El número no es muy preciso, pero las estimaciones más serias ubican el stock ganadero argentino entre 50 y 55 millones de animales. A la mayoría les espera la faena, otros están destinados a proveer leche y un tercer grupo selecto, exclusivo, de categoría, lo integran los grandes reproductores. Son los únicos que pueden exhibir pedigree. Tienen papeles donde consta su historia y herencia genética, los datos de su madre y de su padre y los premios obtenidos. Valen miles de pesos. Los dueños de esos animales son socios de la Sociedad Rural, única entidad que lleva los registros genealógicos. No hay organismo estatal ni ningún otro privado que haga esa tarea. El control de la alcurnia ganadera es exclusivo de una asociación que fue fundada en 1866 en la casa de José Martínez de Hoz, bisabuelo de José Alfredo, ministro de la dictadura y también ex presidente de la centenaria entidad.

La Sociedad Rural y Carbap, esta última integrada a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), protagonizaron hace diez días el insólito episodio de firma y retiro de firma de un acuerdo con el Gobierno para mantener congelado por un año el precio de la carne. Cinco días después, el presidente de SRA, Luciano Miguens, coincidió con el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, en sus críticas a las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Fue en un acto que compartieron en esa provincia. El argumento de los ruralistas para bajarse del convenio, fue que el Poder Ejecutivo había incumplido un supuesto compromiso para reducir en ese mismo momento, el impuesto a las ventas al exterior.

Antes de dar ese paso, Hugo Biolcatti, vicepresidente de la Sociedad Rural, y Mario Llambías, titular de CRA, habían hecho un trabajo escrupuloso para eliminar del texto del acuerdo cualquier expresión que tuviera olor, color o sabor a intervencionismo. Tacharon las palabras “garantizar” y “comprometer” e intentaron reemplazarlas por frases como “harán sus mayores esfuerzos” y “procurarán lograr”. Ambas entidades tienen una posición dogmática en contra de las regulaciones estatales –salvo en los casos en que les benefician– y en favor de la libertad de mercado.

Es difícil entender de otro modo su resistencia a un gobierno que lleva adelante una política económica que les favorece como nunca. El dólar por arriba de tres pesos les garantiza rentabilidad, y mucho más con los actuales precios de la hacienda. El kilo del novillo en pie, por ejemplo, está en 80 centavos de dólar, contra valores históricos que oscilaron entre los 60 y 70 centavos, con picos muy buenos de 75. En 2001, antes de la devaluación y pesificación que revalorizó los campos y licuó las deudas de los ruralistas, el kilo del novillo estaba en 45 centavos, pero de un dólar que valía lo mismo que el peso. Es decir, que mientras antes se llevaban 45 centavos, actualmente obtienen 2,40 pesos. A pesar de ello, se resisten a firmar el acuerdo porque aspiran a que el precio siga subiendo.

Las ganancias le permitieron a Biolcatti, quien además de ganadero es un importante productor tambero, comprarse un avión. El dirigente comentaba días atrás a algunos de sus colegas su satisfacción por contar con ese aparato. “Gano horas de vida”, explicó. “En lugar de viajar siete horas en coche, con el avión llego rápido de un campo a otro”, se entusiasmó.

En su mayoría, los miembros de la Sociedad Rural viven en la Capital Federal o la zona norte del conurbano. En los grandes pisos de Avenida Libertador, en Palermo Chico o en La Horqueta. Son profesionales, graduados en el exterior y que atienden sus campos junto con otras inversiones. La estancia es un lugar casi de visita, de reuniones sociales, de veraneo. Sus campos van desde 1500 a 20.000 hectáreas, aunque para varios analistas es mejor no poner un techo a sus propiedades para no quedarse cortos. Así ocurre desde que sacaron la mayor tajada de la conquista del desierto, que auspiciaron y financiaron. La sede de la entidad se encuentra en la calle Florida. Tiene el estilo de un palacio europeo, con mármoles importados y un busto de Martínez de Hoz (el fundador) en la entrada.

La influencia política de la entidad ha sido determinante desde su misma creación. Estuvo asociada a las dictaduras, a los proyectos autoritarios y, más recientemente, al menemismo. Su dirigencia privilegió la coincidencia ideológica con el riojano, aunque el tipo de cambio retrasado fuera una espina dolorosa para sus negocios. Lo principal en aquellos años, como destacaba su presidente de entonces, Enrique Crotto, era la aplicación del neoliberalismo sin anestesia, el corrimiento del Estado y el libre comercio.

Más allá de sus simpatías, la Sociedad Rural intentó históricamente mostrarse cerca del poder, infiltrando a los gobiernos con funcionarios propios en el área de Agricultura. Una de sus armas favoritas de seducción era el Jockey Club, con el que siempre mantuvo una relación amistosa, y adonde llevaba a los dirigentes políticos permeables a sus encantos. Por allí pasaron muchos de los jerarcas de la dictadura.

El 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del gobierno de Jorge Rafael Videla, la Sociedad Rural publicó una solicitada en la que expresaba su “adhesión a tan fausto acontecimiento”. “Las Fuerzas Armadas –seguía– debieron por fuerza y en contra de sus propios deseos llenar un vacío de poder. La lucha contra la subversión ha sido llenada con alto valor y éxito creciente. Se han puesto en marcha las acciones que conducen a la Argentina a un destino de orden, progreso y felicidad”. Cada aniversario las solicitadas iban reduciendo el tono encomiástico, y en el quinto ya no dijeron nada.

CARBAP, la fuerza de choque

Cuando la Sociedad Rural se opone a alguna medida del Palacio de Hacienda, sus dirigentes intentan mostrarse mesurados y utilizar un tono académico. Los de Carbap, en cambio, se expresan de modo feroz. A la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa le toca jugar el papel de fuerza de choque de la Sociedad Rural. Pero la mayoría de sus socios son ganaderos medianos, tienen las mismas aspiraciones y horizontes que los terratenientes más poderosos. “Son el equivalente al costado conservador de la clase media de Belgrano y Caballito”, los describió un analista rural. “Y como tales, son los más gorilas, los que hacen planteos principistas y que detestan al gobierno de Kirchner por pura ideología”, agregó.

Analía Quiroga parece el retrato de esa descripción. Es la vicepresidenta de CARBAP y hace diez días dijo por radio, encolerizada, que “lo que no tiene el Presidente es materia gris”. Fue en respuesta a la acusación de “avaros” que Kirchner les había hecho el día anterior a las entidades agropecuarias que habían retirado su firma del acuerdo de precios. Quiroga salió en defensa de su entidad y mostró sus pergaminos. Resaltó, por ejemplo, su condición de ex pupila del colegio María Auxiliadora de Santa Rosa, La Pampa.

Los campos de los socios de CARBAP tienen entre 300 y 1500 hectáreas. La mayoría vive en los pueblos cercanos a sus tierras y está en contacto con el día a día de la producción. La entidad forma parte de CRA, que nació en 1932 a imagen y semejanza de la Sociedad Rural, sólo que sin los dobles apellidos, ni la aristocracia, ni la influencia política de esta última. Pero es más masiva, ya que agrupa a federaciones de estancieros de todo el país. Sus asociados son más de 100.000, contra los 8000 de la Sociedad Rural. Y en este último caso, el número creció cuando durante el primer peronismo la entidad hizo una gran campaña de afiliación para no parecer tan elitista. En esa época también procuró extender su representación a nivel nacional, aunque en la práctica es una asociación de ganaderos bonaerenses. CARBAP también apoyó las dictaduras, aunque supo distanciarse del menemismo a partir de 1995, cuando la eliminación de las retenciones ya no fue suficiente para disimular lo costoso que era para los sectores productivos vivir con el uno a uno. Jorge Aguado, quien fue secretario de Agricultura de Roberto Viola y gobernador bonaerense con Leopoldo Fortunato Galtieri, fue un dirigente importante de esta entidad durante muchos años. Incluso fue su presidente entre 1976 y 1978.

Otro de los dirigentes de peso es Arturo Navarro, quien también encabezó la entidad y luego pasó a la política de la mano de Ricardo López Murphy. Actualmente es asesor del bloque de PRO en la Cámara de Diputados. El también es un férreo opositor de las retenciones. El problema con este gravamen no es tanto que le reste una porción de las superganancias al campo sino que expresa un modelo de intervención pública que choca con su doctrina liberal.

El Gobierno consiguió que varios de los actores que expresan el poder económico firmaran los acuerdos de precios para controlar la inflación. Ya pasaron o pasarán a suscribir su respectivo convenio los supermercados, las grandes compañías alimentarias, las empresas de artículos de limpieza y las industrias de insumos básicos como Techint, Aluar, Siderar y las petroquímicas. Sin embargo, con la carne es toda una lucha. Una de las razones es que el sector presenta múltiples jugadores, con características muy particulares en cada caso

El primer eslabón de la cadena son los productores ganaderos. La Sociedad Rural y Confederaciones Rurales –de la que participa Carbap– se bajaron del convenio, mientras que Federación Agraria y Coninagro ratificaron sus firmas. Federación Agraria agrupa a los pequeños y medianos ruralistas. La entidad nació en 1912 en rebeldía por los manejos de los grandes estancieros y hasta el día de hoy conserva su perfil combativo frente al establishment del sector. Sus propiedades van desde 30 a 150 hectáreas. Coninagro, por su parte, comenzó en 1956 y es una unión de cooperativas. El 80 por ciento de la entidad lo representan dos entidades: SanCor y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Sus bases están cercanas a Federación Agraria, aunque sus dirigentes han mostrado posiciones oscilantes.

El segundo eslabón son los consignatarios, cuya tarea es la de intermediarios entre la producción y los frigoríficos o los matarifes. Los consignatarios colocan entre la industria la hacienda que envían desde el campo los ganaderos, trabajo por el que cobran un 6 por ciento del precio de venta. Por lo tanto, su objetivo es que la carne aumente. Las cámaras que los agrupan también retiraron su firma del convenio con el Gobierno. En este sector abundan los apellidos aristocráticos, como Alzaga Unsué, Lanusse, Bullrich y Sáenz Valiente. Si bien tienen poca exposición pública y están más dedicados a los negocios que a la política, forman un bloque con la Sociedad Rural y Carbap.

La mayor preocupación de este sector es evitar el traslado del Mercado de Liniers, denunciado hasta el cansancio por las entidades ambientalistas por contaminar el Riachuelo y la zona de Mataderos. En las últimas elecciones para jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, sus principales dirigentes apostaron fuerte a Mauricio Macri, por quien hicieron campaña.

Finalmente, están los frigoríficos. El más grande es el consorcio ABC, que nuclea a Swift, Cargill y Quickfood. Estas compañías también suelen confrontar con el Gobierno. En cambio, Cicra, que reúne a empresas que abastecen el mercado interno y el de exportación, está más abierto al Ejecutivo. Unica y Cadif oscilan en sus apoyos.