Bolivia: El mercado negro de riñones

 

Aunque es ilegal, cirujanos bolivianos venden y trasplantan órganos a sus pacientes, entre los cuales hay muchos argentinos. Las operaciones cuestan entre 30.000 y 40.000 dólares, y se hacen fraguando documentación oficial. El debate ético. Y el rol de los médicos argentinos.

 

Claudio Savoia.

csavoia@clarin.com

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Aprieta el calor en esta oficina. O serán los nervios. El doctor Herman Peinado Diniz está de guardia en la terapia intensiva del Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Pero esta charla requiere de un sigilo que él sólo cree garantizar en su despacho. Peinado es nefrólogo, hace trasplantes de riñón y entre sus pacientes hay muchos argentinos. 

—¿Y el donante, doctor? 

—El donante se consigue acá. Hay gente que se dedica a hacer este trabajo. Esta persona lo busca, y nosotros vemos que esté sano y estudiamos la compatibilidad con el paciente que necesita el trasplante.  

—¿Hay alguien que busca y selecciona personas para que donen uno de sus riñones? 

—Claro. A diferencia de la argentina, la ley boliviana no exige que para ser donante haya que ser familiar del paciente. Sólo dice que tiene que haber una donación por altruismo, en forma espontánea y sin esperar ninguna retribución económica ni de ningún tipo. Esto tiene que estar en un documento. Porque nuestra ley es bien clara: tiene cárcel el que compra, el que vende y el que hace comprar. 

—Claro, pero yo al órgano tengo que pagarlo... 

—Sí, por supuesto. 

—¿Y yo al que consigue el órgano lo voy a conocer? 

—No, no. 

—Yo arreglo todo con usted. 

—Usted arregla conmigo.  

El diálogo ocurrió el jueves 8 de junio y fue parte de una entrevista que duró 49 minutos, durante la cual Clarín logró comprobar el contenido de testimonios, papeles y cartas personales recogidos durante un mes entre cinco fuentes independientes entre sí. Para hacerlo, el periodista se identificó ante Peinado como el primo de un supuesto enfermo renal argentino interesado en hacerse un trasplante. Y dijo estar dispuesto a pagar los miles de dólares que cuesta la operación. 

Mientras era grabado, el médico contó en detalle los pasos de una maniobra ilegal que se alimenta con la angustia de los enfermos renales crónicos, que ven en el trasplante de riñón un camino para liberarse de los rigores del tratamiento con diálisis; la corrupción de algunos funcionarios bolivianos, que validan operaciones que son fruto de un comercio ilegal en todo el mundo; la ambición y el poco apego a la ética de médicos que cobran miles de dólares por trasplantar órganos que saben comprados. Y, por supuesto, la necesidad de cientos de miserables dispuestos a vender uno de sus riñones, quizá, para poder comer mañana. 

Sentado en su escritorio, el guardapolvo impecable, Peinado explica los detalles de su trabajo: después de que el paciente receptor le envía sus distintos análisis médicos y la persona que lo provee de donantes elige a varios de ellos según su grupo sanguíneo, el médico realiza pruebas inmunológicas, infecciosas y de compatibilidad histológica para verificar que ese riñón pueda funcionar en el cuerpo del receptor. 

—¿Y a quién le pago, doctor? —quiso saber Clarín. 

—Usted puede arreglar conmigo. El trasplante es un paquete. Y ahí va incluido el órgano. 

El mecanismo del "paquete" permite a los médicos que hacen estas operaciones ofrecer su trabajo disimulando un detalle: que el órgano que pasará por sus manos es fruto de una venta. En cambio, Peinado enumera los servicios que están "incluidos": salas regulares y de terapia intensiva para donante y receptor, dos quirófanos en uso simultáneo, medicina nuclear, banco de sangre, medicamentos. "Y por supuesto, también el órgano. La operación dura unas cuatro horas y media, y usted está afuera en siete días", tranquiliza Peinado. Y enseguida precisa que "la operación se hace en la clínica Foianini", la más lujosa de la ciudad y una de las mejores de Bolivia.  

La charla ya lleva casi 20 minutos, y llegó el momento de hablar de negocios: "¿Cuánto cuesta ese paquete?", se autopregunta Peinado. "30.000 dólares si es con un grupo de sangre común y corriente. Si el receptor tiene un grupo difícil (A o B negativo) aumenta 5.000 dólares. La operación es legal", se apura en aclarar. "No es legítima, pero es legal: hay un compromiso notarial, donde el receptor acepta el órgano y deslinda de cualquier problema al equipo médico y el donante dice que está de acuerdo en entregar un órgano sin esperar recompensas. Ese compromiso lo firmo yo como jefe del equipo. Después va al Sedes (Servicio Departamental de Salud, equivalente al Ministerio de Salud provincial en Argentina) y también lo firman. La gente que hace esto (conseguir a los donantes) también lo arregla (en el Sedes)". 

Peinado dice haber hecho 77 trasplantes, 13 de los cuales fueron a pacientes argentinos. "El primero lo hice ya hace seis años", recuerda. Sólo quedan algunos detalles por arreglar. ¿La forma de pago, doctor? "Por adelantado y en efectivo." ¿Y al donante cuándo le pagan? "En el momento en que está entrando a la operación. Cuando se interna, ahí le pagan". ¿Y cuánto recibe? "No tengo idea, porque yo no veo nada. Nadie va a decir el doctor Peinado sabe algo". 

Desde Buenos Aires, Clarín volvió a comunicarse anteayer con el médico, esta vez sí bajo la forma de una consulta periodística, para que pudiera hacer su descargo. Este fue el diálogo: 

—¿Usted hace trasplantes de riñón? 

—Los hice hace rato, ya no. 

—Tenía entendido que usted había trasplantado a varios argentinos y que ellos compraban los riñones allá a través suyo. 

—No, yo no he hecho esas cosas. Yo trasplanté a un solo argentino hace siete años, con un riñón de cadáver. 

—¿No hubo pagos al donante?  

—De ninguna manera. 

—¿Y con donante vivo no operó nunca? 

—No. Sé que hay otros centros que lo hacen, pero yo no. 

(...)  En Argentina, más de 22.000 personas están sometidas a tratamientos con diálisis a causa de insuficiencias renales crónicas terminales provocadas por distintas enfermedades. Entre ellas, 4.557 están en lista de espera para trasplantarse un riñón: con un total de 5.130 pacientes en lista de espera de un órgano, nueve de cada diez necesitan un trasplante renal.  

(...)  El lunes pasado, Clarín se comunicó con el titular del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Gil, en su teléfono celular. Con voz vacilante, el funcionario pidió que le enviaran las preguntas por correo electrónico. Estas eran algunas: ¿Cuántos trasplantes se hacen por mes? ¿Cuánto tarda el trámite para registrarlos? ¿Cuántos argentinos fueron trasplantados en Santa Cruz? ¿Qué medidas se toman para desalentar la falsedad de las declaraciones juradas? ¿Hubo investigaciones al respecto? ¿Hubo sanciones ante casos de venta? Después de cinco llamados fallidos, el miércoles Gil confirmó la recepción del cuestionario y prometió las respuestas para el jueves. Jamás llegaron. Y desde entonces en su teléfono contesta la misma voz de aeropuerto: "este número es incorrecto. Verifique e intente nuevamente".

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