Cómo se financia la Iglesia Católica en Argentina

Extracto de Horacio Verbitsky                                             Regresar a Prensa Alternativa Diario Mar de Ajó (el diarito) Prensa Popular

Esta investigación extraordinaria se difundió en el momento en que la Comisión Permanente del Episcopado católico concluía una de sus reuniones anuales, de la que hizo trascender que analizó un plan de financiamiento propuesto por el presidente del Consejo de Asuntos Económicos del Episcopado, el obispo de Mendoza, José María Arancibia. Su antecesor, Carmelo Giaquinta, no encontró eco entre sus pares cuando propuso que la Iglesia renunciara al aporte de la Secretaría de Culto, que no llega a 20 millones de pesos al año. Esto indica que el grueso de los fondos con se mantiene la Iglesia provienen del sistema educativo que administra, lo cual dio lugar a situaciones de tensión durante los gobiernos justicialistas de Juan D. Perón y Héctor J. Cámpora, que se interesaron por conocer cómo se utilizaba ese dinero. Además hay que computar los aportes extraordinarios que en la década anterior canalizaba a través de ATN el ex ministro del Interior Carlos Corach y que ahora corren por cuenta del ministro de Planificación, Julio De Vido, con desembolsos para la reparación de templos.

En 1947 Juan Perón promulgó la enseñanza obligatoria de la religión católica en los colegios del Estado y subsidió con fondos públicos los salarios de los docentes de escuelas religiosas. Pero pocos años después el presidente denunció que en los colegios estatales “el mayor número de las cátedras fueron adjudicadas a curas” que ocultaban su condición sacerdotal y en los colegios católicos en pocos años el porcentaje de sacerdotes en el cuerpo docente pasó del 20 al 80 por ciento. Según Perón, firmaban pero no cobraban y los recursos que transfería el Estado para pagar el 75 por ciento de los sueldos de los maestros se desviaban hacia el financiamiento de la Iglesia. “Con firmas falsas y aun simuladas, se defraudó al Estado ingentes sumas”, dijo. Después del Concilio Vaticano II la Iglesia Católica Argentina se propuso obtener fuentes distintas de ingresos que los aranceles por bautismos, comuniones, matrimonios y funerales, para evitar toda apariencia de lucro en la administración de esos sacramentos. Se crearon consejos de administración con sacerdotes y laicos y se instituyó un Fondo Común al que aportarían sacerdotes e instituciones, entre ellas los colegios católicos, que pasaron a ser importante fuente de ingresos para la Iglesia, que al mismo tiempo redobló la presión sobre el Estado para el incremento de subsidios. Durante los gobiernos justicialistas de Cámpora-Lastiri-Isabel y Juan Perón, el ministerio de Educación detectó una fuga de recursos, que no se usaban para pagar salarios de los docentes sino diversas actividades del Episcopado. El recorte redujo las transferencias en un 20 por ciento del total y el Episcopado lo consintió porque la información oficial era irrefutable.

 

Mil ochocientos millones

 

En el presente sólo es posible hacer una estimación, porque no hay ninguna dependencia oficial que sistematice los datos entre educación pública y privada, laica o confesional. Esta indiscriminación es un logro importante de la jerarquía eclesiástica, plasmado en la Ley Federal de Educación del menemismo, que recaratuló el tema como educación pública de gestión privada. La aproximación más confiable indica que el sistema privado consume el 13,5 por ciento de todos los recursos estatales para educación, que en 2006 ascendieron a 24.500 millones de pesos, y la confesional más de la mitad de ese monto, el 7,5 por ciento del total, es decir 1.837 millones de pesos.

Los subsidios a la educación privada provienen del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que maneja el Ministerio de Educación de la Nación, y de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El FONID transfiere los fondos a los ministerios provinciales que a su vez los entregan a los docentes de los colegios subsidiados. El responsable del FONID, Juan Pablo Bensadón, dijo ante una consulta para esta nota que era muy difícil desagregar los recursos entre colegios públicos y privados, porque el FONID se destina a cada docente y no a cada colegio. Tampoco tiene información para desagregarlo entre privados laicos y confesionales. “Si pertenece a un colegio estatal o a un privado subsidiado para nosotros es lo mismo, le corresponde, no discriminamos y le tenemos que pagar”. Tampoco la Dirección de Asistencia Técnica para la enseñanza Pública de Gestión Privada pudo mostrar montos desagregados. Tomando como ejemplo el año 2006, en todo el país había 9.452 establecimientos de educación privada en todos los niveles, desde preescolar hasta superior no universitario y de todos los tipos de educación. Sólo un tercio de ellos no recibían subvenciones. Los confesionales eran 3.892, o sea, el 41,2 por ciento del total. De los 6.226 establecimientos de educación privada subvencionados, 3.448 eran confesionales (el 55,4 por ciento) y el 75 por ciento de ellos tenían subvención del 100 por ciento. Ese año, el gasto educativo provincial y de la Ciudad de Buenos Aires para educación pública y privada alcanzó a 24.500 millones de pesos. Un 13,5 por ciento, o 3.300 millones. se destinaron a los colegios privados. Si se aplica el porcentaje de colegios confesionales sobre ese subtotal, 7,5 por ciento de esa suma fue para instituciones religiosas. Casi todas ellas son católicas, apostólicas, romanas. De allí surgen los 1.837 millones de pesos mencionados. Ese dato corresponde a 2006 y todo sugiere que se ha incrementado desde entonces, por el aumento en el número de establecimientos confesionales, el incremento en el porcentaje de colegios subsidiados y el taxi inflacionario.

Entre 2001 y 2007 los establecimientos educativos privados pasaron de 9.020 a 10.276 y los confesionales de 3.797 a 3.904, pero en proporción los confesionales descendieron del 42,1 al 38,8 por ciento del total de privados. En ese mismo período creció en forma significativa el porcentaje de colegios privados bajo subvención (del 50,6 al 68 por ciento) aunque el porcentaje de confesionales subsidiados cayó del 60,8 al 49,5 por ciento. El porcentaje destinado a institutos confesionales descendió del 8,3 al 7,5 del total. Pero el porcentaje de establecimientos confesionales subsidiados pasó de 73,1 en 2001 a 88,6 por ciento en 2007, y el de establecimientos confesionales cuyo subsidio es el 100 por ciento pasó del 70,1 al 74,8 por ciento. Qué porción de ello se aplica a la tarea educativa y cuál paga otros gastos eclesiásticos es algo que ninguna autoridad eclesiástica revela, como si fuera un secreto de confesión.

Informe: Mercedes González, con datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional; INDEC y Dirección General de Coordinación Fiscal con las Provincias de la Secretaría de Hacienda.

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