El Decreto de Nacionalización del petróleo y el gas natural de Bolivia, dictado este Primero de Mayo por un gobernante indígena, tiene la trascendencia de un acto profundamente arraigado en la lucha de los pueblos originarios que durante las últimas dos décadas han desarrollado la sabiduría de reivindicar su derecho legítimo a la potestad plena sobre su tierra y su territorio, junto a su obligación de preservar la cadena ecológica —que hace posible la pervivencia cultural de los indígenas en el tiempo y el espacio— y de proteger los recursos naturales.

La lucidísima posición de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) por ejemplo en la defensa de los bosques del Pantanal boliviano, donde una organización mafiosa llamada EBX chantajea y soborna en su afán de apropiarse de recursos ferríferos en la zona del Mutún con el plan de deforestar 200.000 hectáreas de aquella reserva ecológica, contrasta con la cínica y corrupta argumentación del fabricante cementero Samuel Doria Medina quien, cual negociante inescrupuloso, afirma que mientras EBX no comience a deforestar el Pantanal para meter carbón vegetal (y cemento) en su ilegal planta fundidora, no se le puede acusar de depredadora. Doria Medina pide esperar que el asesino mate para recién tomar recaudos ante su anunciada intención criminal. La diferencia moral entre ambas posiciones es clara: Los indígenas chiquitanos, al pedir la expulsión de EBX, ejercen potestad sobre su territorio protegiendo con vitalidad sus recursos naturales; mientras que Doria Medina, al apoyar las acciones desestabilizadoras de EBX, busca morder alguna ganancia en ese negocio ilegal contribuyendo a la depredación, al separatismo y al saqueo.

Son esas mismas lógicas las que se enfrentan en torno a los recursos petrolíferos y gasíferos. La Nacionalización dictada el lunes por el presidente Evo Morales responde al razonamiento sabio del movimiento indígena que garantiza sostenibilidad en un tiempo largo. Y ahí radica la diferencia con los procesos nacionalizadotes de 1936 con Toro y de 1969 con Ovando. La Nacionalización del 2006, siguiendo la lógica indígena, deberá ser sustentable por encima de la creación de una nueva gerentocracia prebendal en YPFB y fundarse en la defensa territorial como parte del derecho ancestral de nuestros pueblos originarios.

Ya en el 2003, sin olvidar la gran revuelta amara que protagonizó la histórica “Guerra del Gas” en El Alto, surgieron los primeros síntomas de esta corriente nacionalizadora indigenal, cuando las etnias originarias del Parque Nacional Amboró impidieron el ingreso de equipos y maquinarias de la trasnacional Andina S.A. en los bloques petroleros Sara, Amboró y Espejos. Repsol y Maxus también tuvieron que suspender operaciones en los bloques Tuichi y Caipipendi, ante la acción directa del Pueblo Guaraní que puso freno a las actividades depredadoras de ambas compañías petroleras.

El Decreto de Nacionalización del Primero de Mayo otorga facultades a las Fuerzas Armadas de Bolivia para ejercer custodia sobre las refinerías y campos gasíferos del país. Esta acción patriótica sólo podrá tener el poder de la legitimidad si, junto a los militares bolivianos, asumen su rol protector de nuestra riqueza petrolera los pueblos indígenas afectados por el saqueo transnacional.