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Bolivia: El mercado negro de riñones
Aunque es ilegal, cirujanos
bolivianos venden y trasplantan órganos a sus pacientes, entre
los cuales hay muchos argentinos. Las operaciones cuestan
entre 30.000 y 40.000 dólares, y se hacen fraguando
documentación oficial. El debate ético. Y el rol de los
médicos argentinos.
Claudio Savoia. csavoia@clarin.com Aprieta
el calor en esta oficina. O serán los nervios. El doctor
Herman Peinado Diniz está de guardia en la terapia intensiva
del Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Pero esta charla requiere de un sigilo que él sólo cree
garantizar en su despacho. Peinado es nefrólogo, hace
trasplantes de riñón y entre sus pacientes hay muchos
argentinos. —¿Y el donante, doctor? —El donante se consigue acá. Hay gente
que se dedica a hacer este trabajo. Esta persona lo busca, y
nosotros vemos que esté sano y estudiamos la compatibilidad
con el paciente que necesita el trasplante.
—¿Hay alguien que busca y selecciona
personas para que donen uno de sus riñones? —Claro. A diferencia de la argentina, la
ley boliviana no exige que para ser donante haya que ser
familiar del paciente. Sólo dice que tiene que haber una
donación por altruismo, en forma espontánea y sin esperar
ninguna retribución económica ni de ningún tipo. Esto tiene
que estar en un documento. Porque nuestra ley es bien clara:
tiene cárcel el que compra, el que vende y el que hace
comprar. —Claro, pero yo al órgano tengo que
pagarlo... —Sí, por supuesto. —¿Y yo al que consigue el órgano lo voy a
conocer? —No, no. —Yo arreglo todo con usted. —Usted arregla conmigo.
El diálogo ocurrió el jueves 8 de junio y
fue parte de una entrevista que duró 49 minutos, durante la
cual Clarín logró comprobar el contenido de testimonios,
papeles y cartas personales recogidos durante un mes entre
cinco fuentes independientes entre sí. Para hacerlo, el
periodista se identificó ante Peinado como el primo de un
supuesto enfermo renal argentino interesado en hacerse un
trasplante. Y dijo estar dispuesto a pagar los miles de
dólares que cuesta la operación. Mientras era grabado, el médico contó en
detalle los pasos de una maniobra ilegal que se alimenta con
la angustia de los enfermos renales crónicos, que ven en el
trasplante de riñón un camino para liberarse de los rigores
del tratamiento con diálisis; la corrupción de algunos
funcionarios bolivianos, que validan operaciones que son fruto
de un comercio ilegal en todo el mundo; la ambición y el poco
apego a la ética de médicos que cobran miles de dólares por
trasplantar órganos que saben comprados. Y, por supuesto, la
necesidad de cientos de miserables dispuestos a vender uno de
sus riñones, quizá, para poder comer mañana. Sentado en su escritorio, el guardapolvo
impecable, Peinado explica los detalles de su trabajo: después
de que el paciente receptor le envía sus distintos análisis
médicos y la persona que lo provee de donantes elige a varios
de ellos según su grupo sanguíneo, el médico realiza pruebas
inmunológicas, infecciosas y de compatibilidad histológica
para verificar que ese riñón pueda funcionar en el cuerpo del
receptor. —¿Y a quién le pago, doctor? —quiso saber
Clarín. —Usted puede arreglar conmigo. El
trasplante es un paquete. Y ahí va incluido el órgano. El mecanismo del "paquete" permite a los
médicos que hacen estas operaciones ofrecer su trabajo
disimulando un detalle: que el órgano que pasará por sus manos
es fruto de una venta. En cambio, Peinado enumera los
servicios que están "incluidos": salas regulares y de terapia
intensiva para donante y receptor, dos quirófanos en uso
simultáneo, medicina nuclear, banco de sangre, medicamentos.
"Y por supuesto, también el órgano. La operación dura unas
cuatro horas y media, y usted está afuera en siete días",
tranquiliza Peinado. Y enseguida precisa que "la operación se
hace en la clínica Foianini", la más lujosa de la ciudad y una
de las mejores de Bolivia.
La charla ya lleva casi 20 minutos, y
llegó el momento de hablar de negocios: "¿Cuánto cuesta ese
paquete?", se autopregunta Peinado. "30.000 dólares si es con
un grupo de sangre común y corriente. Si el receptor tiene un
grupo difícil (A o B negativo) aumenta 5.000 dólares. La
operación es legal", se apura en aclarar. "No es legítima,
pero es legal: hay un compromiso notarial, donde el receptor
acepta el órgano y deslinda de cualquier problema al equipo
médico y el donante dice que está de acuerdo en entregar un
órgano sin esperar recompensas. Ese compromiso lo firmo yo
como jefe del equipo. Después va al Sedes (Servicio
Departamental de Salud, equivalente al Ministerio de Salud
provincial en Argentina) y también lo firman. La gente que
hace esto (conseguir a los donantes) también lo arregla (en el
Sedes)". Peinado dice haber hecho 77 trasplantes,
13 de los cuales fueron a pacientes argentinos. "El primero lo
hice ya hace seis años", recuerda. Sólo quedan algunos
detalles por arreglar. ¿La forma de pago, doctor? "Por
adelantado y en efectivo." ¿Y al donante cuándo le pagan? "En
el momento en que está entrando a la operación. Cuando se
interna, ahí le pagan". ¿Y cuánto recibe? "No tengo idea,
porque yo no veo nada. Nadie va a decir el doctor Peinado sabe
algo". Desde Buenos Aires, Clarín volvió a
comunicarse anteayer con el médico, esta vez sí bajo la forma
de una consulta periodística, para que pudiera hacer su
descargo. Este fue el diálogo: —¿Usted hace trasplantes de riñón? —Los hice hace rato, ya no. —Tenía entendido que usted había
trasplantado a varios argentinos y que ellos compraban los
riñones allá a través suyo. —No, yo no he hecho esas cosas. Yo
trasplanté a un solo argentino hace siete años, con un riñón
de cadáver. —¿No hubo pagos al donante?
—De ninguna manera. —¿Y con donante vivo no operó nunca? —No. Sé que hay otros centros que lo
hacen, pero yo no. (...) En Argentina, más de 22.000
personas están sometidas a tratamientos con diálisis a causa
de insuficiencias renales crónicas terminales provocadas por
distintas enfermedades. Entre ellas, 4.557 están en lista de
espera para trasplantarse un riñón: con un total de 5.130
pacientes en lista de espera de un órgano, nueve de cada diez
necesitan un trasplante renal.
(...) El lunes pasado, Clarín se comunicó con el titular del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Gil, en su teléfono celular. Con voz vacilante, el funcionario pidió que le enviaran las preguntas por correo electrónico. Estas eran algunas: ¿Cuántos trasplantes se hacen por mes? ¿Cuánto tarda el trámite para registrarlos? ¿Cuántos argentinos fueron trasplantados en Santa Cruz? ¿Qué medidas se toman para desalentar la falsedad de las declaraciones juradas? ¿Hubo investigaciones al respecto? ¿Hubo sanciones ante casos de venta? Después de cinco llamados fallidos, el miércoles Gil confirmó la recepción del cuestionario y prometió las respuestas para el jueves. Jamás llegaron. Y desde entonces en su teléfono contesta la misma voz de aeropuerto: "este número es incorrecto. Verifique e intente nuevamente". |