CEMENTERAS POR REPARTO DE MERCADO Y ACORDAR PRECIOS (si esta no es la Oligarquía, la Oligarquía donde está)
LA
MÁS ALTA MULTA APLICADA: DE 310 MILLONES DE PESOS A LAS
CEMENTERAS POR REPARTO DE MERCADO Y ACORDAR PRECIOS
(si esta no es la Oligarquía, la
Oligarquía donde está)
Por Marcelo
Zlotogwiazda
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El
Gobierno condenó a Loma Negra y al resto de las compañías cementeras que operan
en el país a pagar una multa por un total de casi 310 millones de pesos por
considerarlas responsables de prácticas competitivas que “aumentaron los precios
y se repartieron el mercado en perjuicio de los consumidores”. Según señaló el
ministro de Economía, Roberto Lavagna, se trata de “la multa más importante que
se aplicó” desde que existe la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
En efecto, la sanción triplica en pesos e incluso supera en dólares a la que en
su momento le impusieron a YPF por prácticas oligopólicas en el negocio de las
garrafas.
La multa más alta por 167,2 millones de pesos le correspondió a Loma Negra junto
a su controlada Cementos San Martín, empresas que Amalia Lacroze de Fortabat
acaba de vender en más de 1000 millones de dólares al holding brasileño Camargo
Correa, en una operación que todavía está sujeta a aprobación gubernamental. A
Juan Minetti, del grupo suizo Holderbank, le impusieron un cargo de 100,1
millones; a Cementos Avellaneda, del grupo español Molins, 34,6 millones; y a
Petroquímica Comodoro Rivadavia, 7,3 millones. También fue condenada a pagar
algo más de medio millón de pesos la Asociación de Fabricantes de Cementos
Portland (AFCP), la cámara empresaria que cumplía un rol importante en las
maniobras condenadas.
La causa que derivó en la histórica sanción que se remonta al año 1999, cuando
el entonces secretario de Industria del menemismo, Alieto Guadagni, ordenó una
investigación de oficio a raíz de una denuncia publicada en la revista
Veintidós. Dicha nota se basaba en el testimonio y en profusa documentación
aportada por Luis Jorge Capurro, un ex gerente de Loma Negra que, arrepentido de
lo que hizo, reveló en detalle cómo funcionó durante largos años lo que se
conocía como “Club de Cemento” o “Mesa de Acuerdos”: un sistema cartelizado de
reparto de mercado y fijación concertada de precios violatorio de la Ley de
Defensa de la Competencia.
Luego de un primer impulso, durante el gobierno de la Alianza el expediente
avanzó poco y nada, pero recobró dinámica hace un par de años. El 30 de abril
pasado este diario adelantó que el oligopolio cementero “está próximo a ser
severamente sancionado”.
Tal como se informó ayer en conferencia de prensa encabezada por Lavagna, las
conductas sancionadas fueron dos:
- “Concertación de cuotas y participaciones a escala nacional en el mercado de
cemento portland, organizado y monitoreado a través de la AFCP, a través de la
cual se acordaban precios y demás condiciones comerciales en diferentes zonas
del país”;
- “Concertación para intercambiar información competitivamente sensible referida
al mercado, instrumentada a través de la AFCP. La información intercambiada
presentaba un altísimo grado de detalle permitiendo determinar el volumen de
despacho de cada empresa, mensual y hasta semanalmente, y discriminado por
localidad.”
La investigación realizada por la CNDC demostró cómo desde la creación del Club
o Mesa de Acuerdos en 1981 hasta 1999 se mantuvieron casi inalterados los
porcentajes de participación de cada grupo en el mercado, liderado por Loma
Negra con algo menos de la mitad. La documentación que Capurro fue guardando en
un meticuloso trabajo de hormiga (actas de las reuniones, correos electrónicos,
planillas, etc.), también revelaba el reparto entre las empresas de la provisión
de cemento en las licitaciones públicas, previa coordinación de precios
superiores a los que hubieran surgido de la libre competencia.
Además de la documentación recopilada por el arrepentido, en la investigación de
la CNDC resultó clave un allanamiento realizado apenas iniciado el expediente a
la cámara empresaria, donde se secuestró material probatorio de la existencia de
un sistema de intercambio de información que servía para la concertación de
precios artificialmente altos y el reparto de mercado.
La documentación de Capurro también fue acreditada a través de averiguaciones en
los hoteles donde con frecuencia se realizaban las reuniones de la Mesa o el
Club.
De acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, la CNCD actúa como justicia
de primera instancia, y sus decisiones son apeladas ante Cámara en la Justicia
Federal. La CNCD también tiene competencia para aprobar o denegar las
operaciones de compra o fusión de empresas como la que está en trámite respecto
de Loma Negra. Si bien en el Gobierno no cayó bien la venta por parte de Amalita
a los brasileños, funcionarios de Economía dijeron ayer que la operación está
recién comenzando a evaluarse y que en nada influye la sanción anunciada ayer en
la decisión que vaya a adoptarse .
Si bien la multa por más de 100 millones de dólares no tiene precedente y fue
definida en base al “beneficio ilícito obtenido”, según otros cálculos las
ganancias extraordinarias que las empresas obtuvieron a lo largo de los
dieciocho años analizados habrían sido mucho mayores. Por ejemplo, el economista
del grupo Fénix Jorge Gaggero estimó para el caso de Loma Negra que si no
hubiera aprovechado de prácticas abusivas su valor de venta debería haber sido
la mitad de los más de 1000 millones de dólares que están dispuestos a pagar los
brasileños.
A todo esto, la vida del arrepentido Luis Jorge Capurro es todo un misterio.
Luego de la publicación original hace seis años, el informante sufrió varias
amenazas de muerte por teléfono, y en una ocasión trataron de embestirlo con un
auto al cruzar la calle en el domicilio donde vivía en Palermo. El último
contacto con este periodista fue por vía de una carta que Capurro envió con
fecha 15 de marzo de 2000, dando cuenta de las peripecias que había soportado y
manifestando su escepticismo por el avance de la investigación. Desde entonces
su paradero es desconocido (se sabe que vivió un tiempo en el interior del país
y otro período en el extranjero), y todos los intentos de la Comisión para
encontrarlo y contar con su testimonio resultaron en vano. Cuando se entere de
la histórica decisión de ayer, seguramente Capurro se sentirá satisfecho
“Actuamos conforme a la ley”
Sólo dos de las empresas cementeras sancionadas ayer por
el Ministerio de Economía respondieron frente a la imputación de concertación de
cuotas y participaciones en el mercado y acuerdos de precios y demás condiciones
comerciales. Juan Javier Negri, vicepresidente de Minetti SA, informó mediante
un comunicado a la Bolsa de Comercio que “la empresa considera inexistentes los
supuestos acuerdos”, mientras que Loma Negra, a través de su director de
Relaciones Institucionales, Enrique Morad, señaló que “la empresa entiende que
ha actuado en todo momento conforme con lo que establecen las leyes”.
El comunicado de Minetti agrega que “una vez notificada” de la sanción aplicada
por la Comisión Nacional de la Competencia y de sus argumentos, “sus abogados lo
analizarán y seguirán el procedimiento legal correspondiente”. Es decir, que se
descarta que la empresa apelará la medida, que abarca su accionar desde 1981
hasta 1999.
A su vez, Loma Negra admitió que “ha tomado conocimiento de que se habría
establecido una multa, por cuestiones relativas a la defensa de la competencia,
a las compañías productoras de cemento (...). Es necesario esperar la
comunicación formal de la misma para poder hacer cualquier comentario”,
manifestó a través de un comunicado de prensa.
En cambio, no hubo pronunciamiento de parte de la Asociación de Fabricantes de
Cemento Portland, a la que se le adjudicó un importante grado de responsabilidad
por haber sido “el lugar y el instrumento desde donde se hicieron estos
acuerdos, con un sistema informático altamente tecnificado que percibía
cualquier desvío que se produjera en las cuotas”, según señaló el ministro de
Economía, Roberto Lavagna, en la conferencia de prensa.
En el sector de la construcción, los representantes empresarios prefirieron no
hacer comentarios hasta conocer “en detalle” la sanción. De todos modos, no
ocultaron su sorpresa por el hecho de que “la cartelización en el mercado del
cemento se haya descubierto un poco tarde”, apuntando irónicamente a una
situación que dan por altamente conocida por todos.
“No es un problema únicamente local, en todo el mundo hay problemas con la
cartelización del cemento”, señaló otro empresario de la construcción al ser
consultado sobre la sanción. “Es un mercado difícil, que por sus condiciones
particulares siempre está en pocas manos, y cuando hay monopolio es
prácticamente inevitable que se den estas situaciones”, apuntan los mayores
compradores de cemento Portland.
“Son prácticas intolerables”
“Las fuertes sanciones a las cementeras son una señal
clara de que el Gobierno no va a tolerar prácticas oligopólicas con los
precios”, afirmó envalentonado el secretario de Coordinación Técnica, Leonel
Madcur, de quien depende la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que
bajo la dirección del abogado Ismael Malis le dio el impulso fundamental y
definitivo a la investigación sobre el cartel cementero. Malis se hizo cargo de
la CNDC hace tres años, después de colaborar como asesor legal de Roberto
Lavagna en los primeros tres meses de su gestión durante la presidencia de
Eduardo Duhalde. En una entrevista conjunta ofrecida a este diario poco después
del anuncio oficial, ambos señalaron que la condena de ayer en nada influye
sobre la decisión de aprobar o rechazar la venta de Loma Negra a los brasileños
que deberá tomar la CNDC.
–¿En base a qué criterios se aplicaron las distintas multas?
Leonel Madcur: –La ley que se aplicó –ahora rige una diferente– establece que
las sanciones deben ser equivalentes al beneficio ilícito obtenido por los
delitos cometidos, a lo que se le puede sumar hasta un 20 por ciento.
–¿Cuánto pudieron comprobar de los testimonios y de la documentación que había
acumulado el arrepentido Capurro?
Ismael Malis: –Varias cosas. Por empezar, realizamos auditorías en algunos
hoteles y encontramos que las reuniones que él relataba efectivamente habían
tenido lugar. También comprobamos la existencia de un minucioso sistema de
intercambio de información a través de la cámara empresaria que tenía como
objetivo evidente el reparto de mercado y los acuerdos de precios. Además,
obtuvimos muchos indicios y presunciones. Fue fundamental el allanamiento que se
hizo en 1999 a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. En un momento
hicimos el intento de cruzar los llamados entre las empresas, y entre éstas y la
Asociación, pero nos encontramos con varios obstáculos y optamos por encarar por
otro lado.
–¿A Capurro nunca lo encontraron?
Malis: –Nunca se logró que compareciera.
–¿La investigación avanzó pareja desde 1999?
Malis: –No. Cuando me hizo cargo de la Comisión hace tres años estaba próxima a
la prescripción.
Madcur quiso resaltar que “esta es la multa más alta desde que funciona la
Comisión, y si bien no me enorgullezco de imponer multas altísimas, considero
que esto sirve como señal ejemplificadora para que los mercados funcionen mejor;
de manera más transparente. Además es bueno que la población vea que el Estado
cumple con su rol de control, y en esto me parece importante señalar el paraguas
de protección política que el Ministerio de Economía y el Gobierno le dieron a
esta investigación”.
Cabe recordar que la semana pasada la CNDC sancionó con una pena de 70 millones
de pesos a cuatro firmas proveedoras de tubos de oxígeno.
–¿La sanción a Loma Negra aumenta la chance de que la Comisión no apruebe la
venta a Camargo Correa?
Malis: –No. Son dos temas totalmente independientes. En un caso se investigan y
sancionan prácticas anticompetitivas, y en el otro se determina si una compra o
una fusión modifica el grado de concentración de mercado de modo de comprometer
la libre competencia.
–¿En qué instancia está el trámite sobre la venta de Loma Negra?
Malis: –Recién en el comienzo
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