Se piensa reformar la actual Oficina de Control Comercial Agropecuario
 
Junta nacional de carne y granos modelo 2008

En medio de la tensión con el campo, el Gobierno está apurando un proyecto de ley que le dará atribuciones para lograr mayor injerencia sobre toda la cadena agroalimentaria del país

Por Sebastián Premici
 
En medio de la tensión con el campo, el Gobierno está apurando un proyecto de ley que le dará más atribuciones a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) para lograr mayor injerencia sobre toda la cadena agroalimentaria.
 
El renovado organismo tendrá capacidad de comprar y vender alimentos (granos principalmente), con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, evitar los desfasajes de precios entre el mercado local e internacional y atenuar la acción de monopolios y oligopolios.
 
Incluso, se lo piensa como un ente con capacidad de exportación, ya que podrá comprarles la cosecha a los productores y asegurarles precios plenos. La Onccaa, tal como será su nuevo nombre, dependerá directamente del ministro de Economía, es decir que subirá de categoría y saldrá de la órbita de la Secretaría de Agricultura.
Desde el Ejecutivo ya dieron el consentimiento para avanzar sobre este proyecto “lo más rápido posible”, con la explícita orden de que “tenga efecto práctico y de inmediata implementación de sus herramientas”.
 
La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados está avanzando en el proyecto de ley para la creación de la nueva Oncca(a) –la (a) corresponde a agroalimentos–.
El diputado oficialista Alberto Cantero, titular de la comisión, tiene el visto bueno del Gobierno para avanzar sobre el tema.
Esta semana, el legislador estuvo reunido con Ricardo Echegaray, titular de la Oncca, para acercarle el proyecto.
La misión actual del organismo es asegurar el abastecimiento interno de alimentos. Una vez garantizada la seguridad alimentaria, se puede pensar en las exportaciones.
Si para esa misión se le dan más facultades a la Oncca, me encargaré de ejecutarlas. De hecho, este organismo ya viene cumpliendo ese rol, como antes lo hacía el IAPI o la Junta Nacional de Granos”, argumentó a Página/12 Echegaray.
 
En mayo de 2007, Cantero había presentado un proyecto para modificar la Oncca, iniciativa que recibió el rechazo de algunos senadores, antes de su tratamiento en Diputados.
El tiempo pasó y la actual crisis con el campo modificó el panorama político.
Ahora, el Ejecutivo quiere una herramienta rápida para tener mayor injerencia sobre toda la cadena de comercialización del sector.
Primero se barajó la posibilidad de crear un superente de control comercial agropecuario y agroalimentario (Enpyccaa), pero por su complejidad, se decidió concentrar las mismas atribuciones dentro de la Oncca(a).
 
Página/12 tuvo acceso al proyecto original de Cantero, que contiene muchos de los temas que se presentarán en la nueva iniciativa de la Comisión de Agricultura. A continuación, los puntos más sobresalientes:
 
- Las políticas establecidas por la Oncca(a) promoverán mejoras progresivas a favor de los productores, industriales, distribuidores y consumidores de menores recursos.
Y se buscará aumentar la oferta y disponibilidad de trigo, maíz, carne y leche, beneficiando a los pequeños y medianos productores.
Esta será la principal política de la Oncca(a), englobada bajo el concepto seguridad alimentaria.
 
- La Oncca(a) seguirá siendo un organismo descentralizado –como una secretaría de Estado– y dependerá directamente del Ministerio de Economía. Javier De Urquiza, secretario de Agricultura, no tendrá más injerencia sobre el ente.
 
- Para garantizar la seguridad alimentaria, tendrá presupuesto propio, lo que le permitirá actuar en el mercado como una empresa más. El organismo no otorgará subsidios.
En cambio, seguiría trabajando con compensaciones donde el Estado pagaría los precios plenos haciéndose cargo de la compra de los granos, en caso de ser necesario.
Por ejemplo, en el caso del trigo podría afrontar la compra de los seis millones de toneladas que se consumen en el mercado interno y venderla a los molinos, garantizando los precios de la harina.
 
- El nuevo organismo también podrá comprar la producción de granos –entre otros alimentos– para luego colocarla, como intermediador, en el mercado internacional.
Así, garantizaría a los productores los precios máximos de esos commodities.
Este es uno de los aspectos de la letra chica del proyecto que deberá discutirse y consensuarse en las próximas semanas.
 
- La Oncca(a) mantendrá y organizará una base de datos sobre la producción y stock de productos agropecuarios, su industrialización, comercialización y la distribución de los alimentos.
El objetivo de esta base será detectar, anticipadamente, los posibles conflictos entre la provisión de alimentos a precios razonables y el cumplimiento de los compromisos internacionales.
Y saber exactamente quién produce qué y dónde están los alimentos. Esta información, explican desde Diputados, es vital para garantizar la seguridad alimentaria frente a un contexto de crisis internacional de los alimentos.
 
Como lo piensa el oficialismo, la Oncca(a) tendrá las herramientas para hacer un seguimiento de toda la cadena agroalimentaria.
El proyecto de mayo del año pasado establecía la posibilidad del control de precios. Sin embargo, la intención del oficialismo en Diputados es diferenciarse de las atribuciones que hoy recaen sobre la Secretaría de Comercio, comandada por Guillermo Moreno.
 “Asegurar el abastecimiento en lo macro, para lo micro está la Secretaría de Comercio”, explicó Echegaray.
 
“En el país, la seguridad alimentaria está garantizada, lo que falta es la distribución del ingreso. Esta es una salida elegante para correr a (Guillermo) Moreno del control de precios de los alimentos”, indicó a este diario un asesor de Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad, ex Ari Autónomo), legislador que había presentado un proyecto de ley para recrear la Junta Nacional de Granos, con el aval de la Federación Agraria, cuyo eje era el aumento de la producción y no tanto el consumo.
 
Por su parte, el legislador macrista Christian Gribaundo indicó a Página/12 que está de acuerdo con agregarle más atribuciones a la Oncca, pero “sin todas las características de un superente y con mayor pluralidad en la toma de decisiones”. De hecho, el proyecto prevé crear un órgano consultivo integrado por los distintos actores de la cadena agroalimentaria y consumidores.
 
Entre lunes y martes, Cantero estará trabajando en la letra chica del proyecto –adaptando el presentado en 2007 y el mencionado Enpyccaa– a las nuevas urgencias del contexto político que enfrenta el Gobierno con el campo. “Lo que cambiaría es la mayor intervención dentro del mercado, como hace el Banco Central en su sector. Incluso podría tomarse la decisión de realizar exportaciones como la vieja Junta Nacional de Granos. Hay que ver cómo calza este proyecto con las estrategias de la política nacional. Pero son decisiones que no dependen de mí. Yo sólo las ejecuto”, concluyó Echegaray.
 


Plenario del Frente Nacional Campesino, expresión de los pequeños productores pobres
 
El “otro campo” sale a la cancha    Regresar a inicio
 
Cuestionan la política de las entidades que encabezan el conflicto, el monocultivo sojero y la concentración de la tierra.
 
A poco más de un mes de su constitución, el Frente Nacional Campesino concretó ayer su segundo plenario nacional, agrupando a más de doscientas organizaciones que dicen representar a más de 200 mil familias agrarias.
 
El eje de los reclamos del sector dista de una modificación de las retenciones móviles. Sus planteos apuntan al uso de la tierra y la condena a la concentración de la propiedad, a garantizar la soberanía alimentaria, a rechazar la conversión en monocultivo de grandes extensiones por la invasión de la soja.
 
Reclaman una mayor intervención del Estado para lograr una real distribución de la riqueza y condenan el tipo de representación que ejercen las cuatro entidades que protagonizan el conflicto agrario. Pretenden ser la expresión auténtica de los pequeños productores.
 
Rápidamente en las comisiones de discusión del plenario, que se desarrolló en la sede de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, aparecía el “problema del acceso a la tierra” y la necesidad de una reforma agraria.
Los miembros del FNC entienden que se trata de un proceso gradual.
 
Una medida fundamental en este proceso es la necesidad de transparencia en la posesión de la tierra: “Lo primero es saber quiénes son los dueños de la tierra en Argentina, desde cuándo lo son y cómo se convirtieron en propietarios”, concluyeron los miembros de una comisión.
 
Otra de las propuestas que se escuchó en las comisiones fue la de comenzar a realizar la comercialización a partir de cooperativas para evitar recurrir a intermediarios que deprimen los precios que reciben por sus productos, de conseguir un acceso directo a los mercados.
 
“Las entidades hablan en nombre de nosotros y no mencionan nuestra problemática, con el FNC apuntamos a convertirnos en la quinta entidad”, señaló Benigno López, dirigente del Mocafor.
En diálogo con este diario, los dirigentes campesinos calificaron el proceder de la entidad que preside Eduardo Buzzi como traicionero e incoherente.
 “Sociedad Rural siempre representó los intereses de la oligarquía terrateniente y no se dio vuelta ahora”, sostuvo un dirigente del Mocaju.
 
Además de reprocharle a FAA compartir la lucha con Miguens, Llambías y Gioino, los miembros del Mocase hicieron referencia al desalojo fraudulento de tierras por parte de miembros de FAA.
 “Los hermanos Peiretti, que pertenecen a esa entidad, nos desalojaron cuatro veces; en tres oportunidades volvimos, ahora hace cuatro años que estamos fuera del campo”, explicó a Página/12 Walter Quiñones, ex propietario de 483 hectáreas en la localidad de Los Juríes en Santiago del Estero.
“Debíamos 20 mil dólares que, con la complicidad de funcionarios y diputados, se convirtieron en 200 mil; eso se descubrió en el archivo de la provincia y ahora el campo se utiliza para la producción sojera”, comentó Quiñones.
 
Por otro lado, los integrantes del FNC ven la creación de una Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, que ya fue anunciada por el Gobierno, como un avance para la creación de una política agraria integrada para el sector.
“No nos llegan los recursos de los programas, necesitamos asesoramiento e información sobre la implementación y canalización de las diferentes medidas y programas”, señaló Pablo Orellana, dirigente del Mocase.
Los impulsores del Frente consideran fundamental formar parte de la toma de decisiones en los proyectos de la futura subsecretaría para garantizar que los fondos lleguen a sus representados.
Además existe diálogo con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Ministerio de Desarrollo Social.
 
“Nosotros somos los verdaderos pequeños productores, la Federación Agraria no nos representa, no dependemos de Buzzi ni de técnicos, no tenemos que permitir que nos impongan los cultivos, hay que hacerle frente a la soja”, afirmó Orellana.
 
 Los pequeños productores agrupados en el FNC rechazan la producción sojera que “funde la tierra y no nos deja alimentar nuestros animales, con la soja no podemos comer, no podemos sobrevivir”, indicó el dirigente del Mocase.
 
Según datos de este movimiento, en Santiago del Estero el 80 por ciento de la superficie cultivable está ocupada por los sembradíos de soja, mientras que hace 10 años ocupaban tan sólo el 10 por ciento.
 
Con respecto al acto que convocan las entidades agrarias para mañana en Rosario, los dirigentes del FNC expresaron su profundo rechazo y lo consideraron un “espacio de reconstrucción de poder que encontró la derecha argentina”.

 
Por Alfredo Zaiat Alfredo Zaiat, economista y periodista
 
El extenso y agotador conflicto con un sector del campo permitió instalar con más fuerza el tema de la distribución del ingreso.
Como en todo debate, la apropiación de la palabra, concepto y sustancia resulta fundamental para precisar sobre qué se está discutiendo y para evitar confusiones.
 
El sistema de retenciones móviles a la soja, maíz, girasol y trigo constituye una importante intervención del Estado para influir en cómo se reparte la riqueza de una economía, cuestión que pasó a ocupar un espacio importante en la agenda pública, lo que constituye una oportunidad indiscutible para profundizar en las tareas pendientes.
 
La forma de limitar esa necesaria injerencia estatal es restarle a las retenciones la cualidad de ser un instrumento de distribución del ingreso, limitándolas a una medida fiscal por la supuesta urgencia de aumentar la recaudación del Tesoro Nacional.
 
Otro modo de desacreditarlas apunta a cuestionar el destino de esos fondos recaudados, al señalar que se utilizarían para pagar la deuda externa o que con ese dinero no se estarían realizando obras de infraestructura vial o construyendo escuelas.
 
Incluso se relativiza su evidente impacto en desacoplar los precios internos de alimentos de la evolución de las materias primas a nivel internacional.
 
Cuando la corriente conservadora, que es la dominante en el discurso masivo, conquista con ese lenguaje y despoja la esencia de un determinado objetivo de política económica (la distribución progresiva del ingreso), busca vaciarlo de contenido práctico y, en especial, ocultar el corazón de esa puja: la relación capital-trabajo.
 
El Estado es un imprescindible sujeto en la dinámica de esa tensión y, resulta obvio, que está permanentemente participando en el rumbo de la redistribución de ingresos.
 En los últimos años, esas intervenciones no han tenido la orientación de privilegiar sólo a una de las dos partes en disputa, sino que a veces se inclinaron por el capital y en otras por el trabajo.
Por eso mismo la gestión de la administración kirchnerista es contradictoria y morosa en búsqueda de profundizar una mejora en la distribución del ingreso, aunque ha tenido la virtud de haber puesto ese desafío en el centro de la escena política. Por lo tanto, también algunas de sus medidas son contradictorias (por caso, el proyecto del Tren Bala) y débiles (por ejemplo, la ausencia de una reforma tributaria que grave la renta financiera), pero eso no implica que deba descartarse una iniciativa que sí apunta a corregir en parte el inequitativo reparto de la riqueza, como son las retenciones móviles.
 
La persistente tarea de la ortodoxia de deslegitimarlas y de sectores del progresismo que todavía siguen considerando que fueron un error tiene como fin limitar la acción del Estado –con este gobierno o con cualquier otro– en la redistribución progresiva de ingresos.
 
En el Informe 2008 Derechos humanos en Argentina del Centro de Estudios Legales y Sociales se incluye el capítulo “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales”, elaborado por el economista Eduardo M. Basualdo.
En ese trabajo se realiza un interesante análisis sobre ese proceso, concentrándose en la relación capital-trabajo, que es la puja básica.
Se precisa que el aumento de la ocupación y del salario real promedio no fueron el resultado de la “mano invisible” del mercado, sino de la política oficial en pos de la reactivación económica, en general, y de la reindustrialización, en particular.
 
Se enumera en ese sentido el alza del salario mínimo, vital y móvil, la incorporación de las sumas fijas al salario básico, el impulso para que se retomaran las negociaciones colectivas de trabajo, la derogación de la denominada “Ley Banelco” a través de la ley 25.877 de 2004, que intenta reordenar el mercado laboral, el ajuste de las jubilaciones mínimas, entre otras iniciativas.
 
Sin embargo, Basualdo destaca que “cuando estas transformaciones en el mercado de trabajo se traducen en términos de la distribución del ingreso, se constata una situación sorprendente que no parece estar en consonancia con esas modificaciones”.
En ese documento se señala que la participación de los asalariados en el ingreso en el año 2007 fue de 28 por ciento, significativamente inferior a la vigente en 2001, que se ubicó en 31 por ciento.
 
El investigador del Conicet y de Flacso menciona que “no deja de ser paradójico que cuando el salario real es equivalente al que regía antes de la crisis de 2002 y la ocupación un 16 por ciento superior, la participación de los trabajadores en el ingreso sea un 11 por ciento más reducida que la vigente en 2001”.
Explica que esa aparente contradicción se encuentra en que el PBI, no solamente creció en forma continuada a tasas sumamente elevadas (entre el 8 y el 9 por ciento anual) entre 2002 y el 2007, sino que aumentó claramente por encima de la combinación de salario real y ocupación (masa salarial).
 
Como signo de la complejidad de la época y del cuidado que hay que tener para no caer en lugares comunes impuesto por el perezoso sentido común, Basualdo apunta que “en otras palabras, debido a la recuperación que registró el salario real y la ocupación durante los últimos años, las condiciones de vida de la clase trabajadora para el año 2007 son mejores que durante la crisis e incluso que antes de ella (2001), pero su participación en el valor agregado (en la distribución del ingreso) es menor porque el PBI creció más que la masa salarial.
Visto del otro lado, se puede decir entonces que el capital está en mejores condiciones que antes debido a que se apropió a través de sus ganancias de una porción mayor del valor agregado generado anualmente, registrándose una participación creciente del mismo en el ingreso”.
Esto lo logró mediante un incremento sustancial de la productividad, que implica una mayor explotación del factor trabajo.
 
En la relación capital-trabajo es donde se juega el principal núcleo de la distribución del ingreso de la economía.
El tema tributario y, más importante, la asignación del gasto, que resulta un instrumento distributivo aún más potente, como por ejemplo los subsidios a las tarifas de transporte, de luz y de gas, son cuestiones clave en ese tema y donde el Estado queda en el centro de la escena.
Pero la puja capital-trabajo es la principal para evaluar cómo se reparte la generación de riquezas de una economía. En esa instancia es cuando se expone la dinámica del proceso para la construcción de una sociedad equitativa con inclusión social.
 
En esa partida, el Estado tiene un rol fundamental para inclinar la balanza para una u otra parte, como árbitro de esa disputa.
Por eso, cuando se busca deslegitimar su capacidad de intervención con medidas redistributivas, como son las retenciones, en los hechos lo que se intenta es preservar los privilegios del capital.
 
Se trata de un mensaje contundente de que no tiene que entrometerse en un escenario de distribución del excedente donde el capital está cómodo.
 
La presente discusión salarial muestra esa tendencia, donde el sector empresario pretende que de ahora en más los ingresos de los trabajadores acompañen los incrementos de productividad, cuando recién se recuperaron de la pérdida ocasionada por la crisis de 2001.
 
 En este período de transición de un modelo basado en la valorización financiera a un patrón de acumulación alternativo procuran así que la actual pauta distributiva quede congelada, consolidando el actual esquema inequitativo en el reparto de los ingresos.
 
Del mismo modo que lo están haciendo los protagonistas visibles de la trama multinacional sojera con su resistencia piquetera contra las retenciones móviles.
 
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