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Las cifras del sistema de prisiones de Estados Unidos

Estados Unidos es el país con mayor número de presos del mundo y con mayor proporción de su población encarcelada. A pesar de que la Administración Obama dejará de enviar a los presos a cárceles gestionadas por empresas privadas, como anunció este jueves, la medida tendrá un impacto muy limitado en un sistema cuya población, así como la cantidad de dinero público que destina el gobierno estadounidense, se disparó en las últimas décadas.
698 presos por cada 100.000 ciudadanos
Esa es la proporción que hace que Estados Unidos, con 2,2 millones de personas encarceladas, lidere el índice de países con un mayor porcentaje de sus ciudadanos cumpliendo una pena de prisión.EEUUPoblacEncarceladaPorCada100000Hab

 

C. F. PEREDA / The Sentencing Project
Destino: cárcel privada
La guerra contra las drogas que declaró Estados Unidos en los años 80 supuso un cambio drástico en la manera en que se persiguen desde entonces los delitos y las penas que aplica la justicia a los condenados. Esas políticas también contribuyeron a que tanto el gobierno federal como las autoridades estatales confiasen cada vez más en contratos con cárceles privadas donde alojar a una población en constante crecimiento. Según la organización The Sentencing Project, las empresas de prisiones, cuyo negocio mueve 2.900 millones de dólares al año, aumentaron aún más su influencia gracias a los centros de detención de inmigrantes indocumentados.

 

C. F. PEREDA / Bureau of Justice Statistics
Esta tendencia hizo que el número de personas que cumplen su condena en una cárcel privada contratada por el gobierno federal, aumentó un 945% entre 1999 y 2014 -de 3.828 personas a 40.017. A cambio, el número total de presos, que creció un 10% en el mismo período, pasó de 1.366.721 personas a 1.508.600.
El endurecimiento de las sentencias
Como parte de la estrategia de lucha contra las drogas, Estados Unidos aprobó diferentes leyes que aumentaban el tiempo de condena para delitos relacionados con el consumo y tráfico de estupefacientes, y otras que exigían una pena mínima de varios años. Sin embargo, uno de los factores que más ha contribuido al aumento de presos, esas normativas también incrementaron las condenas por reincidencia, por lo que se disparó el número de presos que permanecerán encarcelados el resto de sus vidas. En 2012, según los datos de Justicia analizados por The Sentencing Project, esa cifra ascendía a casi 160.000 personas, comparado con menos de 35.000 en 1984.

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C. F. PEREDA / The Sentencing Project
Más condenas por drogas
El siguiente gráfico, con datos del Departamento de Justicia, refleja cómo se ha disparado el número de personas condenadas por delitos relacionados con las drogas desde 1980, la década en que se adoptaron las políticas de “tolerancia cero” contra estas infracciones.

C. F. PEREDA / The Sentencing Project
Más inversión en prisiones
Entre 1980 y 2010, el número de estadounidenses que cumplía condena en una prisión estatal se disparó un 222%. El incremento se debe, según el National Research Council, a condenas más duras. En la actualidad, uno de cada diez presos cumple cadena perpetua y un tercio no tiene derecho a libertad condicional. Esto también ha influido en el presupuesto que invierten en el sistema de prisiones tanto el gobierno federal como los Estados. Desde 1985, ese gasto ha ascendido de 6.700 millones de dólares a más de 55.000.

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C. F. PEREDA / National Association of State Budget Officers, The Sentencing Project
Y menos seguridad
El Departamento de Justicia argumenta que una de las razones que le han llevado a prescindir de las cárceles gestionadas por empresas privadas es su falta de seguridad. La Oficina del Inspector General encargada de documentar el informe revelado este jueves asegura que las cárceles privadas cuentan con índices un 28% superiores de agresiones tanto entre presos como contra los trabajadores, en comparación con las gestionadas por el gobierno. Además, como muestra la gráfica inferior, las prisiones federales vieron un descenso importante en el número de agresiones desde 2012, cuando hubo un pico en ambos sectores, mientras que en las privadas apenas ha descendido tres puntos.

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C. F. PEREDA / Departamento de Justicia

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