdida ocasionada por la crisis de 2001.
En este período de
transición de un modelo basado en la valorización financiera a
un patrón de acumulación alternativo
procuran así que la
actual pauta distributiva quede congelada, consolidando
el actual esquema inequitativo en el reparto de los ingresos.
Del mismo modo que lo están haciendo los protagonistas
visibles de la trama multinacional sojera con su resistencia
piquetera contra las retenciones móviles.