En un informe que hasta ahora no se conocía, el radical Mario Cimadevilla acusó al gobierno de Mauricio Macri de intentar convertir la Unidad Especial de Investigación AMIA, que él comandaba, en una “unidad especial de encubrimiento”. El documento estaba dirigido al propio Presidente y le señalaba su falta de voluntad e interés por el esclarecimiento del atentado en sí y aludía a los pedidos que había recibido para que la querella del Estado impulsara la absolución de los dos fiscales acusados en el juicio oral por el encubrimiento del ataque terrorista, Eamon Mullen y José Barbaccia, que ahora está en la recta final y podría terminar en marzo. La unidad en cuestión fue disuelta en medio de un escándalo, cuando fueron revocados los poderes de los abogados del Ministerio de Justicia que querían pedir penas para todos los implicados en el juicio sobre las irregularidades en la investigación original. “Le dije a Macri que le agradecía por relevarme de cumplir un compromiso que él no estaba dispuesto a asumir”, sintetizó Cimadevilla en diálogo con PáginaI12 el espíritu del escrito, que además deja entrever un interés geopolítico –bajo el mandato de Estados Unidos e Israel– en perpetuar “un manto de dudas” sobre la responsabilidad de los iraníes en el ataque, sin terminar “avanzar a fondo” .

La existencia del documento presentado por Cimadevilla, con un balance de su actividad y su diagnóstico de la situación, fue revelado por el diario  Jornada, de Chubut, tierra del ex titular de la Unidad AMIA, antes senador. Este diario accedió al informe completo, que está escrito en términos críticos hacia el Gobierno del que formaba parte. Fue presentado hace casi un año, cuando el Poder Ejecutivo resolvió disolver la repartición especializada, que entre sus tareas tenía la de aportar a la causa madre sobre el atentado, que sigue impune, sin avances, y ejercer la querella estatal en el juicio que está en marcha por el encubrimiento del atentado a través de maniobras en la investigación original, con acusados como Carlos Saúl Menem, Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, los fiscales Mullen y Barbaccia, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y Carlos Telleldín. Se los acusa básicamente de haber armado una historia falsa para explicar el atentado. De hecho, le pagaron con fondos de la ex SIDE a Telleldín para que acusara a un grupo de policías.

El primer conflicto en torno a este juicio tan relevante quedó a la vista cuando en marzo de 2017 renunció a representar la querella estatal la abogada de la Unidad AMIA Mariana Stilman –designada por sugerencia de Elisa Carrió– después de que le indicaran que debía tener una actitud poco activa en el proceso. Casi un año después, en la Casa Rosada le reprochaban por lo bajo a Cimadevilla que no había hecho lo suficiente para promover el juicio en ausencia (que ahora el establishment de la colectividad judía rechaza) y cuando se acercaba la hora de los alegatos, fueron revocados los mandatos de los abogados que sucedieron a Stilman y que iban a acusar a todos los imputados. En su reemplazo quedó José Console, que integra el tribunal de disciplina de Boca Juniors, con el mandato de no acusar a los ex fiscales Mullen y Barbaccia. Según el texto de Cimadevilla, la unidad iba camino a convertirse en una “unidad de encubrimiento”. “Frente a crímenes de esta magnitud no hay derecho al secreto, ni al misterio, ni a la preservación de amigos”, dice uno de los tramos del escrito dirigido a Macri.

Otro párrafo agrega: “La investigación del atentado a la AMIA ha quedado amarrada a previas determinaciones de hipótesis de verdad sentadas por flojas decisiones anteriores, que no acusa ingenuidad epistemológica, sino simple inercia, hipocresía, cobardía o directamente complicidad institucional”. Luego habla de un “entramado de delitos, negocios y negociados, relaciones malsanas y clandestinas, intereses económicos, estratégicos y diplomáticos” que rodearon al atentado y que, desliza, fueron una constante. Esto lo estaba diciendo, y lo vuelve a decir, la persona que estaba encargada de la Unidad AMIA dentro del ministerio, lo que aumenta su gravedad.

“El documento presentado a Macri habla de un nuevo encubrimiento, porque estábamos en ese momento en medio del juicio sobre el encubrimiento. Se suponía que como querellantes debíamos trabajar para saber la verdad y acusar a quienes tenían responsabilidades. Cuando me vinieron a indicar que pida la absolución de los fiscales, yo les dije que no iba a encubrir a nadie. También me manifestaban preocupación por Palacios, pero en su caso la absolución la pidió el Ministerio Público”, relató Cimadevilla a este diario.

–¿Quién le pidió que desligara a los fiscales?

–El ministro Germán Garavano, como ya denuncié. De hecho cuando se enteró que íbamos a acusar a todos, ahí lo traen a Console con intermediación de operadores, fue a la audiencia y pidió la absolución de Mullen y Barbaccia.

Otra parte del escrito dice que eran tantos los obstáculos para avanzar en la investigación del atentado en sí mismo que “fue más difícil acceder a información en poder de los sistemas de inteligencia y seguridad argentinos” que de otros países y “el acceso a expedientes judiciales resultó conflictivo”. Relata que armó dos equipos para procesar “la masa documental” (uno focalizado en la reconstrucción del atentado otro en el encubrimiento). Pero “todo el volumen informativo analizado quedó pendiente de la provisión de una herramienta tecnológica que permitiese su entrecruzamiento”. Además, añade, “el Gobierno no autorizó la contratación de especialistas ni expertos en algunos de los temas puntuales de análisis y procesamiento”.

“Entendíamos –enfatiza Cimadevilla ante este diario– que seguir acumulando papeles sin estrategia de exploración de antecedentes no servía para nada; pedíamos incorporar tecnología. En mayo de 2016 en una reunión en la Corte de La Haya a la que asistió un abogado de la Unidad le explicaron cómo se habían investigado atentados como los de la AMIA en otros lugares y que existen solo dos consultoras con la tecnología necesaria para el entrecruzamiento de datos. Buscamos, sin ningún resultado, reforzar con esa metodología. Además de impulsar el juicio en ausencia para distintos delitos trasnacionales. No conseguimos nada. Del juicio por la voladura de la AMIA no les interesaba nada; el único interés era que no se acusara en la causa de encubrimiento”.

En una de las aristas del asesoramiento internacional que describe el documento, se señalan expertos en terrorismo y Medio Oriente que hicieron un estudio de la causa y una propuesta de “reingeniería de la investigación”. Uno de los puntos que surgían ponía un signo de interrogación sobre el papel de Irán y Hezbollah.

Sobre el final, se encadenan afirmaciones que abarcan la actuación del aparato judicial y del propio Gobierno: “La actuación del Estado argentino en la investigación está lejos de ser eficaz y efectiva. Todo lo contrario (…) los cientos de vidas destruidas en AMIA no han logrado conmover la indiferencia del Estado, que lejos de investigar y castigar se ha regodeado en una evidente convivencia delictual, hasta extremos promiscuos (…) el análisis de las maniobras de encubrimiento, que adquirieron una dimensión desmesurada, sostiene la hipótesis que se obstruyó la investigación sobre el mecanismo del atentado para proteger y mantener oculto un profuso sustrato de corrupción y sus múltiples relaciones locales”. Y sobre esto último, se desprende del texto, el gobierno de Macri estaría edificando un nuevo encubrimiento.

Las dudas de Cimadevilla sobre la investigación y sus hipótesis

“La pista iraní es débil”

El ex titular de la Unidad AMIA revela que expertos de servicios de inteligencia extranjeros estuvieron en el país en 2016 y dijeron que la causa debía redireccionarse. Sugiere que hay detrás una trama de tráfico de armas.
Importa mas que se mantenga la acusación a Irán que la verdad

En su feroz texto de 50 páginas, el ex titular de la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, revela que en 2016 vinieron expertos de servicios de inteligencia extranjeros y cuestionaron la pista iraní, la participación de Hezbollah, la existencia del suicida en el atentado contra la AMIA y la utilización de un auto que reconocen estuvo frente a Pasteur 633, pero que tal vez no se incrustó sino que cargaba explosivos que se direccionaron hacia la sede comunitaria. La reunión de expertos en Buenos Aires concluyó que la investigación se debía re-direccionar. En diálogo con el diario La Jornada, de Chubut, donde vive Cimadevilla, el ex funcionario dijo: “la pista iraní es débil. Importa más que se mantenga la sospecha sobre Irán que la verdad”. La contracara es que Cimadevilla sugiere que en épocas del atentado contra la AMIA había una trama de tráfico de armas y negocios ilícitos que pudo haber estado detrás del ataque. Esa hipótesis, en verdad, lo lleva tácitamente más a personas de origen sirio que iraní. El ejemplo clásico es el traficante sirio Monzer Al Kassar, que operaba en tiempos del gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, tampoco es que Cimadevilla aporta elementos sólidos que respalden lo que dice, por lo que suma un eslabón más en el desastre de la causa AMIA, tal como denuncian los familiares de las víctimas.

Cimadevilla estuvo dos años y dos meses al frente de la investigación del atentado, por lo cual estuvo al mando de lo que se recolectó de información judicial, policial y de inteligencia. En el documento enviado a Mauricio Macri saca conclusiones asombrosas:

  • “La investigación del atentado quedó amarrada a previas determinaciones de hipótesis de verdad”. En otros términos, Cimadevilla sostiene que se armó la acusación por intereses geopolíticos. Eso está desarrollado luego en una especie de gráfico en el que exhibe los condicionamientos de la investigación y señala a los servicios de inteligencia argentinos, “la subordinación a los extranjeros y la subordinación a la geopolítica”.
  • “A la fecha del atentado, Hezbollah registraba pocas operaciones externas a su zona de conflicto”. O sea que cuestiona, junto a expertos de otros servicios, la pista Hezbollah.
  • “La utilización de un vehículo nunca fue sustancialmente evidenciado ni investigado.” Esta conclusión llama la atención porque los fiscales que sucedieron a Alberto Nisman hicieron un estudio con un microscopio de partículas de los restos encontrados en los cuerpos de las víctimas y se determinó que correspondían a restos de una camioneta Trafic. Cimadevilla afirma que ese estudio no fue bien hecho porque debió estudiarse no sólo si correspondía a una camioneta sino también qué explosivo se utilizó. La hipótesis tácita es que la Trafic no se incrustó sino que allí posicionaron una especie artefacto dirigido.
  • “La geolocalización de una llamada de Mohsen Rabbani, en las cercanías de la AMIA el día del atentado, es el único vínculo que se encontró entre Rabbani y la camioneta. No fueron exploradas las demás llamadas.” Es decir que Cimadevilla pone en duda la pista Rabbani, el agregado cultural de la Embajada de Irán y principal sospechoso según Galeano y Nisman.
  • “Respecto del soporte logístico y financiero, hubo importantes movimientos de dinero coordinados en la zona de la Triple Frontera. Esto podría indicar que la red apoyaba intereses iraníes, pero llevando a cabo otras tareas y que no estuvieran relacionados con el atentado.”

En síntesis, Cimadevilla pone en duda la totalidad de la investigación realizada, primero por el juez Juan José Galeano y luego por el fiscal Alberto Nisman, y adjudica las conclusiones a posturas predeterminadas por la geopolítica. Parte de que la idea de que hubo un gigantesco encubrimiento, que incluye al gobierno de Cambiemos, y que la razón de ese encubrimiento es la trama de negocios de armas y otros ilícitos que hubo –según él– detrás del atentado.

En diálogo con el diario de Trelew, Cimadevilla afirmó: “yo entiendo que la pista iraní es débil, pero hay que investigarla. Pero así y todo, tanto Estados Unidos como Israel prefieren que persista el manto de dudas sobre los iraníes. Prefieren eso en lugar de que se avance a fondo para conocer si realmente tuvieron algo que ver. Y el gobierno nacional, en esto, se coloca bajo la mirada que tiene Estados Unidos”. La frase es dramática y pinta con precisión lo que pasó con la causa AMIA y también en el expediente sobre la muerte de Nisman: se pretende tener a los iraníes como sospechosos, no saber la verdad. Esto le dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Liberman, al fallecido canciller Héctor Timerman: “está bien así, ¿para qué saber más?”.

Una conclusión expuesta en el texto dirigido a Macri es que se deben analizar en conjunto el atentado contra la Embajada de Israel, el atentado contra la AMIA y la explosión en Río Tercero. De allí surge la conjetura de que detrás de los ataques hubo una trama de tráfico de armas y negocios ilícitos. Pero además, al hacer la vinculación reduce las chances de la pista iraní.

“La adjudicación a organizaciones palestinas o iraníes del atentado contra la Embajada de Israel –dice el texto de Cimadevilla– concentró la vigilancia, legal e ilegal, sobre la comunidad musulmana e iraní. En especial en la Triple Frontera. La observación la hicieron los servicios de inteligencia argentinos, brasileños, israelíes y norteamericanos. Asumir que se pudo haber repetido el modelo de atentado es exagerar la ineficiencia de esos servicios de inteligencia.”

La hipótesis que desliza Cimadevilla es que detrás del atentado hubo un esquema relacionado con el tráfico de armas. No niega la posibilidad de que estuvieran involucradas empresas iraníes, pero pone el acento en que “un grupo con vinculaciones familiares y orígenes regionales en Siria adquirió manifiesta influencia y participación en la Presidencia de la Nación, la Cancillería, aduanas, servicios logísticos”. Es una referencia a Menem, sus hermanos, Emir Yoma, Alfredo Yabrán, Monzer Al Kassar, Ibrahim al Ibrahim, todos vinculados a la administración del riojano. Cimadevilla –de origen radical– sostiene que detrás de esa trama hubo un enorme movimiento de dinero. “Organizaciones ilícitas forman parte de la trama económica argentina hasta hoy y eso explica el continuo encubrimiento”, es el concepto final de Cimadevilla.

“No ha existido una masiva conspiración para producir un atentado sino que éste fue generado en un masivo marco de negocios”, es la frase lapidaria del ex funcionario para describir su investigación.

Desde el punto de vista del expediente, Cimadevilla no aporta ninguna evidencia sólida. Parece más bien una elucubración. Pero es significativo que el hombre a cargo de la investigación del caso AMIA describa que todo está supeditado a intereses geopolíticos y que las pruebas son muy escasas. En eso coincide con el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que más de una vez dijo que las pruebas son informes de servicios de inteligencia que no tienen suficiente entidad probatoria.